La biotecnología divide a México en dos

Éste será el siglo de la célula y la biotecnología, como el pasado perteneció al átomo y la industria química. México cuenta con los recursos necesarios para generar y exportar tecnología biológica pero, si no toma las medidas adecuadas, corre el riesgo de perder los derechos de explotación de la gran riqueza de su biodiversidad. Para hacer frente a este reto, el mes pasado se promulgó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), un importante instrumento para lograr el tránsito de una nación fundamentalmente generadora de conocimiento hacia un país productor de tecnología y de material biológico. Pero la norma está inmersa en una intensa polémica. Sus defensores alegan que es la mejor vía para fomentar el espíritu empresarial privado en esta área y crear una industria de patentes capaz de competir en el ámbito internacional. Pero, sus detractores le acusan de favorecer a las multinacionales en detrimento de las poblaciones indígenas.

 

El impulso de la ciencia

México realiza importante investigación avanzada en biotecnología. El 50% de los investigadores del país están relacionados con este ramo de la ciencia, según el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y existen más de 140 entidades y 98 con alguna actividad relacionada con la biotecnología. Pero el desarrollo de este sector ha recaído, sobre todo, en el Gobierno, ya que la iniciativa privada continúa cosechando cotas de inversión paupérrimas. No obstante, el Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) y el Departamento de Biotecnología del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) son algunos ejemplos de los centros de investigación que realizan trabajos de primer nivel.

 

En los años 60 y 70 México era pionero en el desarrollo de biotecnología tradicional, es decir, enzimas, desarrollo de proteínas, etc. Sin embargo, la biotecnología -que después de la astronomía es la ciencia con más desarrollo en el país- derivó conocimiento en otras áreas. Por ejemplo, en la zona noroeste existe un excelente nivel de biotecnología marina, mientras la rama farmacéutica ha cosechado importantes logros en el centro y norte del país, como el reciente descubrimiento del DSPA en el Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM, un anticoagulante derivado de la saliva del murciélago, que ha sido patentado por el laboratorio alemán Schering tras firmar un convenio con el IBT por un 1,2 millones de euros a favor de la universidad.

 

“Observo un creciente interés por parte de las compañías nacionales en el desarrollo de esta tecnología, principalmente en el campo farmacéutico”, reconoce el Dr. Possani, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que, por ejemplo, destaca el caso de “Laboratorios Silanes, y su subsidiaria el Instituto Bioclon, que han logrado, en colaboración con la UNAM, poner en circulación un antiveneno para picaduras de escorpiones”.

 

La biotecnología ofrece nuevas y diversas oportunidades de negocio a las empresas. Por ejemplo, la biotecnología ambiental además de generar empresas exitosas en el tratamiento de aguas, ha permitido optimizar el procesamiento del petróleo y ha disminuido los efectos contaminantes del mismo. En el ecosistema se trabaja con microorganismos que son capaces de degradar una amplia gama de compuestos contaminantes como grasas, detergentes, plásticos o plaguicidas. En el caso del sector minero, la biotecnología ayuda mediante la utilización de bacterias a obtener metales como el cobre y el oro.

 

Sin embargo, la rama de biotecnología que ha registrado la mayor actividad y ha polarizado la discusión sobre el tema ha sido la agrícola. El sector agrícola representa el 5% del PIB mexicano y más del 20% de la población depende directamente de esta actividad, especialmente las clases más desprotegidas: los campesinos y los indígenas, que se consideran amenazados por la Ley de Bioseguridad, a la que acusan de favorecer a las grandes multinacionales.

 

La concentración de este tipo de tecnologías en un reducido número de corporaciones multinacionales ha llevado a la firma de varios tratados internacionales, que persiguen impedir que los intereses privados decidan sobre asuntos de interés público. El fruto de estos acuerdos ha sido el Protocolo de Cartagena, considerado como una segunda parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. México forma parte de ambos tratados internacionales y, en respuesta a los compromisos que ha asumido, el pasado 4 de mayo entró en vigor la Ley de Bioseguridad del país.

 

El Dr. Carlos Arias, miembro de la Red de Expertos sobre Biotecnología en México e investigador del SNI, recuerda que, “actualmente, se han dado algunos pasos para legislar al respecto de este campo en México, a través de la CONABIO (Comisión Nacional de la Biodiversidad), además de la integración de un panel de expertos en bioseguridad nacional”. No obstante, considera que “la Ley sobre bioseguridad ha generado controversia y discusión, entre otras cosas, por los impactos no previstos entre la población campesina, mayoritariamente indígena, encargada de cultivar una gran diversidad de granos básicos como el maíz, el fríjol, la calabaza, el chile, etc”.

 

A esta polémica se suman los derechos indígenas sobre la biodiversidad en sus territorios. De hecho, algunas voces consideran esta ley demasiado permisiva con las grandes multinacionales y le acusan de ignorar los derechos e intereses de las comunidades rurales del país. Por ejemplo, los agricultores se enfrentan al riesgo de tener que pagar regalías por el uso de semillas que han empleado durante generaciones si su cultivo nativo llegara a contaminarse con algún producto transgénico. Los granos transgénicos están patentados y la corporación propietaria de la patente puede demandar a aquellos campesinos que tengan ese grano en su siembra.

 

Polémica indígena

La reivindicación de las etnias sobre sus territorios adquiere otro aspecto si se considera que muchos de ellos se encuentran en zonas de alta biodiversidad (ya en el sur del país se han reubicado comunidades indígenas). Por ello, el problema del acceso a los recursos genéticos de estas regiones y la posibilidad de que los beneficios de su aprovechamiento lleguen a los habitantes representa un reto importante, tanto legal como político y técnico. Para el investigador Dr. Carlos Arias, el problema de las comunidades indígenas es “efectivamente una de las repercusiones actuales no previstas de esta ciencia”. Este asunto es especialmente relevante “en países como México, que siendo centros de origen y diversidad biológica apenas están integrando toda la información para adelantarse a posibles amenazas a su soberanía nacional”. Además, considera que “existen fuertes presiones económicas sobre técnicos y científicos encargados de resguardar la riqueza genética desarrollada por la interacción cultural milenaria entre el hombre y la naturaleza”.

 

El sector agropecuario juega un papel destacado en el desarrollo económico de México y la erradicación de la pobreza. México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en deforestación y la principal causa son las actividades agropecuarias, que además generan un agotamiento de los recursos hídricos, ya que la agricultura consume cerca del 80% del agua disponible, y más de la mitad el territorio son zonas áridas y semiáridas. Por estas razones, “el tratamiento de granos con mayor capacidad para combatir la falta de líquidos repercutiría positivamente en el ahorro de riego en el sector agrícola y en un mejor rendimiento de las cosechas”, comenta el Dr. José Sánchez Martínez, profesor-investigador en el área de Producción Agrícola de la Universidad de Guadalajara (UdG)

 

En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agronómicas de la UdG, el investigador Dr. Manuel Morales comenta que “la agricultura tradicional es de alta contaminación ambiental por el alto uso de pesticidas, funguicidas, herbicidas, etc…, por lo que el reto exige pensar en formas alternativas de hacer agricultura y la biotecnología parece ser el arma elegida”.

 

México es una de las diez potencias mundiales en la siembra de cultivos modificados genéticamente. Actualmente, sólo soya y algodón transgénicos se siembran comercialmente, pero se está investigando la posibilidad de hacer algo parecido con distintas especies de plantas transgénicas, en concreto cultivos de arroz, calabacita, canela, jitomate, maíz, melón, patata, papaya, piña, plátano, trigo y tabaco. A estos cultivos se les ha conferido tolerancia a diferentes tipos de herbicidas, resistencia a plagas y a diversas enfermedades virales, tolerancia a sequía o frío, tolerancia a aluminio, maduración retardada del fruto y producción de aceite modificado.

 

Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, según sus siglas en inglés), los cultivos biotecnológicos se incrementaron durante el año pasado un 20% en el mundo y representaron un área de 81 millones de hectáreas. El número de países mega biotecnológicos –aquellos que tienen más de 50.000 hectáreas de estos cultivos-, pasó en 2004 de 10 a 14, al sumarse naciones como México, Paraguay, España y Filipinas. En México se cultivaron 75.000 hectáreas de productos biotecnológicos, duplicándose el área sembrada de algodón transgénico.  En ese mismo año, por primera vez, los cultivos transgénicos en países en desarrollo superó las hectáreas sembradas en los industrializados. Además, el 90% de los agricultores de estos cultivos se encontraba en países en desarrollo. Por productos, el 60% de los cultivos corresponden a soja modificada para resistir mejor los herbicidas, donde los grandes productores son Argentina, China y Brasil.

 

La hora de las patentes

El debate sobre los posibles impactos de los productos de la biotecnología está polarizado. México importa 8 millones de toneladas de maíz al año sin segregación o etiquetado, de las cuales el 20-30% es transgénico. Desde algunos frentes se critica que sólo se están teniendo en cuenta beneficios económicos, sin valorar los posibles riesgos de contaminación de plantas nativas o criollas. El Dr. Loyola-Vargas considera que el maíz es un tema complejo por las múltiples facetas que se tienen que abordar simultáneamente. Un aspecto positivo es “la conservación de los maíces criollos para futuros programas de mejoramiento genético, y aquí la biotecnología tiene una gran cantidad de herramientas para hacerlo”. Sin embargo, reclama la necesidad de rescatar los “componentes culturales y étnicos del maíz”.

 

Sobre la aplicación biotecnología en este grano, el experto señala que “se utiliza no sólo con fines energéticos –obtención de etanol-, sino también para sustituir a la sacarosa de la caña de azúcar (este rubro es mucho más importante que el energético) y también en la producción de pegamentos”.

 

La Academia mexicana ha logrado una reputación en el ámbito internacional, sin embargo, los investigadores consideran que todavía queda mucho por hacer para vincular estos logros a la industria nacional. La falta de este eslabón ha propiciado la conocida fuga de cerebros y un déficit en tecnología. El Dr. Víctor M. Loyola-Vargas, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias e investigador del CICY, considera que “como los centros de investigación y universidades son tratados como entidades no tienen plazas y, por lo tanto, los egresados de los programas de postgrado no tienen trabajo. ¿Cómo podemos generar tecnología propia si no estamos generando nuevo conocimiento?”

 

En este aspecto el investigador Dr. Lourival D. Possani del Instituto de Biotecnología de la UNAM, considera que “hay muchos centros involucrados en la Biotecnología, pero no ha habido creación de nuevas plazas, o estas están limitadas a Universidades de Provincia o a Centros del CONACYT, que no siempre son los mejores lugares para producción de insumos que tengan valor agregado importante y que puedan desembocar en productos vendibles al público”.

 

Para el Dr. Loyola-Vargas “es fundamental que se lleven a cabo programas de difusión y divulgación de las bondades y peligros de estas tecnologías en la sociedad”. Y agrega, “los transgénicos llegaron para quedarse, no hay otra alternativa en muchos casos, sin embargo, deberán generarse productos que sean realmente una necesidad en el mercado, por ejemplo cambios en la calidad nutrimental de los granos”.

 

Por su parte, el Dr. Possani, miembro del SNI señala: “yo diría que el país es deficiente en Instituciones de Biotecnología que tengan impacto en la sociedad y parte del problema es que no hay un número importante de mexicanos que inviertan en el asunto”. Este último punto es de vital importancia, ya que se observa un déficit en la generación de estructura tecnológica, es decir, el desarrollo de la ciencia es muy bueno, pero el desarrollo de la tecnología basada en ese conocimiento es casi nulo.

 

Aquí es donde radica el verdadero reto de México: desarrollar de patentes, secreto y propiedad industrial. De este punto de vista, se aplaude la entrada en vigor de la Ley de Bioseguridad, que aclara el marco para las inversiones privadas y fomenta una cultura de propiedad intelectual. Además, el sector productivo se ha dado cuenta de que existe un sinfín de conocimiento sin patentar y ha iniciado una carrera de rápido ascenso. Además, México cuenta con la ventaja de una legislación menos restrictiva que en países industrializados, por lo que se cuenta con la posibilidad de obtener antes las patentes.

 

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