La política de subsidios reaviva el fantasma de las nacionalizaciones en Argentina

Más allá del revuelo político originado por la pérdida del control del parlamento argentino por parte del matrimonio Kirchner en las elecciones legislativas del pasado domingo, algunos indicadores, como el aumento del empleo informal, el descenso de la demanda laboral, el incremento de los subsidios del Estado, el número de empresas en crisis y en riesgo de ser privatizadas, comienzan a preocupar a los expertos.

Más de 77.000 trabajadores de empresas de distintas industrias reciben al mes 600 pesos (U$S 160) de su sueldo a través de subsidios del Estado Argentino, otorgados con el objetivo de evitar que esas personas sean despedidas y que más de 53.000 empresas afectadas lleguen a la quiebra.

En lo que va del año, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner destinó unos 180 millones de pesos (U$S 48 millones) dentro del Programa de Reconversión Productiva (REPRO), creado en 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde en medio de la crisis social y económica más profunda que sufrió Argentina, cuando con la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa, se confiscaron depósitos y se devaluó la economía.

Si bien la crisis actual no es tan grave como la de entonces, el empleo es uno de los indicadores que comienza a sufrir las consecuencias del deterioro de la economía local y mundial.

Mediante los subsidios otorgados por el REPRO, la administración de Fernández de Kirchner evitó una subida de medio punto en el desempleo, que según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) se ubica en el 8,4 %. Estas cifras oficiales no incluyen los planes sociales y, según los críticos de esta institución, son intervenidas por el Gobierno de la mano del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien cambió la metodología de medición. Esta falta de credibilidad en el INDEC se contrasta con los informes privados, que muestran otra realidad y calculan un desempleo de cerca del 10% para fin de año.

Para Enrique Déntice, investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), “en comparación con la tasa de 2002 (llegó al 24,1 % en el segundo semestre de ese año), no podemos decir que sea para alarmarse. El tema central es que los niveles de empleo demandados no están creciendo y eso sí es preocupante. La elasticidad empleo-producto se ha ralentizado muy cerca del 0,3 %. Un escenario medio plantea un desempleo de 9,3% para 2009 y 10,3% para 2010”.

Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), dirigido por el profesor Agustín Salvia, “en la Argentina el desempleo llega actualmente al 11,8%. Esto equivale a 1.928.000 desocupados urbanos, es decir 565.000 desempleados más de los que surgen de las estadísticas oficiales que elabora el INDEC”. Además, en el último informe sobre Empleo y Desarrollo Social elaborado por la Escuela de Economía de la UCA, supervisada por el profesor Patricio Millán, indica que “los signos de deterioro del desempleo aparecen entre el tercer y cuarto trimestre de 2008, ya que la cantidad de asalariados no registrados en los grandes aglomerados urbanos aumentó en 176.000 trabajadores. Por lo tanto, a fines de año, el empleo informal estará en un nivel cercano al 40% del empleo total”.

El Índice de Demanda Laboral que elabora la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, por ejemplo, calcula una contracción del 44,53 % del empleo en mayo, respecto a la misma fecha del año anterior.

Herramientas en la crisis

Pero el REPRO no es la única herramienta que utiliza el Estado para tratar de mantener el nivel de empleo. A esto hay que sumar el seguro de desempleo, la prestación que otorga el Gobierno a unos 150.000 desocupados, y que, según los expertos, debería actualizarse porque es de apenas 400 pesos al mes. “Considerando que el salario promedio formal de la economía es de aproximadamente 2.800 pesos (U$S 745), es evidente que se trata de una protección muy magra y prácticamente irrelevante”, señala el informe de la UCA. También se encuentra vigente el Plan Jefes, que transfiere cerca de 1 millón de prestaciones a beneficiarios que ingresaron durante la crisis de 2002.

Además se ha creado un fideicomiso por 12 meses con fondos de La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para rescatar la papelera argentina Massuh. Esta empresa estará ahora controlada por Moreno, el mismo que se ocupa de vigilar los indicadores del INDEC.

Por otro lado, el Gobierno argentino financiará parte de las operaciones de General Motors (GM) en el país a través de un préstamo de 70 millones de pesos (U$S 18 millones) a una tasa promedio del 11,75 %, que se destinará en un proyecto para la fabricación de rodados de pequeña cilindrada. De esa forma, la terminal mantendrá la misma nómina de empleados.

Lo mismo pasaría con otras empresas, como Mercedes-Benz y Peugeot-Citroën, que recibirían otros 200 millones de pesos (U$S 53 millones). En tanto, la administración de Fernández de Kirchner busca compradores para las autopartistas Paraná Metal y Mahle Rosario, con riesgo de caer también en bancarrota.

Lo cierto es que entre el REPRO, el seguro de desempleo, los Planes Jefes, la subvención de tarifas de transportes públicos, la exención de impuestos para algunas industrias, no hay un cálculo exacto ni transparente sobre cuáles son los fondos que destina el Gobierno a estas ayudas.

Los analistas ven aspectos positivos y negativos en los subsidios del Estado. Por un lado, Diana Mondino, directora de Relaciones Institucionales de la UCEMA (Universidad del CEMA) y profesora de Finanzas, sostiene que “en los subsidios que aplica el Gobierno hay una política de discrecionalidad y no de garantizar igualdad para todas las empresas. No está bien que se subsidie a algunos, mientras que a los más eficientes no se los ayuda. Sería más positivo reducir impuestos a todos por igual para evitar la discrecionalidad. Además estas medidas no fomentan la economía sino que mantienen el empleo actual. Modificar la carga impositiva es más fácil de implementar que los subsidios, que son operativamente más difíciles”.

Desde la óptica de Enrique Déntice, de la UNSAM, hay que ser más cautos en cuanto a los subsidios porque “es más rentable para el cuerpo social mantener en épocas de crisis esta política que la de permitir un ajuste en el precio relativo del salario, que induce -como se observó en los años ’30- a la profundización de la crisis. Veo también en este sentido un mensaje claro: esperar al segundo semestre de 2009 y ver los síntomas de recuperación”.

Los sectores más asistidos por los subsidios del Estado son la industria textil, las fábricas de productos metálicos, las industrias autopartista y automotriz, las curtiembres (procesamiento de pieles y cueros para distintos usos) y los frigoríficos.

Intervención del Estado

La política de subsidios actual hace aparecer el fantasma de la reestatización o nacionalización de empresas. Desde que están en el poder Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner volvieron al Estado Aguas Argentinas, Correo Argentino, los ferrocarriles, la concesión del espectro radioeléctrico que estaba en manos de Thales Spectrum, parte de Repsol YPF y de Aerolíneas Argentinas. También hay un antecedente cercano con la nacionalización de la siderúrgica Sidor por parte del presidente Hugo Chávez en Venezuela, una empresa que pertenecía a la compañía argentina Techint.

“Es muy preocupante que el Estado trate de intervenir y de nacionalizar empresas porque hasta ahora no ha demostrado ser eficiente en los casos que ya ha tomado lugar. Puede llegar a ser un perjuicio para la sociedad si, por ejemplo, el Estado trata de alcanzar muchos objetivos al mismo tiempo, como fomentar el consumo vendiendo productos a menores precios y deja de ser rentables como empresa, perjudicando a los accionistas, que son los propios jubilados”, detalla Mondino, de UCEMA.

Desde la UNSAM, “vemos las posibles estatizaciones más como un abandono del privado porque la rentabilidad no les resulta ya atractiva y deben concurrir a socorrer a sus casas matrices, más que a una política deliberada. No somos Venezuela y nuestro empresariado nacional es muy inteligente y hábil y en tiempos difíciles ha acompañado, es más maduro y sabe dialogar”.

Para evitar que las empresas lleguen a la quiebra o que el Gobierno deba intervenir en los directorios de las mismas, Mondino propone “concentrarse en ver cuáles son los sectores competitivos y buscar la transparencia en las ayudas del Estado. Otra herramienta para tratar de paliar la problemática del desempleo es el seguro de desempleo, que presenta falencias en la Argentina. Adicionalmente, habría que apuntar a la capacitación técnica, pero no existe información sobre cuáles son las necesidades de las empresas y de los distintos sectores como para apuntalar este aspecto”.

Déntice coincide en que el seguro de desempleo “es necesario reformularlo para tener una cobertura mayor, más íntegra; como la española (que es de las más elevadas y de duración más amplia de los países de su entorno), por ejemplo. Ése es un verdadero problema para nuestra economía”.

De acuerdo con el informe dirigido por el profesor Millán, de la UCA, “en definitiva, para contribuir a la generación masiva de empleo de calidad es ineludible impulsar reformas que mejoren el clima de negocios y reduzcan el peso de la carga burocrática y los costos asociados a los impuestos, la legislación laboral y la seguridad social. Es necesario además mejorar la gestión del Estado, especialmente en lo que se refiere a los programas sociales. Se trata de una agenda ambiciosa, que exige creatividad, capacidad de gestión y un amplio consenso político”.

La agenda económica

No sólo el empleo es uno de los problemas que debería estar en la agenda económica del Gobierno argentino. Para el investigador de la UNSAM también hay que poner un acento en el gasto público, “que tiene un nivel de casi 35% del PIB, en su estructura consolidada (Nación, provincias y municipios). Esto indica que la tasa de crecimiento del gasto es superior a la tasa de crecimiento de los ingresos. Además, no hay que olvidar la inflación. Todos estos temas se van a ajustar de acá a fin de año; como también la relación de correspondencia fiscal con las provincias”.

Para Diana Mondino, otro aspecto importante a tener en cuenta es “el superávit fiscal, que es muy difícil de mantener en tiempos de crisis y destinar más inversión en infraestructura, en vez de destinar todo al gasto corriente, porque de esta manera no se mejora la productividad de las empresas y se genera falta de confianza en las políticas y falta de transparencia”.

De todas formas, “hasta el 10 de diciembre –cuando asuman los nuevos legisladores que fueron electos el 28 de julio pasado- los temas quedarán pendientes y no se sabrá cuáles pueden llegar a ser las medidas correctivas del Gobierno frente a los problemas actuales. En cuanto al presupuesto para 2010, se supone que ya no habrá superpoderes (es decir, la posibilidad que tiene el Gobierno de imponer medidas por decreto, sin pasar por el Congreso) y que el presupuesto tendrá que ajustarse más a la realidad”, finaliza Mondino.

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