El desarrollo de las infraestructuras, el gran reto económico de Colombia cuando se firme la paz

El Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Después de tres años de duras negociaciones, ambas partes se han comprometido recientemente a firmar un acuerdo final que termine con el conflicto interno del país el 23 de marzo de 2016. Esta fecha se ha fijado después de que tanto el Ejecutivo como el grupo guerrillero completaran un texto sobre justicia (uno de los puntos clave), en el que se concretó la creación de un tribunal especial que impondrá sanciones de entre cinco y ocho años a los miembros de la insurgencia y a los militares responsables de delitos contra la humanidad y crímenes de guerra que confiesen su culpabilidad.

Las expectativas y la ilusión generada en el país por alcanzar la paz son altas, ya que se trata de un conflicto interno que ha durado medio siglo y en el que han muerto 220.000 personas y millones de ciudadanos colombianos han sido desplazados. “La paz está más cerca de lo que nunca ha estado en cinco décadas”, aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters publicada el pasado 26 de septiembre.

A pesar de todo, Juan David Escobar Valencia, director del Centro de Pensamiento Estratégico de Universidad EAFIT de Medellín, avisa de que sería prematuro cantar victoria en estos momentos: “No puede confundirse la firma de un acuerdo con las FARC con necesariamente la obtención de la paz, menos cuando el acuerdo conocido hasta el momento tiene más vacíos que claridades y no garantiza una paz verdadera”. A parte de este asunto específico, Escobar señala, que “el aumento de los niveles de seguridad, y por ende de posibilidades de desarrollo económico, haría posible que el país inicie de forma consistente el proceso de construcción de la infraestructura que necesita y que tiene un rezago de por lo menos 100 años”.

José Stalin Rojas Amaya, director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, considera que una vez se firme el acuerdo de paz, “las prioridades del Gobierno estarán en diseñar y ejecutar estrategias sobre desarrollo rural, salud y educación y, por tanto, se requerirán inversiones en infraestructura dentro de estas estrategias”. Según su criterio, “para el desarrollo rural, el componente de infraestructuras estará en la construcción y mejoramiento de vías terciarias y secundarias, y en ampliar redes marítimas, fluviales, terrestres, y aéreas”, mientras que en salud y educación la estrategia se centrará “en la construcción de hospitales y centros educativos”.

Los analistas creen que el fin de conflicto traerá muchos beneficios al país, especialmente desde el punto de vista económico. Las previsiones más conservadoras prevén un aumento del 1% del crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) como resultado de un acuerdo, aunque Cárdenas opina que el alza podría alcanzar el 1,5%. Algunos estudios apuntan que las regiones más afectadas por la violencia podrían disfrutar de un crecimiento económico de hasta un 4%. Sin embargo, el ministro de Hacienda advierte de que los efectos no serán inmediatos y que podría tomar tres o cuatro años que la economía se expanda, impulsada por la agricultura, la minería y el turismo. Las mesetas del oeste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, las más golpeadas por el conflicto bélico, han sido inaccesibles y subdesarrolladas. “Ese es uno de los principales impactos de la solución del conflicto en Colombia. Aquellas áreas en realidad podrían ser productivas”, dijo Cárdenas.

La pieza fundamental para el futuro

Una de las claves para que el país pueda aprovecharse de las oportunidades económicas que traería consigo la paz está en las infraestructuras. “Los beneficios que traerá el desarrollo de las infraestructuras son muy altos porque disminuyen los tiempos de interconexión entre los centros urbanos y también disminuirán los costos de transporte de las mercancías para la competitividad”, apunta Hugo Macías Cardona, coordinador del Centro de Investigaciones Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad de Medellín. Pero los beneficios económicos no solo están atados a la competitividad externa, “también a la mayor movilidad interna de mercancías y de pasajeros. Las inversiones en infraestructura están disminuyendo sensiblemente los tiempos de transporte terrestre entre las ciudades, lo cual tienen beneficios en menores costos de transporte y mayor durabilidad de los productos perecederos que se negocian en el mercado interno”, añade.

Es un secreto a voces el retraso que Colombia sufre en infraestructuras, especialmente en carreteras. El World Economic Forum (WEF 2014-2015) ubicó al país en el lugar 126 entre 144 en materia de infraestructura vial. La inversión en infraestructura total de Colombia ha promediado valores del 3,2% del PIB durante la última década, muy por debajo del 6% del PIB que han recomendando organismos internacionales como el Banco Mundial.

La Cámara Colombiana de Infraestructura asegura en su estudio titulado Inversión requerida para infraestructura en Colombia que para cerrar la brecha que el país sufre en infraestructuras, respecto al nivel de dotaciones que debería tener dado su desarrollo, se necesita invertir anualmente un 5,9% del PIB durante la próxima década. “Esos recursos también permitirán construir la infraestructura requerida para responder al incremento adicional de la demanda derivado del crecimiento económico y de la población que se observará durante ese periodo, de forma que el atraso no vuelva a aumentar. Además de los requerimientos para cerrar la brecha y responder a la expansión vegetativa, esa inversión contempla los recursos que exige el mantenimiento de la infraestructura y la garantía del servicio. Las estimaciones incluyen tanto la infraestructura provista desde el ámbito nacional, como aquella que se debe construir y mantener a escala urbana”, señala el informe.

La Cámara Colombiana de Infraestructura calcula que en el ámbito nacional la inversión necesaria alcanza el 3,84% del PIB al año, siendo el transporte el sector que mayor inversión requiere, con el 3,55% del PIB (24,39 billones de pesos colombianos o unos 8.000 millones de dólares estadounidenses).

“Cuando las carencias son tantas es complejo escoger cuáles son las más urgentes, pero si hay que elegir, la construcción de carreteras y de puertos de categoría mundial serían las prioridades”, apunta Escobar Valencia. “Esto tiene que ir de la mano de iniciar la ampliación del sistema energético, que no puede quedarse estático en vistas de un potencial desarrollo económico, máxime cuando las mejores opciones para el país siguen siendo la energía hidroeléctrica, pero dichos proyectos toman más de una década en desarrollarse y ponerse en funcionamiento”, añade.

Un nuevo plan de desarrollo

Para resolver este retraso en las infraestructuras, el Gobierno ha puesto en marcha un proyecto llamado Cuarta Generación de Concesiones Viales de Colombia (conocido como 4G). Se trata de un programa de construcción de carreteras por medio de una alianza con compañías privadas, que deben ser capaces por si mismas de financiar el total del proyecto que le ha sido adjudicado. Una estrategia del Ejecutivo para poder desarrollar el plan vial que requiere el país sin que implique comprometer recursos públicos y dañar más la situación fiscal del país.

Según Macías Cardona, “las concesiones 4G son una nueva apuesta del país, que permitirán disponer de una malla vial nacional que aporte a la competitividad y la integración regional”. Explica que “se trata de obras de infraestructura con especificaciones técnicas avanzadas donde hay una participación activa del sector privado”. Este profesor considera que en infraestructura vial “se están dando grandes avances en el país, con grandes inversiones, para conectar los centros urbanos y los puertos con mayor velocidad”. Por su historia de desarrollo, “los centros urbanos en Colombia quedan relativamente aislados de los puertos y, sobre todo, los desplazamientos son demorados por las condiciones topográficas del país. Lo que están haciendo las vías 4G es superar las barreras geográficas para comunicar en menor tiempo los centros urbanos con los centros de distribución”, explica.

Macías Cardona apunta que este tipo de infraestructuras se están generando especialmente entre las ciudades intermedias y sus áreas de influencia, como Bucaramanga, Manizales, Neiva, Pasto, Popayán, Villavicencio, Yopal, entre otras.  A partir de allí, se logra una mayor integración de estas áreas de influencia de ciudades intermedias, con los grandes centros urbanos y con los puertos.

Este programa 4G plantea la construcción y operación en concesión de más de 8.000 km de carreteras, con una inversión estimada de cerca de 50 billones de pesos colombianos (unos 18.000 millones de dólares estadounidenses) entre los años 2015 y 2010. Ya se han adjudicado las dos primeras olas de proyectos y en estos momentos se está trabajando en la adjudicación de la tercera. “En la primera y segunda ola se han adjudicado 19 proyectos de construcción de obras. En esa nueva estructura, ocho firmas son dueñas de la mitad de las nuevas vías, de manera que se ha dado una importante concentración. Inicialmente, uno de los constructores tuvo una participación muy alta, pero luego diversificó el riesgo y vendió algunas de sus participaciones”, comenta Macías Cardona, que destaca el hecho de que la mayoría de los esfuerzos privados en la construcción de estas vías provienen de empresas colombianas, aunque también hay participación de compañías de origen español y mexicano.

Para Escobar Valencia, el plan 4G “es un buen inicio”, pero asegura que “ni la magnitud y ni las especificaciones técnicas del proyecto son las adecuadas”. Avisa de que “la interferencia de la politiquería nacional y local es un cáncer que impide un correcto desarrollo de los proyectos” y de que “la falta de seguridad hace que el espectro de empresas que pudiesen participar en las licitaciones se reduzca”. Al mismo tiempo, critica que en el desarrollo de las infraestructuras no se estén tomando en serio las necesidades sociales ni los asuntos medioambientales.

Impacto en el crecimiento

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público Colombiano calcula que estos proyectos aportarán de media un 1,56% de crecimiento anual al PIB del país durante su ejecución. En el medio plazo, prevé que el desarrollo de estos medios de transporte situará en el año 2024 el crecimiento potencial de la economía colombiana en el 5,3%, frente al 4,6% al que se situaría sin el desarrollo del programa 4G. Del mismo modo, estima que la inversión en infraestructura aumentará el crecimiento de la productividad situando el desempleo a niveles inferiores al 8%.

La economía de Colombia se expandió un 3% interanual en el segundo trimestre del año, un dato en línea con lo esperado por el mercado. La actividad del país se encuentra en fase de desaceleración. Según un sondeo de Reuters entre economistas, el PIB avanzará un 2,8% este ejercicio y el siguiente, por debajo del 4,6% de 2014. La tasa de desempleo urbano en Colombia (indicador que los mercados toman como referencia en el país) se sitúa en el 9,9%, según los datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

César Betancur Cañola, profesor del Área de Economía de la Universidad de Medellín, destaca que Colombia se encuentra rezagada frente a sus pares de la región en materia de infraestructuras, de ahí la importancia de los programas de inversión en infraestructura vial, como el 4G. Opina que esto es un gran paso, pero no es suficiente porque debe haber inversión en otras áreas para que la  economía mejore notablemente, como en el desarrollo del mercado de bienes, ya que, “a pesar de los esfuerzos, el país sigue sin avanzar de manera contundente en materia de competitividad”.

Macías Cardona no valora si la inversión que se está llevando a cabo por el programa 4G es suficiente y si cumplirá las optimistas previsiones del Gobierno, pero cree que se trata de un nuevo estilo de construir y financiar la infraestructura pública que parece estar dando resultados: “por ahora el impacto luce muy positivo”. Este docente opina que “el reto actual, más que aspirar a proyectos más ambiciosos, es que efectivamente las obras se terminen, que su calidad permita disfrutar de su uso sin mayores contratiempos y que el nuevo modelo se legitime entre los usuarios de estas infraestructuras”.

Stalin Rojas opina que el proyecto 4G es “beneficioso para el país”, sin embargo, avisa de que se debe tener cuidado con los siguientes aspectos: “El impacto sobre los peajes, para que no sean altos por el retorno de la inversión que esperan las empresas privadas; y que las vías 4G no se concentre en pocas empresas, sino que exista diversidad y apoyo a la industria nacional, es decir, se debe evitar la concentración de negocios en pocas empresas y con varios negocios cruzados”.

 

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