Brasil ordena sus cuentas

Cuando el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llegó al poder en enero de 2003 fijó como uno de sus objetivos prioritarios la reforma de las Pensiones. Tras siete meses de duras negociaciones, el Congreso Nacional Brasileño aprobó en diciembre de 2003 la PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) de la reforma del sistema público de pensiones (Sistema de Previsión Social). El texto altera, principalmente, las reglas para los beneficios de jubilación de los trabajadores públicos, pero establece también el cambio del tope de los beneficios concedidos a jubilados y pensionistas del sector privado. Según el gobierno, la reforma ayudará a reducir el déficit de las cuentas del sistema de Previsión Social, tanto pública como privada, que en el ámbito federal fue de aproximadamente 58.500 millones de reales en 2003, unos 20.525 millones de dólares.

El porqué de la reforma

El Gobierno brasileño considera que los cambios en la Seguridad Social son básicamente necesarios por dos motivos: debido al gran déficit originado por el mantenimiento del actual sistema de pensiones y para democratizar el sistema, aproximando los valores pagados por los beneficios del sector público a los del sector privado (INSS).

 

El Ministerio de Previsión Social estima que el déficit del sector privado en el 2003 ha sido de 27.100 millones de reales y el déficit del sector público alcanzó los 31.400 millones de reales. La suma de ambos arroja un saldo negativo de 58.500 millones de reales (unos 20.525 millones de dólares).

 

Con el cambio de las reglas del Sistema, el gobierno pretende economizar recursos y reducir el actual déficit del sector. “En realidad, habrá ahorro, el problema es que éste no se va a producir en el corto plazo. Se están eliminando una serie de derechos, se están nivelando los salarios del sector privado con los del sector público, todo esto, a medio y largo plazo, tendrá un efecto sobre las cuentas públicas”, afirma José Matias Pereira, profesor de Finanzas Públicas, coordinador de Posgraduación en Administración de la UnB (Universidad de Brasilia) y abogado.

 

Luis Carlos Gonçalves Lucas, presidente del Andes-SN (Sindicato Nacional de los  Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior), considera que los cambios causarán déficit, y no el saneamiento de las cuentas. “Desde el punto de vista de las cuentas públicas, no hay argumentos que puedan justificar esta reforma. Los argumentos usados son de naturaleza fiscal y la gente sabe que los efectos fiscales líquidos son negativos. Todas las experiencias que nosotros podemos observar de privatizaciones, impuestas sobre todo en países latinoamericanos, muestran esto. Porque durante un largo período de tiempo, el Estado deja de recaudar las aportaciones de los trabajadores en el excedente del tope y mantiene los gastos con la Seguridad Social. Esto suele generar un déficit muy grande. Así ocurrió en Chile y en Argentina, el déficit de las pensiones se multiplicó por seis o siete veces desde que se implantó la privatización”, afirma Gonçalves Lucas.

 

¿Una mala gestión?

Uno de los argumentos lanzados contra la actual reforma del Sistema de Seguridad Social se refiere a la supuesta mala gestión de los recursos ejercida por los diversos Gobiernos a lo largo de los años. “Nunca se ha creado un fondo (de previsión) donde el gobierno deposite también la parte que le corresponde (como sucede también con las empresas). Por lo tanto, estos datos (de déficit) que han aparecido últimamente no reflejan la realidad. Porque si a lo largo de la trayectoria del trabajador público, el gobierno también hubiese aportado lo que le correspondía y administrado bien un fondo, probablemente no habría déficit”, dice José Matias Pereira.

 

En cambio, el presidente del Sindicato Nacional de los Jubilados de la Fuerza Sindical, João Batista Inocentini, es partidario de la reforma por que democratiza el sistema. “Nosotros defendemos la reforma, inclusive una gran parte de las propuestas aprobadas es nuestra. Nosotros no defendemos privilegios, estamos radicalmente en contra. Defendemos el tope salarial igual para todo el mundo, de diez salarios mínimos, o 2.400 reales (poco más de 840 dólares)”, dice el sindicalista.

 

El senador Aloizio Mercadante (PT-SP) líder del gobierno, también defendió la iniciativa en un discurso del Senado. “Terminó apenas diciendo lo siguiente: la nación en que vivimos tiene 44 millones de brasileños fuera del Sistema de Previsión Social… Dieciocho millones poseen una renta para estar dentro del sistema y estamos introduciendo un mecanismo para intentar traer esa parcela para que también pueda ser beneficiada con el cambio en el Sistema… La crisis fiscal y financiera exige esta reforma… Por lo tanto, estamos pavimentando un camino sólido de crecimiento con estabilidad, de crecimiento con inclusión social”.

Nuevas reglas para trabajadores públicos

Los beneficios de pensiones del sector privado van a cambiar poco, ya que este segmento había sido sometido a una reforma durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Lo que cambia ahora es el tope pagado para las jubilaciones, que pasa de 1.869 reales (656 dólares) a 2.400 (842 dólares).

 

A partir de ahora, el sistema de pensiones del trabajador público tendrá dos bases: una para los actuales y otra para los futuros trabajadores. El antiguo sistema de pensiones preveía que el funcionario público, al jubilarse, tendía derecho a recibir su último salario íntegramente, sin descuentos o topes y con las posibilidades de tener los mismos reajustes que el personal en activo.

 

Los cambios establecen que el cálculo del beneficio para los funcionarios activos podrá ser realizado de dos maneras: con base a los aportes del trabajador durante la vida profesional; o será pagado el equivalente al último salario – respetándose la edad mínima de 55 años para las mujeres o de 60 años para los hombres. Quien opte por la totalidad, tendrá un ajuste parcial del valor de su beneficio anualmente. Ahora, aquél que escoja el beneficio calculado a partir de la recaudación durante la carrera profesional tendrá un reajuste según la inflación. El cálculo para los nuevos trabajadores se hará en base a los aportes a lo largo de su carrera.

 

El tope del valor del beneficio para el actual funcionario que se jubila y opta por el beneficio integral será equivalente al último salario ganado en su vida activa, con el límite máximo de 17.800 reales (unos 6.245 dólares). Los nuevos trabajadores podrán jubilarse con 2.400 reales al mes como máximo. En el supuesto caso de que quieran aumentar ese rendimiento, tendrán que recurrir a un plan privado complementario.

 

Las pensiones -pagadas a las viudas del personal activo o jubilados, por ejemplo- serán equivalentes al salario o beneficio del servidor hasta el límite de 2.400 reales. Por encima de ese valor, habrá un descuento del 30%. Para pensionistas o dependientes de nuevos trabajadores, las reglas son las mismas de la jubilación normal.

 

La reforma unifica, además, la cuota de contribución de los trabajadores federales en 11%, y crea la contribución de trabajadores inactivos, también con una cuota del 11%, sobre aquello que sobrepase 1.440 reales (505 dólares) para los actuales jubilados y 2.400 reales para los trabajadores activos que vayan a jubilarse.

 

Como algunos puntos de la reforma del Sistema de Seguridad Social encuentran resistencia para ser aprobados por el Senado, el gobierno ha hecho un acuerdo político y ha creado otra propuesta, conocida como PEC paralela, que flexibiliza algunas de las reglas de la reforma original. La PEC paralela, aunque todavía está siendo discutida por la Cámara este mes de enero, da un pequeño respiro a los actuales trabajadores públicos, reduciendo las exigencias de la enmienda constitucional original.

El impacto en la enseñanza

Los cambios en el Sistema de Seguridad Social afectan de manera directa la enseñanza superior federal, ya que los profesores también son funcionarios públicos y serán encuadrados en las nuevas reglas. Se estima que, a causa de la reforma, unos 6.000 docentes de instituciones federales se hayan jubilado o estén en proceso de jubilarse.

 

La reforma del Sistema de Pensiones “ha causado muchos problemas a las universidades. Es obvio que era necesaria, pero ha llevado a muchos profesores a la jubilación”, afirma el secretario Carlos Roberto Antunes dos Santos, titular de la SESu-MEC (Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación).

 

Este panorama ha generado grandes preocupaciones en el campo académico, ya que la falta de estos profesores puede perjudicar la calidad de la enseñanza en las instituciones públicas federales.

 

Es cierto que, de alguna forma y en un periodo que no debería ser muy corto -puesto que los procesos de contratación de trabajadores, en general, son lentos y dependen de la liberación de recursos-, las instituciones de enseñanza superior federal se quedarán despojadas de profesores, lo que puede afectar la calidad de la enseñanza y de la investigación desarrollada en estas unidades.

¿Una reforma inconstitucional?

Los cambios establecidos en la reforma del Sistema de Pensiones han despertado diversas reacciones en los analistas. Algunos las consideran legítimas y jurídicamente aceptables, mientras que otros cuestionan partes o todo el contenido de los cambios.

 

“Este cambio de cobro del 11% de los inactivos, probablemente, va a acabar en los tribunales, porque éste es un derecho adquirido. Hubo un contrato perfecto y acabado cuando el individuo se jubiló que dice que él no pagará más y, sin embargo, viene esta reforma y está diciendo que a cobrar”, afirma José Matias Pereira.

 

El abogado Wladimir Novaes Martinez considera legal esta base de la reforma. Ahora, con relación al aporte del 11% de los inactivos, Martinez está de acuerdo con Pereira: “Estoy totalmente en desacuerdo (con la cobranza). Es un error terrible del gobierno, un error lógico, político y jurídico”.

 

Otro tema observado por los especialistas del sector es el cambio en el sistema público de pensiones. “(La reforma) introduce en Brasil la privatización del Sistema de Pensiones público. Todo indica que esto no será una medida aislada. Las reformas de las pensiones en el mundo han sido hechas por etapas, son procesos, y este es un paso en el sentido de la privatización”, evalúa Luís Carlos Gonçalves Lucas.

 

El abogado Helio Gustavo Alves, presidente del Instituto de los Abogados Previsionales de São Paulo y profesor de Derecho del Unibero (Centro Universitario Ibero-Americano), considera esta reforma inconstitucional. “El funcionario público, cuando optó por el servicio público, creó una expectativa de derecho… Ahora, ¿cómo va a ser eliminada esa expectativa de derecho, prácticamente un derecho adquirido?”, cuestiona el jurista. “Las reglas del juego no pueden cambiar en medio del partido, y esto es lo que está pasando… Para tener un resultado justo y jurídicamente perfecto, tendrían que cambiar las reglas del Sistema de Previsión Social a partir de hoy y, de aquí a unos 30 años, tener un resultado”, añade.

 

Cuando concluyan los cambios en el Sistema de Pensiones, una vez aprobada la PEC paralela, aquellos que sientan que sus derechos no han sido respetados deberán acudir al Poder Judicial. Tales cuestionamientos jurídicos serán analizados por el Supremo Tribunal Federal, la instancia máxima de la Justicia brasileña, considerada por muchos como un foro político. Por este motivo, lo más probable es que los cambios se mantengan en su esencia, consolidando la más importante conquista política hasta ahora obtenida por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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