¿Dónde está el problema de la Seguridad Social estadounidense?

El presidente Bush ha lanzado su prometida campaña para modernizar la Seguridad Social, defendiendo que los futuros déficit de financiación podrían resolverse permitiendo a los trabajadores dedicar parte de sus aportaciones a realizar inversiones de las que ellos serían totalmente responsables. Los detractores de este plan, como la AARP, la asociación de jubilados, sostienen que se destruiría la vieja red de seguridad tras los 65 años, reduciendo las prestaciones que reciben los estadounidenses de la tercera edad.

Las diferencias sobre esta cuestión son tan grandes que las dos partes ni siquiera se ponen de acuerdo en una simple cuestión: ¿Tiene realmente el sistema de la Seguridad Social problemas financieros?

“La respuesta es la siguiente: todo depende de tu horizonte temporal”, afirma Brigitte C. Madrian, profesora de Políticas Públicas y Empresa en Wharton. “No habrá crisis mañana mismo. Hay dinero, las prestaciones seguirán pagándose … Pero en algún momento futuro el dinero se va a terminar, y cuando llegue ese momento habrá dos opciones: aumentar los impuestos o reducir las prestaciones. Y ninguna de estas dos opciones es particularmente agradable”.

Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que actualmente el sistema tiene saldo positivo. Las retenciones del 12,4% en concepto de IRPF, distribuidas a partes iguales entre trabajadores y empleadores superan las pensiones de los actuales beneficiarios. Esto ha permitido que se acumulen 1,5 trillones de dólares en un “fondo de reserva” que contiene bonos del tesoro de Estados Unidos.

La mayoría también está de acuerdo en que el sistema podría seguir funcionando más o menos como está durante varias décadas. Las aportaciones serán superiores a las prestaciones hasta más o menos el 2018. Después de esa fecha, a medida que se jubilen más y más trabajadores nacidos durante el baby boom de los 60, los cuales tendrán que ser mantenidos por un menor número de trabajadores, las prestaciones serán mayores que las contribuciones, y la diferencia se cubrirá con el fondo. Si no se realizan cambios, el sistema debería poder pagar las prestaciones hasta al menos el año 2042. Después de dicha fecha las prestaciones tendrían que reducirse en un 30%.

La cuestión principal es qué pasará a largo plazo. La Seguridad Social dice que el sistema necesitaría unos 3,7 trillones de dólares para mantener el actual nivel de prestaciones durante los próximos 75 años, el periodo estándar para evaluar la salud del sistema. Grupos como el AARP y varios políticos demócratas dicen que se trata de una cifra asequible para un plazo tan largo, una cifra lo suficientemente pequeña como para hacerle frente con pequeños cambios, como por ejemplo un ligero aumento del IRPF, un pequeño recorte de las prestaciones o un aumento de la edad a partir de la cual se recibe el 100% de las prestaciones.

Los cálculos de la Seguridad Social concluyen que el déficit de estos 75 años probablemente podría suplirse aumentando el IRPF en un 1,89 por ciento, esto es, del 12,4% actual a un 14,3%, explica Andrew B. Abel, profesor de Finanzas y Economía en Wharton. En el peor de los escenarios planteados, los impuestos tendrían que subir un 5%, mientras que en el mejor de los casos los impuestos podrían de hecho reducirse un 0,4%.

Estas diferencias dependen de los supuestos sobre esperanza de vida, tasas de fecundidad y otros factores. “Es imposible predecir con precisión para un periodo tan largo”, advierte Abel. Por ejemplo, un aumento de la inmigración podría introducir jóvenes trabajadores dentro del sistema cuando se retira la generación del baby boom, reforzando las contribuciones del IRPF e impidiendo los déficit, continúa.

El Presidente evalúa la Seguridad Social adoptando un horizonte temporal infinito, y sostiene que el sistema necesitaría unos 11 trillones de dólares para asegurar permanentemente el pago de las prestaciones actuales, ajustadas por la inflación. Así pues, se necesitan cambios más drásticos.

“Hablando sobre la Seguridad Social a perpetuidad”

Kent Smetters, profesor de Gestión de Riesgos y Seguros en Wharton, cree que la administración tiene razón al utilizar un límite temporal infinito. El enfoque de los 75 años ignora la probabilidad de que el sistema se encuentre en un estado horroroso después de que dicho periodo termine, cuando el fondo se agote y las aportaciones de los trabajadores sean muy inferiores a las prestaciones pagadas a los jubilados, comenta.

Si se emplea un horizonte temporal de 75 años, dentro de 15 años los responsables del diseño de las políticas deberán preocuparse de que el sistema entre en crisis después de 60 años; entonces no superará el test de solvencia de los 75 años, según Smetters. “Lo irónico del tema es que estaremos hablando sobre la Seguridad Social a perpetuidad”.

De hecho, una comisión liderada por Alan Greenspan, en la actualidad Presidente de la Reserva Federal, recomendaba en 1983 una serie de cambios que estaban diseñados para que el sistema siguiese siendo solvente durante 75 años. Hoy en día, adoptar un enfoque de 75 años cubriría 20 años no considerados por el grupo de Greenspan. “Supuestamente en 1983 habíamos solucionado la Seguridad Social para un período de 75 años”, señala Smetters. “Un 60% de los problemas actuales tienen que ver con que el periodo de 75 años se mueve constantemente”. Muchos académicos, así como un grupo de asesores nombrado por el Presidente Clinton a mediados de los 90, han utilizado un horizonte temporal finito, añade. “No es por tanto un enfoque políticamente de derechas”.

Es complicado saber que opción es la mejor: un límite temporal de 75 años o un horizonte temporal infinito, afirma Madrian. Un horizonte temporal muy amplio obviamente obliga a los políticos a pensar a largo plazo, pero “es extremadamente difícil saber qué va a pasar dentro de 100 años.”

Durante su primer mandato, Bush nombraba una comisión que respaldaba la idea de la apertura de cuentas personales para hacer frente a los futuros déficit. El Presidente establecía que cualquiera que fuera la solución, ésta no incluiría ninguna subida del IRPF, y prohibía a la comisión que propusiese que el Gobierno invirtiera parte del fondo en bolsa, algo habitual entre muchos fondos de pensión públicos y privados. Estas restricciones por parte de Bush provocaron las quejas de algunos críticos: la comisión del presidente no estaba haciendo una evaluación honesta de todos los remedios posibles.

El Presidente ha fomentado las cuentas privadas sin proporcionar muchos detalles sobre como funcionarían. En general, permitirían que los trabajadores depositaran una parte de sus retenciones en cuentas que ellos controlarían, como por ejemplo ocurre con los planes 401(k). Ellos decidirían dónde invertir, probablemente a partir de una selección de fondos de inversión aprobados por el Gobierno, y podrían traspasar cualquier activo no gastado a las cuentas de sus herederos.

A cambio, se reducirían las prestaciones garantizadas por la Seguridad Social, aunque la administración no ha informado sobre la cuantía. En teoría, la buena rentabilidad de las acciones permitiría que las cuentas privadas crecieran lo suficiente para contrarrestar el recorte en las prestaciones. El Presidente ha declarado que las personas ya retiradas o a punto de hacerlo continuarían recibiendo las prestaciones hasta ahora prometidas. No ha mencionado si la participación de los jóvenes trabajadores en cuentas privadas tendría que ser voluntaria u obligatoria.

Según algunas estimaciones, la transferencia de dinero hacia las cuentas privadas de hecho empeoraría el déficit de financiación de la Seguridad Social en unos 2 trillones de dólares. Pero la administración dice que esto se compensaría con los ahorros a medida que las prestaciones futuras se fuesen reduciendo.

Los críticos mencionan muchos estudios que demuestran que los trabajadores no gestionan bien sus planes 401(k), obteniendo normalmente rendimientos muy por debajo de la media del mercado. Asimismo, no existe ninguna garantía de que los rendimientos de las acciones continúen siendo tan altos en el futuro como hasta ahora –un supuesto clave entre los partidarios de las cuentas privadas. Claramente, las cuentas privadas harían que el riesgo pasase de manos del gobierno a manos del trabajador, algo que ocurre con los planes 401(k); sustituyendo las pensiones tradicionales el riesgo de inversión se traslada desde el empleador hacia el empleado.

Madrian señala que una avalancha de nuevos depósitos en cuentas privadas podría desanimar los rendimientos de las acciones desplazando el equilibrio entre la oferta y la demanda. “No tenemos una idea clara de lo que podría pasar”. Mientras, añade, las cuentas privadas claramente obligarían a los beneficiarios a asumir más riesgo del que asumen con el actual sistema de prestaciones garantizadas.

Históricamente las acciones han tenido asociado un mayor riesgo que los bonos y el dinero en metálico. Con las cuentas privadas, algunos beneficiarios podrían ganar y otros perder. Es más, un periodo sostenido de caídas en la bolsa podría dejar al beneficiario medio con menos de lo que el sistema actual le podría proporcionar.

Recortes a hurtadillas de las prestaciones

Otro cambio considerado por la administración afectaría al modo en que los niveles de prestaciones se ajustan por la inflación. En la actualidad, el nivel inicial de prestaciones se incrementa cada año de acuerdo con un índice de salarios estadounidenses. Una vez que el jubilado empieza a recibir su prestación, los incrementos anuales están ligados al índice de precios al consumo.

Históricamente, los salarios suben más rápido que los precios, provocando una mejora gradual de la calidad de vida. Las prestaciones que la Seguridad Social paga a una persona que se retire hoy en día tiene asociado por tanto un mayor poder de compra que las prestaciones abonadas a alguien que se haya jubilado hace 10 o 20 años, incluso si ambas personas tuvieran una vida laboral idéntica.

Muchos informes dicen que el Presidente propondrá que los niveles iniciales de prestaciones sean indiciados por los precios en lugar de por los salarios, reduciendo las futuras obligaciones del Gobierno. “Si se hiciera esto, se solucionaría el problema de financiación de la Seguridad Social”, añade Smetters.

El AARP sostiene que con el tiempo esto reducirá el poder de compra de los beneficiarios a la mitad, pero Smetters sugiere que con las prestaciones futuras se podrá adquirir la misma cesta de bienes que en la actualidad; sin embargo, no se podría adquirir una cesta de bienes mayor, tal y como sería el caso con la fórmula actual de indexación con los salarios. “La indexación con precios convierte a la Seguridad Social más en un programa de beneficencia que en un programa de pensiones. Si no van a incrementar la edad de jubilación, entonces creo que es la única opción”. Madrian está de acuerdo. “Creo que tiene sentido indexar con precios en lugar de con salarios”.

Pero Abel sostiene que adoptar una indexación con precios constituye en el fondo una reducción de las prestaciones a hurtadillas que dificulta que la gente sepa si sus prestaciones podrán reemplazar sus ingresos previos a la jubilación. Sería mejor, añade, ajustar la fórmula de sustitución de ingresos empleada para calcular las prestaciones. Otra opción sería incrementar la edad a la que la gente puede empezar a recibir el 100% de las prestaciones, pero esto sería un gran problema para aquellos que desempeñan trabajos físicos, continúa.

En opinión de Madrian, el sistema debería ser rediseñado por  completo para reflejar los grandes cambios en la sociedad americana desde que el sistema se creó en los 30. Hoy en día la gente vive mucho más tiempo en situación de jubilación, trabajan más mujeres, y existen muchos tipos diferentes de familias. Durante la Depresión, cuando se creó la Seguridad Social, el Gobierno quiso animar a la gente mayor a retirarse; ahora necesita que sigan trabajando más tiempo. “Estamos conviviendo con un sistema que está muy anticuado, y si tuviésemos que diseñar un sistema partiendo de cero, seguro que sería muy diferente … Creo que necesitamos un sistema que deje de mirar a las familias y empiece a mirar a los individuos”. No obstante, hoy en día es políticamente inviable realizar un cambio de arriba abajo.

Al fomentar las cuentas privadas, sugiere Madrian, la administración puede defender que está reformando la Seguridad Social sin solucionar realmente muchos de los problemas que es necesario resolver, como por ejemplo el tratamiento poco equitativo entre algunos prestatarios. Además, no es posible evaluar la propuesta de la apertura de cuentas privadas cuando tantos temas quedan en el aire, como la importancia de los recortes que se practicarán en el sistema de prestaciones tradicional.

La administración dice que presentará una propuesta más detallada en marzo. “Hay muchas maneras de diseñar el sistema, y la administración Bush aún no se ha decidido por ninguna”, dice Madrian. “Lo importante siempre radica en los detalles”.

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"¿Dónde está el problema de la Seguridad Social estadounidense?." Universia Knowledge@Wharton. The Wharton School, University of Pennsylvania, [09 febrero, 2005]. Web. [21 July, 2019] <https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/donde-esta-el-problema-de-la-seguridad-social-estadounidense/>

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