El rol estratégico de Suramérica en la pugna por el control de Endesa

De visita en Madrid antes de su participación en la XV Cumbre Iberoamericanaque tuvo lugar el fin de semana en Salamanca, el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, hizo un espacio en su agenda para reunirse con Manuel Pizarro, máximo directivo de Endesa, la firma líder del mercado eléctrico español. Era lo que correspondía, como ratificó el mismo Lagos, ya que antes, el martes 4 de octubre en Santiago, había recibido a Salvador Gabarró, presidente de Gas Natural, la primera distribuidora de gas de la península. El tema de ambas citas fue el mismo: la oferta pública de adquisición (opa) por la totalidad de Endesa que a comienzos de septiembre lanzó Gas Natural.

 

La importancia de este país en la operación radica en que es la sede de Enersis, el holding a través del cual Endesa controla sus operaciones en este país y también en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Pero no sólo por eso, también ha estado presente en las conversaciones la concentración en los sectores de energía, sanitarias, distribución de combustibles y telecomunicaciones que produciría en el mercado chileno un resultado favorable para Gas Natural. La atención se centra en que uno de los principales accionistas de la compañía gasista es la firma de ahorros La Caixa (con el 35%), que a su vez posee el 23,1% de Aguas de Barcelona, empresa que opera la mayor sanitaria chilena: Aguas Andinas. La caja catalana también es dueña del 12,5% del grupo petrolero Repsol YPF, que en Chile posee la tercera red de gasolineras del país y es uno de sus principales abastecedores de petróleo y gas natural (el cual tiene un 30,8% de Gas Natural); y, además, controla el 5% de Telefónica, dueña de la mayor red de telefonía fija de Chile.

 

Sin duda aludiendo a ese árbol de participaciones, Gabarró aseguró en Santiago al jefe de Estado chileno que de concretarse la compra de la eléctrica, hoy controlada por Caja Madrid, no se producirá una concentración de sus amplios negocios en Chile. “No hay base para hablar de problemas de competencia o de concentración de mercados regulados en Chile”, le manifestó Gabarró a Lagos, palabras que sólo se conocieron por un comunicado de prensa de la empresa controlada por La Caixa y Repsol YPF. Al encuentro también acudió el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, a quien se estima Lagos pudo haber planteado alguna crítica por la cuota de responsabilidad de la compañía en los fuertes recortes de envíos de gas natural desde Argentina, situación que ha derivado en una severa crisis energética en los últimos dos años. Aquel combustible es crucial para el abastecimiento eléctrico de la zona central de Chile, donde reside la mayor parte de la población y se encuentran muchas de las principales áreas industriales. Horas después de la reunión, Lagos informó que el encuentro sólo fue “un intercambio de puntos de vista. Ellos vinieron a explicarme el sentido de la opa que habían hecho por Endesa y yo tenía interés en plantearle a Repsol YPF, en particular, cuál es nuestro interés desde el punto de vista energético”.

 

Gabarró también informó a Lagos que el futuro de los activos y las inversiones que Endesa tiene en Chile están garantizados y prometió que Santiago será el eje del nuevo negocio de la firma en América Latina, donde prevé que contará con 10,9 millones de clientes de electricidad y 4,6 millones de gas.

 

Cuando fue el turno de Endesa, Pizarro valoró ante medios de prensa chilenos lo que consideró la prescindencia que el Presidente Lagos ha mostrado frente a este proceso y no dejó pasar la oportunidad de criticar la forma en que aquel se ha desarrollado en la nación ibérica. “Tenemos que dejar funcionar libremente a las instituciones. A mi no me gusta, y lo he dicho, que autoridades que tienen que pronunciarse sobre los asuntos se pronuncien previamente. Eso en Chile no ha pasado nunca, por ejemplo. Esa es la gran suerte que tienen ustedes donde el estado de derecho funciona”, alegó Pizarro en declaraciones difundidas por una radioemisora chilena.

 

El titular de Endesa también expresó a Lagos su “compromiso total con Chile” y garantizó el plan de inversiones de la compañía en el país, el que incluye el ambicioso proyecto hidroeléctrico en la sureña zona de Aysén, que contempla inversiones por un total de 2.400 millones de dólares. “Nuestro compromiso con Chile es total. El Presidente lo sabe, y ha sido una conversación entre chilenos”, remató Pizarro.

 

El obstáculo legal

 

Tras la última cita en la capital española, Lagos dijo que estará alerta a lo que “puede implicar el que distintos servicios de utilidad pública estén bajo un mismo controlador”. Asimismo, advirtió que lo más importante desde el punto de vista de Chile es “garantizar los niveles de inversión que están comprometidos y que al haber otro controlador podría tener opiniones distintas”. Y recalcó que “la necesidad de mantener un nivel de inversión en distintos enfoques energéticos alternativos, es igualmente importante”.

 

¿Cómo reaccionarán los organismos reguladores, el poder político y los consumidores si se concreta la fusión? Ronald Fischer, profesor del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la Universidad de Chile, responde que los organismos que velan por la defensa de la competencia -la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y su instancia resolutiva: el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)-, podrían determinar que en Chile “deben vender tal o cual parte del holding resultante”. De igual modo, agrega, podrían reaccionar los legisladores, “que ya en el pasado expresaron sus temores en el momento en que se privatizaron las empresas de agua potable, por lo que introdujeron una serie de restricciones para los que asumieran su propiedad”.

 

La ley chilena de concesiones de empresas sanitarias expresamente prohíbe la superposición con otros servicios de utilidad pública, impidiendo a una misma empresa actuar en forma simultánea en la distribución eléctrica o de telefonía local en la zona geográfica de la concesión. “Si el resultado de la fusión es ilegal a primera vista, entonces la pregunta es ¿qué se hace al respecto?”, reflexiona el académico. Eso daría paso, explica Fischer, a una acción propia de la compañía matriz, que tendría que desprenderse de una de esas operaciones porque estaría violando la ley. En ese sentido, ya no sería un problema de las instituciones reguladoras del mercado. “Poseer el control de Enersis y al mismo tiempo de Aguas Andinas, claramente sería algo complicado. No se ve tan factible desde el punto de vista legal”, insiste el profesor del CEA.

 

Sin embargo, hay quienes cuestionan la efectividad de esa norma o incluso su existencia. María de la Luz Domper, investigadora del centro de opinión Instituto Libertad y Desarrollo (ILD) con sede en Chile, plantea que las normas de regulación no debieran establecer ese tipo de prohibiciones, ya que en definitiva pueden afectar el precio de venta de algunas de estas empresas de servicio público, “porque están excluyendo a algún posible interesado”. La economista aclara que si lo que se busca es resguardar la libre competencia para eso existe la institucionalidad representada por el TDLC. “No tenemos porqué llenarnos de restricciones legales en cada uno de los sectores públicos. No se justifica si es que existe un organismo como el tribunal, el cual se basta por sí solo”. Domper enfatiza que ante una situación de concentración de propiedad, el Estado no debiera fijar restricciones legales sino que penalizar ex post, “si es que esa situación desata problemas de competencia”.

 

El gas natural: activo estratégico

 

Uno de los sectores más sensibles en el resultado de la operación peninsular es el mercado del gas natural en Argentina y Chile. Eduardo Saavedra, director del departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) de Chile y experto en regulación, ve con preocupación el hecho de que Repsol YPF acceda a la propiedad de Endesa. La petrolera hispana concentra en forma individual más del 50% de las exportaciones de gas natural desde Argentina a Chile. “Si Repsol YPF tiene el control del gas natural, ya sea a través de su extracción en Argentina como por el que llega a través del gasoducto más importante para la generación termoeléctrica en Chile como es Gas Andes –liderado por la francesa TotalFinaElf e integrado por AES Corporation y compañías argentinas y chilenas- podemos imaginar “el problemón hasta geopolítico que significa que una sola empresa sea dueña de todos los insumos de la electricidad en Chile”.

 

¿Cuáles son esos insumos? Saavedra responde que éstos son el control del agua a través de Endesa Chile, empresa que posee prácticamente la totalidad de los derechos de agua del país, con la sola excepción del embalse de Colbún y otros operadores muy menores. “Endesa tiene el 70% de los embalses en Chile y el 100% de los derechos de agua restantes que pueden ser destinados a la producción hidroeléctrica. Entonces, por un lado Endesa tiene el control de la hidroelectricidad y la pregunta que surge es ¿quién tendrá el control de la termoelectricidad?”. El economista profundiza en el punto al explicar que Endesa Chile tiene bastante poder de mercado en lo que se llama inframarginal del sector eléctrico, esto es, que cuando hay mucha agua tiene un coste de producción más bajo que cualquier otro productor. En esos casos, las otras generadoras del sistema eléctrico chileno

-AES Gener (Estados Unidos) y Colbún (propiedad del grupo local Matte)- “le compiten comprándole gas natural a un independiente que se llama Repsol YPF o bien usando el gasoducto de propiedad de AES. El tema clave es, por tanto, qué ocurre si Repsol YPF llega a controlar todos los insumos del sector eléctrico en Chile”. Otra variable relevante es que tal como están las cosas hoy en día, el gas natural es más barato que cualquier otro substituto, por de pronto el carbón.

 

Dada la presencia dominante de Repsol YPF en el negocio del gas en Argentina y que más adelante podría extenderse al proyecto de Camisea en Perú, cabe preguntarse si su ingreso a la propiedad de Endesa España haría más viable el plan de “Anillo Energético” en que están embarcados los gobiernos de la región para garantizar el suministro de gas en Suramérica. Saavedra responde que para hacer un proyecto de esa envergadura se requieren espaldas financieras “muy grandes y planes integrados para darle mayor certeza jurídica a las inversiones que se tienen que acometer”. “Creo que el negocio energético es uno de actores grandes, los pequeños ya murieron”. Por ello es que el economista de la UAH está de acuerdo en que los destinos energéticos de Sudamérica están en Repsol YPF, por un lado, y en la brasileña Petrobras, por el otro.

 

El temor de los consumidores: gran poder de negociación

 

La concentración de la propiedad del sector eléctrico latinoamericano ha sido un fenómeno paulatino. Hasta hace unos diez años existían un poco más de treinta empresas en la región, en tanto hoy éstas se han reducido a cinco o seis grandes conglomerados. Claudio Lara, coordinador de Economía de la oficina para América Latina de la organización internacional de consumidores Consumers International, acusa a esas empresas de “operar bajo estrategias globales o por lo menos regionales y por tanto trascienden notablemente el ámbito de la regulación nacional”. Lara ejemplifica que una primera manifestación más seria de esa realidad ha sido la decisión de las empresas de servicios públicos presentes en Argentina, “particularmente las españolas”, que llegaron a denunciar en junio de 2003 al Estado argentino ante un tribunal arbitral independiente del Banco Mundial por las pérdidas ocasionadas a causa de la congelación de las tarifas desde principios de 2002. “Entonces, si tenemos entes locales que ya poco pesan sobre estas empresas que operan trasnacionalmente, vemos a un consumidor cada vez más desprotegido ante todos estos cambios que están ocurriendo”.

 

Saavedra complementa esos temores y señala que una operación como la que protagonizan Gas Natural y Endesa tiene una dimensión de economía política no menor. En lugar de hablar de países que pasan a ser dependientes de un solo conglomerado en sectores tan sensibles como la energía y el suministro de agua potable, el profesor de la UAH prefiere hablar de “aumento del poder de negociación”. “Imaginemos una decisión política que intente regular el gas natural, por ejemplo, puesto que se llegó a la convicción de que el mercado liberalizado no funcionó. La presión (de la empresa presente en ese mercado) será más grande si además tiene el control de la hidroelectricidad”. Entonces, si ahora quedan solamente Colbún y AES Gener como contrapartes, en rigor Endesa estará pensando como el conglomerado en su conjunto.

 

Así las cosas, se asigna gran responsabilidad a las instancias de defensa de los consumidores en América Latina. En el caso de Chile, explica Lara, la ley de protección al consumidor no incorpora totalmente el ámbito de los servicios públicos, como sí ocurre en Argentina. Aunque aplaude las recientemente introducidas “acciones de clase”, mediante las cuales un grupo de consumidores puede perseguir, por ejemplo, indemnizaciones producto de un corte no previsto del suministro eléctrico.

 

Ante la creciente preocupación, el ministro de Hacienda (Finanzas) chileno, Nicolás Eyzaguirre, salió a calmar las aguas señalando que los temas de concentración y su posible impacto sobre los consumidores es algo contemplado en la legislación antimonopolio de su país. “Particularmente, la institución que existe a ese respecto (la FNE) se ha modernizado mucho, por lo que la gente puede estar tranquila”. En la misma línea y ante eventuales contrarios a la opa entre los accionistas minoritarios de Enersis y Endesa Chile, y otras partes interesadas como los inversionistas institucionales, en particular los fondos de pensiones, Eyzaguirre dijo que respecto de la forma en que se toma el control, “eso está extraordinariamente bien especificado de acuerdo a la Ley de OPA”. “Por tanto, en la medida que se cumplan todas las disposiciones legales nosotros no tenemos problemas, pero esto tiene que ser hecho conforme a derecho”, insistió el ministro.

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