Tráfico de drogas, violencia y futuro económico de México

En junio de 2010, unos días antes de las elecciones estatales en México, Rodolfo Torre, líder en la carrera electoral para acceder al gobierno del Estado de Tarnaulipas, en el norte del país, fue asesinado. Él había hecho campaña contra la violencia que genera la droga. Poco después, en julio, traficantes usaron un coche-bomba por primera vez en la historia de la guerra de las drogas en México y mataron a cuatro personas en Ciudad Juárez. En agosto, los cuerpos de 72 inmigrantes fueron encontrados en el norte del país; habían sido asesinados porque se resistieron a trabajar para una banda de traficantes. Algunos días después, un fiscal y un policía que investigaban el crimen desaparecieron.

Titulares de ese tipo se han vuelto algo común en la prensa de hoy en día. Pero las razones que hay detrás de la escalada de violencia y sobre cómo afecta a la sociedad mexicana todavía no se han llegado a comprender del todo, ya que la naturaleza estremecedora de esos crímenes ha captado completamente la atención del público. Como la escalada de esa tragedia humana ya ha sido analizada, este artículo examina el origen de la cada vez mayor violencia en México y su relación con las drogas, inclusive los costes directos y indirectos que conlleva, así como cuál está siendo la respuesta de la comunidad de negocios mundial.

México produce y distribuye marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina para la mayor parte del mundo. Su mayor mercado, EEUU, compra un 90% de la cocaína que consume México. El tráfico de drogas es una actividad lucrativa para los carteles mexicanos y genera ingresos anuales de US$ 35.000 millones a US$ 45.000 millones con un margen de beneficio de aproximadamente un 80%. Por ese motivo, muchos carteles luchan por las ganancias obtenidas de la producción y la distribución de drogas. Actualmente, siete organizaciones poderosas de traficantes ocupan diferentes regiones de México: la Familia Michoacán, el Cartel del Golfo, los Zetas, la Organización Beltrán-Leyva, el Cartel de Sinaloa; el Cartel de Tijuana y el Cartel de Juárez.

El comercio y los carteles de drogas existen desde hace décadas en México. Sin embargo, la violencia asociada al comercio de drogas en el país ha crecido de forma preocupante desde que el presidente Felipe Calderón asumiera el cargo en 2006. Mientras los gobiernos anteriores no se enfrentaron al comercio de drogas de forma agresiva, Calderón ha lanzado una guerra total contra las drogas, convencido de que la fuerza creciente de los carteles de drogas representa una amenaza para la seguridad del país.

Casi inmediatamente después de asumir la presidencia, en 2006, Calderón envió 36.000 soldados a nueve Estados para destruir plantaciones, recabar datos, interrogar sospechosos y confiscar alijos. Calderón inicio también diversas reformas jurídicas y de seguridad pública. Por ejemplo, el Gobierno mexicano está trabajando para mejorar la eficacia de la fuerza policial federal. La previsión era contratar 8.000 investigadores en 2010 y, al mismo tiempo, hacer un esfuerzo para acabar con el poder de la corrupción. En agosto de 2010, se despidió a cerca de un 10% de la policía federal por no pasar la prueba del detector de mentiras, de drogas y otras pruebas de los "exámenes de control de confianza", cuyo objetivo es identificar policías que tengan conexiones con el crimen organizado.

Además, la Plataforma México, un programa de gestión de información que se ha lanzado recientemente, tiene como objetivo crear una interconexión en tiempo real con la fuerza policial mexicana a través de un banco nacional de datos que facilitará el seguimiento de los criminales asociados al narcotráfico. De entre las reformas judiciales previstas consta la introducción de juicios orales, negociación de la pena con el ministerio público, métodos alternativos de resolución de casos, así como la posibilidad de trabajar con jueces anónimos en los casos de acciones penales relacionadas con las drogas para aumentar la eficiencia y la seguridad del proceso judicial. Pero sobre todo, el Gobierno está tomando muy en serio las penas de los traficantes condenados y ha aumentado las extradiciones a EEUU.

En este país se sabe que el comercio de drogas no es un problema exclusivo de México, por eso existe el compromiso de ayudar al país a través del Proyecto Mérida, un acuerdo por el cual EEUU ayudará a México y a otros países centroamericanos para combatir el tráfico de drogas. Para ello, EEUU destinará US$ 1.500 millones a lo largo de tres años con el objetivo de acabar con la corrupción en las instituciones gubernamentales de esos países. La ayuda americana financiará el entrenamiento de la policía, patrocinará programas de perfeccionamiento de la seguridad y de compras de equipos usados en la guerra contra el narcotráfico.

Nuevas alianzas, más violencia

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Calderón y de la cooperación más intensa entre México y EEUU, la violencia relacionada con las drogas continúa aumentando. Se estima que 7.000 personas han muerto en México, en 2009, como consecuencia de la guerra contra las drogas, un número sustancialmente mayor que los 1.300 que murieron en 2005 antes del inicio de la guerra contra el narcotráfico. Se calcula también que ha habido 1.200 secuestros en 2009. Paradójicamente, la postura decidida de México contra los carteles parece estar contribuyendo al aumento de la violencia vinculada con la droga. Aunque los esfuerzos del Gobierno de Calderón hayan, de hecho, dañado a los carteles, la captura de sus principales líderes ha perturbado su dinámica, en la medida en que sus miembros pelean ahora por las posiciones más lucrativas de liderazgo.

La guerra del Gobierno mexicano contra las drogas también ha perjudicado el reparto del poder entre los carteles, que ahora luchan por hacerse con el derecho a quedarse con las rutas de los competidores más debilitados. La disputa es tan fuerte que ha tenido como resultado la creación de alianzas entre algunos carteles para derrotar a otros. La nueva federación es una alianza formada recientemente entre la Familia Michoacán, el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa.

Otra posible explicación para el aumento de la violencia asociada a la droga es el intento de los carteles de forzar al Gobierno a dar marcha atrás aterrorizando a la población. Como consecuencia de ello, la violencia se extendió de los carteles a la población del país y creó un ambiente inseguro dentro de México, sobre todo para las empresas. Los carteles recurren ahora a varias formas de violencia contra las empresas, desde secuestros hasta robo o extorsión. Su objetivo es el poder y el beneficio. Pemex, compañía estatal de petróleo, ha sido objetivo frecuente de los carteles. En 2010, varios trabajadores de la empresa fueron secuestrados; los carteles y los trabajadores corruptos han robado a la petrolera. Reuters calcula que Pemex tiene pérdidas de "US$ 750 millones en combustible y petróleo robados de sus oleoductos a lo largo del año", además de "piezas de repuesto y equipos caros".

Los carteles desafían la posibilidad de contar con ambientes de negocios seguros no sólo en el caso de las grandes empresas, como Pemex, sino también en el caso de las empresas de pequeño tamaño y hasta de ciudadanos comunes. En julio de 2010, unos hombres armados hicieron una emboscada a los invitados de una fiesta de cumpleaños en el Estado mexicano de Coahila y mataron a 17 personas e hirieron a varias otras. Algunas fuentes creen que esas matanzas masivas son consecuencia de la decisión de los dueños de los establecimientos agredidos de no pagar las extorsiones exigidas por el narcotráfico. Desde luego, la matanza resultante de la guerra contra el narcotráfico en México afecta ahora a todos los estratos de la sociedad: inmigrantes empobrecidos, la élite más rica, empresas de barrio e incluso las grandes empresas del país.

En agosto de 2010, la enorme trascendencia de la violencia causada por las drogas en México hizo que Calderón abriera el debate sobre la legalización de las drogas. Aunque hay opiniones enfrentadas entre los políticos mexicanos, muchos nombres influyentes, entre ellos el líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, y los ex-presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, creen que la postura rígida del Gobierno contra las drogas no está produciendo resultados, y que debería considerarse su legalización. Su principal argumento es que con la eliminación del mercado negro de drogas en México, el precio de las drogas caería, así como los beneficios y el poder de los carteles. Calderón respondió rápidamente que el precio de las drogas no está determinado por el mercado mexicano, sino por el mercado americano, a donde los carteles de México venden la mayor parte de sus drogas. Por lo tanto, a menos que EEUU también legalice las drogas, dijo Calderón, "sería absurdo legalizarlas en México". Él es totalmente contrario a la creación de un ambiente que facilite el uso de drogas y el vicio.

Además, Calderón y otros miembros de su Gobierno se oponen a la legalización debido a la influencia generalizada de los carteles en la sociedad mexicana. Con la legalización de la producción, distribución y uso de las drogas, los carteles entrarían en otras actividades criminales, como extorsiones y secuestros, conservando y aumentando sus ganancias. Por lo tanto, es poco probable que la legalización tenga algún efecto sobre los niveles actuales de violencia y de corrupción en el futuro próximo.

La actitud de los líderes empresariales que tienen operaciones en México refleja el deterioro de las condiciones existentes en el país y muestra que la inseguridad tiene consecuencias económicas importantes. En los últimos dos años, la Cámara Americana de Comercio en México (AmCham) ha realizado una investigación entre sus miembros —ejecutivos extranjeros y locales— para medir su percepción respecto a la seguridad corporativa y personal: un 75% dijeron que sus empresas se vieron afectadas por la inseguridad reinante en el país. Aunque su preocupación principal sea siempre la seguridad de sus trabajadores y la protección de sus ejecutivos, otros resultados muestran percepciones divergentes en relación a cuestiones críticas. Cerca de un 60% de los entrevistados dijeron sentirse menos seguros personalmente en 2009 que en 2008; sin embargo, los mismos entrevistados se dividieron a partes iguales cuando tuvieron que responder si su empresa se sintió más, menos o igualmente seguras en el mismo periodo. Del total de los entrevistados, un tercio dijo que sus empresas estaban menos seguras que hace un año.

Los factores que más contribuyeron a eso, dijeron, fueron el recrudecimiento de las actividades del crimen organizado, la impunidad resultante de los procesos judiciales y las actividades asociadas al tráfico de drogas. Entre los que dijeron que la empresa estaba más segura, un 25% lo atribuían al trabajo de las autoridades mexicanas, mientras que un 75% atribuyeron la mejora de los resultados a los esfuerzos hechos dentro de la propia empresa. Respecto a la situación de la empresa, si estaba mejor o peor en 2009 que en 2008, parece haber un consenso entre los participantes de la investigación de que el Gobierno no está teniendo éxito en su intento de proporcionar un ambiente más seguro.

El papel del sector privado

Según muestran los resultados de la investigación, como el Gobierno no es capaz de propiciar la seguridad necesaria, el sector privado ha desempeñado un papel más dominante en esa área. El mercado de seguridad privada en México corresponde a un 1% del PIB del país, o US$ 8.000 millones. En respuesta a esa oportunidad significativa de mercado, existen hoy en día más de 10.000 empresas privadas de seguridad, frente a 6.000 hace 15 años. Solo un 10% de esas empresas están profesionalizadas, es decir, solamente un 10% invierten en entrenamiento, infraestructura, tecnología y análisis. La seguridad privada emplea una fuerza de trabajo de 500.000 personas, lo que corresponde aproximadamente a un 85% del sector de seguridad pública, sin contar con los militares.

Los bienes y servicios más comunes proporcionados por las empresas mexicanas de seguridad privada son guardaespaldas, aparatos electrónicos y coches blindados. La Feria de Seguridad de México de abril de 2010, un congreso que sirve de escaparate para una amplia gama de productos y servicios de la industria, fue un 20% mayor que la del año anterior. Una portavoz del evento habló sobre la necesidad creciente de los servicios de seguridad: "Desafortunadamente, la violencia generada por el crimen organizado convirtió a México en uno de los mejores mercados para las multinacionales especializadas en seguridad". En una actitud que refleja esa percepción, la empresa española de seguridad Prosegur ha aumentado su presencia en México con la adquisición de una firma local de seguridad en 2009. Los ingresos de Prosegur en el país pasaron de US$ 1 millón, en 2007, a US$ 17 millones en 2010 (valor estimado).

Según esto, el blindaje de vehículos es la principal oferta de la industria de seguridad, y no es ninguna sorpresa que el crecimiento del mercado sea más visible en ese subsector. En América Latina, el mercado de blindaje creció un 850% en los últimos ocho años, y México es actualmente el segundo mayor mercado después de Brasil. Desde 2008, el número de coches blindados aumentó un 25% en Ciudad de México y un 60% en el resto del país. Ese mercado debería experimentar un crecimiento del 20% en 2011. Las empresas respondieron a esa necesidad: existen actualmente 70 proveedores registrados de blindaje, frente a sólo tres hace 15 años.

Los fabricantes también están produciendo coches blindados enfocados en ese mercado. El cambio observado en el perfil del típico propietario de coches blindados es sintomático del gran impacto que tiene la inseguridad sobre la sociedad. En 2008, los consejeros delegados de las grandes empresas eran la clientela principal del sector. Dos años después, los ejecutivos de los dos niveles inmediatamente inferiores en la jerarquía, así como los miembros de sus familias, también empezaron a usar vehículos blindados. El consejero delegado de International Armoring Corp., empresa americana cuyas ventas para México y las ciudades americanas de la frontera con México crecieron sustancialmente, confirma que su base de clientes está cambiando: "Los coches blindados ahora tienen un público mayor [...] Ya no son producidos sólo para los jefes de Estado. Nuestros clientes de la frontera son ejecutivos normales preocupados por su seguridad". Lo que llama aún más la atención es el crecimiento del 40% del mercado de vehículos blindados usados, así como la introducción de versiones blindadas de marcas comunes más accesibles, como Chrysler y Volkswagen, señal de que la necesidad de protección ya no es exclusiva de la élite.

Hacer frente a esa situación compleja de seguridad es, desde luego, muy costoso para el Gobierno y para la sociedad mexicana. Kroll estima que el coste de la inseguridad para el Gobierno, empresas y ciudadanos es de US$ 65.000 millones, o un 8% del PIB. Aunque la dimensión de ese número sea significativa por sí sola, cuando se observa en el contexto de otros datos económicos se vuelve aún más sorprendente. Incluso según cifras de Kroll, ese montante representa un 75% de los ingresos y de los impuestos sobre ventas recaudados por el Gobierno, lo que corresponde a 2,5 veces el volumen de remesas enviadas al país, y 3,5 veces el montante de inversiones extranjeras directas. Es dos veces más de lo que México exporta en petróleo.

No hay duda de que la violencia e inseguridad traen consigo consecuencias económicas negativas que van más allá de las cifras fabulosas de los costes directos. Como dijo recientemente el ex-presidente Vicente Fox (2000-2006) en su web: "La magnitud del daño causado por la violencia asociada a la lucha contra el crimen organizado se refleja ahora en la percepción y en la imagen que se tiene del país, en la actividad económica, particularmente en el turismo y en la inversión directa externa, así como en el coste descomunal de oportunidad que nos obliga a gastar en recursos, personal y tiempo que son sacrificados cuando podrían estar sirviendo a otras áreas estratégicas". El presidente Felipe Calderón expresó un sentimiento semejante cuando dijo que "la inseguridad, en general, y las consecuencias de eso, envían una señal de violencia, no sólo para México, sino también para el mundo, que sólo denigra la imagen de nuestro país".

Pero, a pesar de lo que se observa, es difícil cuantificar el impacto económico de esa situación. Los ingresos del turismo internacional, la tercera mayor fuente de entrada de dólares en el país, cayó un 15% en 2009 por primera vez en diez años. Eso, sin embargo, no se puede atribuir únicamente al miedo de la violencia, ya que aquel año estalló la crisis economía mundial así como la gripe aviar en México, que desincentivaron la actividad turística. Aunque las autoridades afirmen que las áreas turísticas continúan siendo seguras para los visitantes, se han registrado casos de violencia en lugares como Acapulco, Puerto Vallarta y Taxco.

Se cree también que la inseguridad esté perjudicando la inversión extranjera directa principalmente a causa del crecimiento de la violencia en Monterrey, una de las ciudades industrializadas más importantes del país. Los líderes de las empresas locales dicen que algunas inversiones extranjeras se suspendieron debido a problemas de seguridad, pero se evita dar ejemplos específicos. Naturalmente es imposible identificar todas las inversiones que se habrían hecho si hubiera un ambiente más seguro. Pero un 27% de los entrevistados en la investigación de la AmCham, dijeron que habían reconsiderado las inversiones previstas para México por cuestiones de seguridad. Ese número hace referencia a ejecutivos que aún mantienen lazos con el país.

Es probable que la publicidad negativa haya influido más significativamente en aquellos que se planteaban invertir por primera vez en México. Pero el capital continúa fluyendo al país. En realidad, la inversión extranjera directa está experimentando una recuperación impresionante tras la crisis económica y debería alcanzar, en 2010, los niveles de 2006, es decir, US$ 20.000 millones. Como dijo recientemente el director de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal): "Para el inversor, lo que importa, en realidad, respecto a la seguridad, es la seguridad jurídica y el riesgo-país. México ha avanzado mucho en ambos aspectos, y es ese tipo de seguridad la que interesa al inversor".

Sin embargo, no habría que poner demasiado énfasis en esa tendencia positiva. Aunque haya habido avances en la lucha de Calderón contra el crimen organizado con el encarcelamiento y muertes de traficantes, el hecho es que, después de cuatro años de combatir el crimen, la violencia sólo ha empeorado y no se prevé que mejore. Un número cada vez mayor de entrevistados de AmCham no espera que se produzca mejora alguna en el área de seguridad en los próximos cinco años. Aunque la industria de la seguridad privada esté beneficiándose de la importancia cada vez mayor que el sector está adquiriendo, la crisis que vive el país impone costes financieros, sociales, culturales y psicológicos importantes sobre México. Además de la dificultad de medir esos costes, sobre todo en términos económicos, accionistas importantes evitan hablar abiertamente sobre el asunto.

Es comprensible que los ejecutivos no quieran discutir en detalle las implicaciones de su preocupación por la seguridad y, más aún, las precauciones tomadas, ya que tal franqueza podría hacerlas menos eficaces. Los consultores de seguridad también se callan respecto a informaciones específicas porque la discreción es esencial para los servicios que prestan. Los accionistas con un interés suficiente por el país —ya sean inversores, trabajadores del gobierno o ciudadanos bien relacionados— podrían dudar en contribuir a una percepción negativa de México.

De eso se derivan mensajes muy heterogéneos: los titulares casi diarios de torturas, tiroteos, secuestros y asesinatos que pueden ahuyentar a turistas e inversores. Al mismo tiempo, otros dicen que la inseguridad está localizada, limitada, sobre todo, a aquellos que estén involucrados con el comercio de la droga y que no es motivo de preocupación para las empresas. Al igual que en la mayor parte de las dicotomías, la verdad está en algún punto intermedio, por lo menos de momento. La lucha por la seguridad en México podrá llevar al país a uno u otro extremo. Por lo tanto, vencer la violencia causada por la droga es una prioridad máxima para el futuro del país. 

Este artículo fue escrito por Devon Duff y Jen Rygler, de la clase Lauder de 2012.

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