España quiere decir adiós a los escándalos financieros

¿Qué es el buen gobierno de la empresa? Aunque no existe una definición comúnmente aceptada, la que más se aproxima es la de los expertos en gestión Sheifer y Vishny, que explican que “el gobierno de las empresas tiene que ver con los medios a través de los cuales quienes proporcionan fondos financieros se aseguran una retribución adecuada para sus inversores”. El término buen añade otra connotación, indicando que, además de asegurar una retribución adecuada, hay que hacerlo con diligencia, es decir, no sólo respetando la legislación vigente, sino también distintos principios éticos y morales.

 

Sin embargo, la práctica diaria ha demostrado que esto no siempre es así. No hay más que recordar el escándalo financiero de la eléctrica Enron, que hoy día vuelve a ser noticia por los juicios que se están celebrando en Estados Unidos. En Europa existen otros casos, como el de la cadena de supermercados Ahold, que manipuló las cuentas de su filiar argentina Disco y de la norteamericana US Foodservice; o el de las cuentas secretas del Banco Bilbao Vizcaya en paraísos fiscales. Para evitar este tipo de fraudes y recuperar la confianza que el mercado perdió en las compañías cotizadas, aparecieron los códigos de buen gobierno, donde se recogían recomendaciones y principios de actuación que no eran de obligado cumplimiento.

 

Hasta el momento, el Combined Code británico era el texto de referencia, dada la importante trayectoria histórica de Reino Unido en esta materia. También las reglas de la Bolsa de Nueva York son consideradas un referente mundial, ya que son las únicas cuya infracción conlleva una sanción.

 

Desde enero, España ha cobrado protagonismo por el proyecto de Código Unificado que ha presentado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe. La principal novedad es que este código unifica los criterios de las comisiones Olivencia y Aldama (códigos anteriores) y transpone las directrices propuestas por la Unión Europea, armonizando los criterios dentro de la eurozona.

 

Manuel Conthe ha asegurado que “será raro” que el proyecto de Código Unificado de buen gobierno se apruebe con la actual redacción, ya que espera “un debate para mejorar el texto actual”. Hasta el 28 de febrero se podrán presentar comentarios al texto para debatirlo y redactar, antes del 31 de marzo, el código definitivo que se presentará al Gobierno. Hasta el momento, la CNMV no ha recibido muchas misivas al respecto, aunque las primeras voces ya se han pronunciado.

 

Fuentes de empresas cotizadas se han mostrado críticas respecto al Código Unificado, asegurando que “es un código de nivel medio. Aunque es un buen punto de partida, está bastante por debajo de las exigencias británicas, que para todos es, o debe ser, el modelo a seguir. Por lo tanto, es un código que debería ser mejorado”.

 

¿Intervencionismo?

 

En cambio, algunos expertos aseguran que mientras el texto sea de aplicación voluntaria, es positivo porque “redundará en beneficio de los accionistas” y será el mercado quien se encargue de castigar o no a quienes no cumplan con estas recomendaciones; sino “sería intervencionista”. Sin embargo, en opinión de Javier Fontcuberta, profesor de la Facultad de Derecho de la escuela de negocios Esade, en Barcelona, y socio de la firma de abogados y asesores fiscales Landwell-PwC, el proyecto “exige explicar los motivos por los cuales se desatienden las prácticas recomendadas. Ello en sí mismo supone un cierto grado de intervención”.

 

Según el socio y responsable de Buen Gobierno de la firma británico de abogados Allen & Overy, Mark Wippel, “la idea es que las compañías lo cumplan por una cuestión de reputación y que, si no lo cumplen, el propio mercado sea el que les obligue a dar explicaciones de porqué no lo han hecho”. En su opinión, “la función de un código es hacer que los inversores puedan confiar en que los directivos de una empresa se están comportando correctamente. Para los detalles, ya está el marco legislativo tradicional”. Wippel considera que “lo que no tiene demasiado sentido es que en las reuniones de los consejos de administración se tenga que estar más tiempo hablando de cómo cumplir con las normas de buen gobierno que de cómo gestionar bien la compañía”, y añade que, “en Reino Unido, tratamos de combinar una serie de principios generales con otros más concretos, pero no regulamos cuántas mujeres tienen que estar en el consejo”.

 

En opinión de Joan Enric, profesor de la escuela de negocios IESE, en Barcelona, los puntos tratados son “positivos” y recuerda que el documento actual es sólo “una propuesta abierta al debate público”, por lo que se puede opinar antes de que se cierre el texto definitivo. En la misma línea se expresa el director del Centro de Gobierno Corporativo del Instituto de Empresa (IE) en Madrid, José Luis Álvarez, que se refiere al carácter voluntario en su aplicación y señala que, por ejemplo, el código no se pronuncia sobre la separación entre el presidente del consejo y el primer ejecutivo, algo que considera “correcto y prudente”. Para Álvarez, el proyecto “es un buen trabajo”, aunque señala que “lo más controvertido” es la figura del vicepresidente del consejo, una idea importada del sistema británico. Sin embargo, las diferencias económicas entre ambos países hacen que en España “no tenga tanto sentido” porque “la dinámica de balance de poder se da entre accionistas dominicales (los que representan a su propio capital) e independientes”. En su opinión, esta novedad “puede introducir en el consejo una dinámica innecesaria de tensión y desconfianza entre accionistas”, ya que “el lugar para la confrontación de accionistas es la junta, no el consejo”.

 

La polémica está servida

 

Para Fontcuberta, “la cuestión que probablemente ha levantado más revuelo se corresponde con el principio de cumplir o explicar, que viene a cambiar el concepto de las normas de gobierno corporativo en España. Y ello a pesar de que éste ya se apuntaba en el código Aldama”. Aunque una compañía puede apartarse de las disposiciones del Código Conté, tendrá que resaltar expresamente los motivos por los que ha obrado de esa forma, por lo que esta obligación será “sin duda incómoda”, señala el profesor de Esade y socio de Landwell-PwC.

 

Joan Enric destaca como aspectos más novedosos “su sencillez y claridad en la definición de buenas prácticas de gobierno corporativo. Algunas cuestiones que levantan recelos, como el número de consejeros o de reuniones creo que son buenas recomendaciones, lejos de la ambigüedad dominante en documentos previos”. Actualmente, el código establece que los consejos deben estar formados por entre siete y quince miembros, de los que un tercio, como mínimo, deben ser independientes. Sin embargo, algunas de las opiniones más críticas señalan que esta medida no puede aplicarse a la realidad de todas las empresas cotizadas, ya que su tamaño no es el mismo y, por lo tanto, el número de consejeros puede variar considerablemente. Ante la diversidad del parque empresarial español, Fontcuberta se pregunta si “¿existen motivos para autorizar que determinados perfiles de compañías queden exentos de la aplicación de alguna o varias de las recomendaciones?”

 

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención, sobre todo en Estados Unidos, es la obligación de introducir un número mínimo de mujeres en el consejo de administración. Para Enric Ricart, del IESE, “la discriminación positiva es buena y quizás debería hacerse igual en otros aspectos y crear más diversidad en los consejos”. Para Fontcuberta, de Esade, “la ausencia de la mujer en los órganos de representación de las sociedades cotizadas se debe a una cuestión estrictamente generacional. Con o sin intervención normativa, es previsible un natural equilibrio de presencia”. José Luis Álvarez, del IE, añade que no sólo es una medida positiva, sino que “es difícil aceptar que no haya mujeres cualificadas para estar en el consejo de una empresa o que ese número sea escaso. Mucho más difícil todavía es concebir que la comisión de nombramientos no tenga entre sus políticas y criterios la intención de corregir este desequilibrio”. Según datos de Watson Wyatt basados en la información de la CNMW, a día de hoy, sólo el 3,6% de los consejeros de las empresas del Ibex 35 son mujeres. En Estados Unidos, aunque no existe regulación expresa, la presión social ha hecho que prácticamente todas las compañías cotizadas tengan al menos una mujer en el consejo. Actualmente, Noruega obliga a que el cuarenta por ciento del consejo de administración esté formado por mujeres.

 

Sin embargo, al código español todavía le queda mucho que aprender de sus homólogos británico y estadounidense. En este sentido, el director del Centro de Gobierno Corporativo del Instituto de Empresa considera que el capitalismo de Reino Unido y EEUU es todavía muy distinto al español, aunque poco a poco se empiezan a parecer. “Una diferencia que cabe destacar respecto a la normativa estadounidense es que todavía en España las repercusiones penales del mal gobierno son las clásicas, por ejemplo de fraude y malversación de fondos, y en cualquier caso las penas mucho más livianas. En relación con Reino Unido, podemos decir que tanto la regulación de los independientes como las juntas de accionistas son todavía más avanzadas que las españolas”.

 

Fontcuberta considera que “las tendencias en el marco europeo son semejantes, aunque con matices. Por ejemplo, mientras que el informe británico Higgs diferencia el liderazgo en la gestión del negocio –CEO- y en el consejo –presidente- y sostiene abiertamente que aglutinar el poder y la autoridad de dichos cargos en una sola persona es desaconsejable, la propuesta del Código Conthe la contempla como factible”.

 

Voces críticas

 

Los bancos han sido los primeros en hablar sobre las medidas propuestas por Conthe. El presidente ejecutivo de Banco Popular, Ángel Ron, fue el primer alto directivo en criticar abiertamente el nuevo texto. En su opinión, el código “es excesivamente reglamentista” y, “en ocasiones, pretende sustituir la voluntad del consejo de administración”. Ron añadió que “este código requiere de algunas alteraciones porque pone en desventaja a las españolas respecto de las europeas e internacionales”. En cuanto a la obligación de incluir un mínimo de mujeres en los consejos, el presidente de Popular consideró que “es aceptable que vayan accediendo a puestos de responsabilidad más por una cuestión de preparación que de imposición”. En respuesta a estas críticas, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) aseguró que el Código Conthe es “por sí mismo, una buena noticia”.

 

El presidente de Santander, Emilio Botín, se unió a las críticas de Ron y aseguró que, a su juicio, tal y como está redactado, el texto puede poner “en peligro” la unidad que debe existir en el seno de los consejos de las empresas. Botín explicó que es “partidario de la autorregulación” y apostó por que el código definitivo “se centre en criterios o pautas generales que las sociedades puedan adaptar a sus propias necesidades y características, explicándoselo al mercado”.

 

En la misma línea se han expresado Enrique Aldama, ex presidente de la comisión que lleva su nombre sobre recomendaciones de buen gobierno, y el presidente de la aseguradora Mapfre, José Manuel Martínez, que consideran que el texto ha sido redactado en términos “excesivamente reglamentarios y no de recomendación”. Las compañías medianas han solicitado “orientaciones menos estrictas” que puedan adaptarse a la realidad de cada compañía, haciendo referencia al tamaño del consejo que, según el Código Conthe, debería estar en siete y quince miembros. La empresa biotecnológica Natraceutical, la empresa de edificación y obras públicas Cleop y la entidad financiera Bancaja han señalado que si no hay flexibilidad en el texto, las compañías medianas estarán en desventaja frente a las grandes y tendrán dificultades para salir a bolsa.

 

Mientras tanto, el Instituto de Consejeros-Administradores (ICA), que aglutina cerca de doscientos representantes de los órganos de administración de las grandes sociedades españolas, no sólo ha considerado que el Código Conthe “es un buen punto de partida”, sino que debería “ampliarse y mejorarse” a lo largo de un proceso de consulta pública. Sin embargo, lo más sorprendente ha sido que, en opinión del ICA, el Ejecutivo debería estudiar la conveniencia de que “determinadas recomendaciones tengan un desarrollo normativo propio”.

 

Unificación de criterios

 

Una de las quejas históricas de las grandes compañías cotizadas es la diversidad de códigos que existen en el mundo. Para una compañía española que quiera cotizar a la vez en la Bolsa de Londres y en la de Nueva York, tiene que hacer frente a los gastos que supone adaptar su compañía y los órganos de gobierno a tres tipos de recomendaciones distintas.

 

Una de las novedades del Código Unificado que propone el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, es la transposición en España de las recomendaciones que hizo en su día la Unión Europea en temas de buen gobierno corporativo. La directora general de Watson Wyatt, Begoña Benito, considera que la visión que se tiene en Europa de las empresas españolas “es positiva”, ya que “para que los inversores institucionales europeos confíen en las empresas españolas, tienen que tener las mismas normas de referencia”. Las compañías españolas cada vez son más internacionales y, por lo tanto, “es positivo que las directrices de buen gobierno sean similares” en todo el continente; de ahí “que la percepción europea hacia el código español sea buena, porque unifica”, asegura Benito. 

 

Aunque parece que ahora empiezan a acercarse los criterios, es necesario recordar las diferencias, hasta el momento irreconciliables, que existen entre Europa y Estados Unidos porque “las dos normativas son muy distintas entre sí”, explica Benito.

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