El impacto médico y económico de las armas de fuego en Estados Unidos

A pesar de su estatus de país industrial avanzado, Estados Unidos posee ciertas características poco habituales. Por ejemplo, a pesar de poseer el sistema sanitario más caro del mundo, sus ciudadanos ni están más sanos ni disfrutan de una mayor longevidad en relación con otros países. Además, aunque Estados Unidos se considera uno de los países más seguros del mundo, las cifras de muertes por arma de fuego son asombrosamente altas. En el año 2000 se registraron unos 11.000 homicidios y más de 16.000 suicidios en los que se emplearon armas de fuego. La Unión Europea, cuya población supera en un 25% a la de Estados Unidos, registraba ese mismo año menos de 1.300 homicidios por arma de fuego. En Japón, en ese año tan sólo se producían 22. (Los datos son anteriores al 1 de mayo de 2004, última ampliación de la Unión Europea en la que se anexionaron 10 países).

 

El profesor de Seguros y Ciencia Actuarial de Wharton, Jean Lemaire, sostiene que estos datos deberían analizarse en conjunto. En un reciente artículo titulado “The Cost of Firearm Deaths in the United States: Reduced Life Expectancies and Increased Insurance Costs,” (El coste de las muertes por arma de fuego en Estados Unidos: Menor esperanza de vida y mayor coste de los seguros), que se publicará en la revista Journal of Risk and Insurance en su edición de septiembre de 2005, Lemaire estudia el impacto económico y médico de las armas de fuego sobre la sociedad americana. Los resultados son realmente reveladores.

 

Los investigadores que estudian la violencia con armas de fuego en Estados Unidos suelen abordar el tema desde diferentes perspectivas, incluyendo la más obvia: los costes médicos. No obstante, son los otros costes los “más difíciles de cuantificar”, escribe Lemaire. “Entre otros están el coste de los recursos públicos asignados al cumplimiento de la ley, las inversiones privadas de las familias en protección, las pérdidas en productividad de las víctimas y los cambios en la calidad de vida, los límites en la libertad de vivir o trabajar en determinados lugares, las restricciones en las decisiones de localización de comercios y viviendas, las limitaciones en los horarios de apertura de las tiendas, los costes emocionales de tener que adaptarse a mayores riesgos, y el coste del dolor y el miedo”.

 

Menor esperanza de vida

El punto crítico de la dilatada polémica existente en Estados Unidos sobre la regulación de armas de fuego descansa sobre la Segunda Enmienda de la Constitución, que dice: “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se deberá coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Los partidarios del control de las armas interpretan que la enmienda permite regular la posesión de armas; los defensores del derecho a tener armas la interpretan como una ley sagrada, como el derecho inalienable de todo individuo a poseer armas.

 

A pesar de ser consciente del contexto político en el que se desenvuelve el debate sobre el control de las armas versus derecho a las armas, Lemaire subraya que su trabajo simplemente proporciona datos. Así, por ejemplo menciona un estudio del año 2000 que estima que en Estados Unidos el coste agregado de la violencia con armas se acerca a los 100.000 millones de dólares anuales, o lo que es lo mismo, unos 360 dólares por ciudadano estadounidense. Dada su experiencia en temas estadísticos, Lemaire ha centrado su investigación en la esperanza de vida y el coste de los seguros. Su trabajo está basado en “hechos. Se trata de un cálculo exacto diseñado para arrojar algo de luz al debate… Proporciono datos con los que nadie puede estar en desacuerdo”, señala reconociendo no obstante que la “gente desde luego podría no estar de acuerdo con lo que se hace después con esas cifras”.

 

Lemaire calcula cuanto tiempo de sus vidas pierden los estadounidenses como resultado de la violencia relacionada con las armas, y cuánto más pagan en concepto de seguros como resultado de dicha violencia. Lo llamativo en ambos casos es su desigual distribución entre la población. Según Lemaire, las muertes totales causadas por arma de fuego en 2000, bien sean homicidio o suicidio, redujeron la esperanza de vida promedio en 103,6 días. No obstante, si distinguimos por raza y género, se observan notables diferencias entre los grupos. El número de días que pierden los hombres es 5 o 6 veces superior al de las mujeres: 166,8 frente a 30,5 días. Los hombres afroamericanos pierden más del doble de días que los hombres blancos: 361,5 frente a 150,7 días. Lógicamente, las mayores diferencias combinan raza y género: los días perdidos por las mujeres blancas (31,1 días) suponen menos de una décima parte de los perdidos por los varones afroamericanos (361,5 días).

 

Lemaire estima que el coste anual de los seguros consecuencia de fallecimientos relacionados con armas de fuego suponen miles de millones de dólares. Así, según las estadísticas de un estudio de 2001 realizado por American Council for Life Insurance, a finales de 2000, en Estados Unidos, había en vigor 183 pólizas de seguro de vida parciales (148 de grupo y 35 individuales), así como 132 millones de pólizas de seguro de vida total (125 de grupo y 8 millones individuales), las cuales proporcionan unos ingresos totales anuales de algo menos de 130.000 millones de dólares. 

 

Habiendo calculado previamente los descuentos tanto de las pólizas parciales (9,87%) como de las totales (1,89%), si en la ecuación se eliminan las muertes por arma de fuego, Lemaire estima que el coste anual de los seguros consecuencia de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos alcanza los 4.900 millones de dólares. No obstante, en su opinión, “estos cálculos están sobreestimando los costes, ya que la mortalidad de las vidas aseguradas difiere considerablemente la mortalidad de la población”. Asimismo, Lemaire señala que, dado que los homicidios afectan especialmente a los jóvenes y las personas por debajo de los 25 años raramente contratan un seguro de vida, gracias a la demografía los datos estadísticos actuales ya han “descontado” los homicidios.

 

Incluso teniendo en cuenta dichos factores, al estimar el coste de los seguros posiblemente se siga obteniendo una cifra similar a los 2.000-2.300 millones de dólares estimados en concepto de costes médicos anuales totales por heridas relacionadas con las armas, o a los 2.400 millones de dólares estimados en concepto de costes para administrar la justicia penal consecuencia de muertes por arma de fuego, incluyendo los costes de encarcelación.

 

Para poner las cosas en un contexto epidemiológico, Lemaire menciona que “entre todas las dolencias mortales, tan sólo los accidentes de coche o moto tienen mayor impacto [que las muertes por arma de fuego]”. Además, las cifras muestran que “si se eliminasen todas las muertes por arma de fuego en Estados Unidos, la esperanza de vida de los varones aumentaría más que gracias a la erradicación total del cáncer de colon y próstata”.

 

El efecto sustitución

La idea general de que reduciendo las muertes por arma de fuego se incrementaría la esperanza de vida y reducirían los costes de los seguros se enfrenta a una importante objeción: las armas son simplemente un medio para lograr un objetivo y aquellos con intenciones violentas hacia ellos mismos o hacia los demás encontrarán siempre el modo de lograr su objetivo con lo que tengan disponible. A esto se le denomina efecto sustitución. “No creo que los estadounidenses sean necesariamente más violentos que los japoneses o los europeos”, sostiene Lemaire, y “la historia del siglo XX muestra mucha violencia en otros países. No creo que la violencia se encuentre en los genes de los americanos”.

 

Ciertamente, “la contribución de Japón a la violencia del siglo XX ha sido más que proporcional”, comenta Lemaire, “pero en los albores del siglo XXI Japón es uno de los países más seguros del mundo: Cero armas en Japón implica cero delitos. Merece la pena destacar que Japón también disfruta de bajísimos índices de robos, atracos, etc… un resultado que contradice los argumentos esgrimidos por los defensores de las armas, esto es, que gracias a poder tener armas en casa se reducen los robos a viviendas.

 

Lemaire menciona varios estudios que demuestran que, en el caso de los homicidios, el efecto sustitución prácticamente no existe. Uno de estos estudios, realizado en 1988, compara Seattle (Washington) y Vancouver (British Columbia), dos ciudades prácticamente idénticas en términos de clima, población, nivel de desempleo, ingresos medios y otras características demográficas. Pero como resultado de las leyes sobre armas de fuego de Canadá, más estrictas que las de Estados Unidos, sólo el 12% de los residentes de Vancouver poseen armas, porcentaje que en Seattle alcanza el 41%.

 

Según dicho estudio, “las dos ciudades experimentan básicamente los mismos índices de robo en viviendas, hurtos, homicidios y asaltos sin arma de fuego”, escribe Lemaire. “No obstante, en Seattle, el índice de asaltos con arma de fuego es siete veces superior al de Vancouver, y el índice de homicidios con arma de fuego es casi cinco veces superior. Los autores concluyen que la disponibilidad de armas de fuego en Seattle incremente los índices de robos y homicidios con arma de fuego, pero no reduce los índices de delitos cometidos sin arma de fuego, y que una ley restrictiva con las armas de fuego reduce el índice de homicidios de una comunidad”.

 

En el caso de los suicidios, señala Lemaire, parece haber más evidencia del efecto sustitución. “La menor disponibilidad de un método”, escribe, “puede incrementar el uso de otros. Las personas abatidas que estén pensando en el suicidio pueden intentar quitarse la vida por otros medios si no disponen de un arma de fuego. De hecho, en países como Japón y Hong Kong los índices de suicidio superan a los de Estados Unidos a pesar de su restringido acceso a las armas de fuego. En estos países menos del 1% de los suicidios se cometen con arma de fuego…”. Así, “introducir supuestos que a mi entender son apropiados para estimar el efecto sustitución apenas modifican la cifra de días perdidos (de 103,6 a 95,8) debido a las armas de fuego para el ciudadano medio estadounidense”.

 

Futuras líneas de investigación

Lemaire no tiene claro el uso que se vaya a hacer de su información. Japón, señala en el artículo, tiene aproximadamente 50 revólveres, la mayoría de ellos propiedad de atletas que participan en competiciones internacionales de tiro. Las mejores estimaciones muestran que hay más de 250 millones de armas de fuego en Estados Unidos. Es bastante improbable que se vayan a empezar a confiscar dichas armas, continúa.

 

No obstante, Lemaire cree que ahora las empresas de seguros podrán determinar mejor el precio de los riesgos asociados con las armas de fuego, y tal vez distribuir de forma más equitativa sus costes. “Hay evidencia, incluyendo casos de Penn School of Medicine, de que el mero hecho de tener un arma aumenta significativamente la posibilidad de morir, incluso cuando se controlan variables como el vecindario, la educación etc…”.

 

Lemaire también cree que aún deben realizarse más estudios sobre este tema, tanto desde el mundo académico como desde el sector de los seguros. Una línea de investigación bastante lógica sería estudiar cómo calcular el riesgo que asumen las empresas de seguros al fijar los precios de las pólizas de seguros de vida. La demografía y estilo de vida elegido son determinantes básicos a la hora de realizar dichos cálculos, pero teniendo en cuenta algunas experiencias personales recientes, Lemaire está algo confuso respecto a las preguntas que se hacen a aquellos que deciden contratar un seguro. “Acabo de solicitar un seguro de vida”, explica. “Yo practico submarinismo. La empresa aseguradora me hizo 25 preguntas sobre el tema. Se trata de un deporte en el que al año mueren 100 personas en todo el mundo. Nadie me preguntó si tenía un arma en mi casa, y eso que las armas de fuego matan 30.000 personas al año sólo en Estados Unidos. Resulta extraño que nadie se plantee hacer dicha pregunta”. 

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