Los gestores de fondos soberanos suspenden en sofisticación

En el origen de los fondos soberanos, también conocidos como sovereign wealth funds o fondos de inversión estatales, estaba el estiércol de aves.

En 1956 el gobierno colonial británico del archipiélago de Kiribati en el Pacífico Sur creaba el primer fondo soberano. Por aquél entonces, Kiribati exportaba fosfatos –es decir, guano-, que se empleaban para la elaboración de fertilizantes. El gobierno depositó los royalties de los fosfatos en un fondo de inversión para que, al menos en teoría, las generaciones futuras pudiesen también disfrutar los beneficios de ese recurso exhaustivo. En la actualidad ya no hay guano, pero el fondo, con unos 500 millones de dólares en activos, es diez veces el producto interior bruto del país.

Ahora los fondos soberanos y sus primos –los fondos de pensiones estatales y los fondos de estabilización cambiaria-, florecen por todas partes. Al igual que en el caso de Kiribati, muchos de los fondos de propiedad estatal tienen su origen en la riqueza que se deriva de los recursos naturales del país, en especial de las exportaciones de crudo. Con el precio del petróleo, que se ha multiplicado por cuatro en los últimos cinco años, estados como Rusia o Venezuela están en estos momentos obteniendo más dinero del que prudentemente pueden invertir en su propio país. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, los fondos soberanos controlan unos 3 billones de dólares, y dicha cifra podría alcanzar los 12 billones de dólares para el año 2012. El mayor fondo soberano, el Abu Dhabi Investment Authority and Council, gestiona unos 875.000 millones de dólares.

A pesar de estas cifras exorbitantes, el grado de sofisticación empleado en la gestión de muchos de estos fondos apenas ha alcanzado la adolescencia, afirma Olivia S. Mitchell, profesora de Gestión de Seguros y Riesgos de Wharton y directora del Boettner Center for Pensions and Retirement Research.

En un artículo que se publicará en breve titulado “Managing Public Investment Funds: Best Practices and New Questions (“Gestión de fondos de inversión estatales: Buenas prácticas y nuevas cuestiones”), Mitchell y los profesores John Piggott y Cagri Kumru, de la universidad australiana de New South Wales, sostienen que muchos fondos soberanos no siguen las normas básicas de gestión financiera y la mayoría de ellos ni siquiera parecen esforzarse en compatibilizar sus estrategias de inversión con sus obligaciones financieras futuras. “A medida que han ido creciendo, los fondos soberanos parecen tener un mayor apetito por el riesgo, menor transparencia y mayor opacidad en cuanto a sus objetivos”, se puede leer en el artículo.

Compatibilizar riesgo y obligaciones

Es complicado porque, al menos en teoría, estos fondos estatales deberían gestionarse como los fondos privados en lo que se refiere a compatibilizar las inversiones con los pagos futuros, explica Mitchell. “Tu apetito por el riesgo debería depender del cash flow de tus obligaciones futuras. Hasta que no realices un buen análisis de la corriente de obligaciones que deberás cubrir, resultará imposible saber en qué deberías estar invirtiendo. En la mayoría de los casos estos fondos no desvelan suficiente información como para conocer cuáles son sus obligaciones futuras, así que no podemos saber si sus inversiones son apropiadas para poder cumplir sus promesas futuras”.

Estos tres académicos diseñaron un sistema para evaluar la gestión de los fondos soberanos fijándose sobre todo en tres parámetros: gobernabilidad, responsabilidad pública y prácticas de inversión. De acuerdo con este ranking, los fondos mejor gestionados son el Government Pension Fund de Noruega y el Superannuation Fund de Nueva Zelanda; por otro lado, el fondo Abu Dhabi conseguía la peor nota en gestión en términos de transparencia y responsabilidad. Noruega y Adu Dhabi están invirtiendo una parte de su enorme riqueza petrolífera y Nueva Zelanda está presionando a los contribuyentes para poder ofrecer ingresos para la jubilación a sus ciudadanos. “Nueva Zelanda está gravando a sus trabajadores mientras son jóvenes, de tal modo que los trabajadores de la siguiente generación no tengan que pagar tantos impuestos cuando los actuales trabajadores se retiren”, señala Mitchell. Al igual que muchas otras naciones desarrolladas, Nueva Zelanda se enfrenta a un envejecimiento poblacional debido a una mayor esperanza de vida y a una menor tasa de fertilidad.

¿Qué es lo que hace que Noruega y Nueva Zelanda destaquen del resto de fondos soberanos? Ambos países han creado operaciones que funcionan prácticamente como los modernos fondos de inversión estadounidenses.

“Los fondos bien gestionados son muy explícitos en relación a la procedencia de su dinero y a cuáles son sus objetivos”, sostiene Mitchell. “Informan sobre la naturaleza de sus inversiones y la diversificación geográfica de los fondos. Publican informes trimestrales y protegen a los gestores de los fondos de toda interferencia política. Nueva Zelanda incluso ha elaborado unas pautas de responsabilidad corporativa, subrayando cómo intervendría –si fuese el caso-, en las empresas en las que invierte y describiendo el tipo de activos que desea tener. También publica un manual formal de política de inversión responsable que tiene en cuenta los impactos medioambientales y prácticas de derechos laborales de las empresas en que invierte”.

Asimismo, ambos países intentan mantener sus fondos alejados de las intromisiones políticas, tal vez el mayor peligro para cualquier inversor estatal.

Para conseguirlo, invierten gran parte de su dinero en el extranjero, reduciendo así la presión de los políticos electos para apoyar a determinadas empresas de amigos o simpatizantes o a proyectos locales. Por ejemplo, Noruega tiene cerca del 60% de sus activos en acciones extranjeras y el 40% en bonos extranjeros. Nueva Zelanda tiene 40,5% en acciones extranjeras, 7,5% en acciones del país, 17% en bonos y 35% en otro tipo de activos, incluyendo activos inmobiliarios y capital-riesgo.

Estos dos fondos fueron creados por gobiernos democráticos, y tienen la obligación legal de operar abiertamente, lo cual contribuye a generar apoyos suficientes para sus objetivos financieros. En teoría, si los ciudadanos comprenden y confían en los objetivos del fondo deberían ser menos propensos a reclamar recortes fiscales o mayores beneficios. “Nueva Zelanda ha sido muy explícito; está incrementando sus activos en la actualidad con la esperanza de poder así contribuir a los pagos de pensiones en el futuro”, explica Mitchell. “Se necesita mucha determinación para tener claro ese tradeoff intergeneracional”.

Demasiado tentador

En la administración de su sistema de Seguridad Social. Estados Unidos ha fracasado repetidamente en sus esfuerzos para anteponer las prioridades financieras a las presiones políticas. Cuando el Presidente Franklin Roosevelt defendió el plan nacional de pensiones públicas, nunca se imaginó un sistema como el actual. Roosevelt quería simplemente crear una agencia que recaudase dinero de los trabajadores, lo invirtiese y luego ofreciese prestaciones entre sus contribuyentes así como ciertos rendimientos derivados de las inversiones. “Lo que ocurrió fue que se empezaron a acumular cada vez más activos, y la tentación fue demasiado fuerte: los políticos aumentaron las prestaciones y redujeron la edad de jubilación”, dice Mitchell.

Asimismo, durante la administración Clinton, los responsables de las políticas federales discutieron sobre la posibilidad de invertir en Bolsa parte de los fondos de la Seguridad Social, lo cual provocó un duro debate político. “Un grupo no quería invertir en empresas que no fuesen ecológicas”, recuerda Mitchell. “A otro le preocupaban las empresas que habían transferido puestos de trabajo a otros países. En aquél momento resultó bastante evidente que sería prácticamente imposible aislar al consejo estatal de inversiones de este tipo de presiones. Este podría ser uno de los motivos por el que Australian Future Fund al final invierte todo su dinero en el extranjero”.

Varios fondos soberanos situados en gestión en los puestos más bajos del ranking elaborado por estos académicos no operan en democracias, y por tanto podrían soportar menos presiones para operar bajo criterios de transparencia que sus homólogos en Noruega y Nueva Zelanda. Por ejemplo, Adu Dhabi forma parte de los Emiratos Árabes Unidos y está gobernado por un emir –o príncipe-, el cual preside el consejo del fondo soberano del país.

Mitchell afirma comprender el deseo de los gestores de los fondos de operar en la clandestinidad. “A los inversores les gusta mantener sus estrategias en secreto y así minimizar el riesgo de ser reemplazados”, señala. Este es el motivo por el que muchos fondos especulativos de alto riesgo justifican su secretismo. Pero los hechos pueden demostrar lo contrario. Investigaciones previas de la profesora Mitchell muestran que “una información mejorada sobre los fondos de inversión, incluyendo informes anuales para los accionistas conteniendo información financiera, actuarial, estadística e inversora, incrementa en un 2,1% los rendimientos anuales”.

Manteniendo alejados a los demás

Al final, la política no supone más que problemas para los fondos soberanos. En otras palabras, estos fondos son controvertidos y para algunas personas incluso fuente de temores. Así pues, algunos gobiernos aplican restricciones a inversiones que proceden de fondos extranjeros o están considerando el poder hacerlo. “La Comisión Europea está elaborando un plan para prohibir a los países que no sean miembros de la Unión Europea invertir en el mercado energético europeo”, se puede leer en el artículo. “La canciller alemana, Angela Merkel, ha mencionado el diseño de un sistema similar al implementado en Estados Unidos, donde un comité estatal para inversiones extranjeras debe revisar y aprobar las inversiones extranjeras que pudieran considerarse una amenaza para la seguridad nacional. Semejante proteccionismo financiero podría evitarse si estos fondos de inversiones fuesen más transparentes, sus objetivos más claros y mayor su responsabilidad ante los accionistas”.

La xenofobia y las rencillas son factores que podrían empeorar las cosas aún más. Algunos de los fondos de mayor crecimiento están controlados por países como China –con ideologías que a menudo entran en conflicto con las de Occidente-, o como Irán y Venezuela, cuyos líderes están abiertamente en contra de Estados Unidos y su influencia a nivel mundial.

“Estos fondos de activos estatales gestionados por gobiernos están creciendo drásticamente, precisamente en un momento en que los mercados financieros parecen particularmente frágiles”, explica Mitchell. “Lo más preocupante es que parecen predecir la vuelta del socialismo financiero global. Cuando los gobiernos dirigen estos enormes fondos de dinero sin ninguna transparencia sobre sus objetivos o sus métodos, esto pone nerviosos a muchos políticos y expertos financieros”.

A pesar de que dicha preocupación existe, apenas existe evidencia de que los gobiernos hayan intentado utilizar sus fondos para algún tipo de manipulación o artimaña política. En todo caso, algunas de las últimas decisiones tomadas por varios fondos soberanos podrían considerarse más bien torpes, pero en ningún caso siniestras. Por ejemplo, uno de los fondos soberanos de China adquirió el pasado año 3.000 millones de dólares en acciones de Blackstone, una firma de capital-riesgo de Estados Unidos. Desde entonces el valor de las acciones de Blackstone no ha hecho otra cosa que caer al compás del resto del sector financiero estadounidense. Hoy en día dicha participación apenas superaría los 2.000 millones de dólares.

Asimismo, en noviembre el fondo soberano de Abu Dhabi invertía unos 7.500 millones de dólares en Citigroup. Al igual que muchos otros bancos estadounidenses, Citigroup se ha visto afectado por la crisis hipotecaria y la cotización de sus acciones han caído un 40% en lo que va de año.

Es probable que muchos otros fondos soberanos también hayan realizado malas inversiones, pero dada la propensión a mantener sus operaciones en secreto, ningún experto independiente –ni tampoco la profesora Mitchell-, puede confirmar estos hechos. “No sabemos cuántos de éstos fondos tienen valores con garantía hipotecaria; también desconocemos el daño que pueden haber causado a los fondos de activos estatales”, explica Mitchell. “Tan sólo podemos ver la punta del iceberg; seguro que han sufrido bastantes daños”.

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