El caso Odebrecht, un escándalo de corrupción de dimensiones continentales

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El momento clave del escándalo Odebrecht tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la multa de US$ 3.500 millones que el gigante brasileño de la construcción y su filial petroquímica Braskem se habían comprometido a pagar en Nueva York en un acuerdo extrajudicial alcanzado con los Gobiernos de Brasil, EEUU y Suiza, estos dos últimos países también estaban investigando a la compañía por corrupción. Como parte del acuerdo, los altos ejecutivos de la compañía se declararon culpables de haber sobornado durante más de una década a funcionarios públicos, políticos del más alto nivel y parlamentarios en numerosos países donde la compañía tiene intereses. Gracias a ello, la empresa de 168.000 empleados y con ramificaciones en 28 países se liberaba de la prohibición de concursar obras públicas, que son su principal fuente de ingresos.

Varios meses antes, el presidente de la multinacional Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de cárcel por el escándalo de corrupción en Brasil. Odebrecht se había resistido a colaborar con la Justicia hasta entonces, pero la situación delicada en que se encontraba el grupo empresarial que había fundado su abuelo, junto con las pruebas recogidas por los investigadores y la promesa de rebajar a la mitad su condena le hicieron finalmente claudicar. Otros 77 altos cargos también se han ofrecido a colaborar con las autoridades a cambio de las reducciones de sus condenas. Las confesiones están protegidas por el secreto de sumario, pero algunas ya se han filtrado a la prensa y se espera que, cuando se hagan públicas, sean todo un bombazo por la relevancia de las personas implicadas y su capacidad de agitar los cimientos de varios Gobiernos de la región con la consiguiente repercusión en sus economías.

El mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina es una ramificación de la Operación Lava Jato (lavadero de autos en español) sobre blanqueo de capitales de grandes contratistas con la semiestatal energética Petrobras que se investiga en Brasil desde el año 2014. En total, se calcula que Odebrecht y Braskem pagaron entre 2001 y 2016 unos US$ 788 millones vinculados con un centenar de proyectos en varios países de América Latina, pero también en Mozambique y Angola, antiguas colonias portuguesas en África.

Escándalo continental

Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, señala que el escándalo tiene dimensiones continentales “no solo por el volumen del dinero que se ha usado en maniobras de corrupción, también por el número de países implicados tanto en América Latina como fuera de ella [12 en total], así como por los niveles de la política a los que llegó este esquema de corrupción. Es indudable que sin altas complicidades en la política brasileña, y con este me refiero a las más altas, no hubiera sido posible que una sola empresa, por muy poderosa que sea, hubiera puesto en marcha un esquema como este sin contar con el respaldo de su país. Algo así, de esta magnitud, no puede salir adelante”.

En concreto, Malamud se refiere a la posible implicación y conocimiento de las actividades ilícitas por parte del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2011) y su Partido de los Trabajadores (PT) que numerosos analistas y gran parte de la opinión pública dan por descontadas. “Sin el apoyo de Lula, que fue el gran valedor de Odebrecht en el exterior, esto no hubiera sido posible”, asegura el investigador. El ex presidente podría acabar en la cárcel si se comprueban las acusaciones de la Policía Federal de haberse beneficiado directamente de un soborno pagado por Odebrecht e intermediado por su entonces ministro de Hacienda. Lula, fundador del PT, se enfrenta a otros dos juicios vinculados a la operación Lava Jato. En su defensa, él dice estar viviendo una cacería judicial con el objetivo de minar su fuerza política de cara a su posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2018.

El descontento de los brasileños con la corrupción, sumado a la recesión que vive el país desde hace dos años —la economía cayó un 3,6% en 2016— ya acabaron en junio del año pasado con la presidencia de su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016) y pueden comprometer la del actual mandatario Michel Temer, todo dependerá de las confesiones que haga Marcelo Odebrecht y el resto de ejecutivos a la Justicia, pero su nombre ya ha salido a relucir en la prensa como posible implicado.

Independientemente del desenlace en Brasil, toda la clase política latinoamericana está siendo observada con lupa en estos momentos. El alcance del escándalo a nivel continental “va a depender de las declaraciones de los arrepentidos”, dice Malamud. El investigador relata que “ya hemos sido testigos de cómo Alejandro Toledo, presidente de Perú entre 2001 y 2006, está siendo buscando por la Justicia de su país, también se habla de la implicación de su compatriota, el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016)”. La Fiscalía peruana ha pedido 18 meses de prisión preventiva contra Toledo por supuestamente haber recibido US$ 20 millones de Odebrecht a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Humala, por su parte, habría recibido $US 3 millones para su campaña presidencial. La misma acusación pesa contra el presidente colombiano Juan Manuel Santos, aunque tanto la cuantía —US$ 1 millón— como “la situación es diferente porque no hay pruebas concluyentes contra él”, asegura Malamud. Sin embargo, él añade que “está claro que altos niveles de la política latinoamericana estaban implicados, sobre todo porque la labor de Odebrecht en el exterior estaba vinculada a proyectos de infraestructuras públicas y esto llevaba a una colusión importante entre la empresa y la necesidad de conseguir las licencias de los permisos necesarios para que esas obras fueran adjudicadas”.

En Argentina, se pensaba que el caso Odebrecht estaría ligado de forma exclusiva al kirchnerismo —que estuvo en el poder 13 años, primero con Néstor Kirchner y luego con su esposa Cristina—, ya que la investigación judicial sobre la multinacional brasileña desvela que intermediarios en estos últimos años se llevaron US$ 35 millones para permitirle el acceso a contratos por valor de unos US$ 278 millones. Sin embargo, Mauricio Macri, sucesor de Cristina Fernandez de Kirchner y presidente desde hace poco más de un año, también se ha visto salpicado de forma indirecta, lo que le ha llevado a incluir la lucha contra la corrupción en su discurso político. “Ayer mismo [por hace una semana] en el parlamento [de España, país donde se encontraba de visita] dedicó una parte importante del tiempo a hablar sobre la corrupción, sobre cosas que le afectan de manera cercana en la medida que uno de sus primos está involucrado en el escándalo”, destaca Malamud.

Las clase política de otro peso pesado del continente, como México, también se ha visto salpicada por el caso. Directivos de Odebrecht admitieron a las autoridades judiciales de EEUU el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano entre octubre de 2013 y finales de 2014. No se sabe a ciencia cierta el nombre de la empresa, pero algunas miradas se dirigen a Pemex, la petrolera estatal, que ya ha anunciado que revisará los proyectos otorgados a Odebrecht para la construcción de un gasoducto en el norte del país y para el acondicionamiento de un terreno para la construcción de una refinería en el Estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México.

De momento, las autoridades de estos países y otros están investigando a la multinacional brasileña y los proyectos en los que ha participado. El proceso penal por cuenta del escándalo parece que va para largo, pero en general la respuesta que entreguen los diferentes países ante el caso “va a depender en buena medida de cómo actúe cada justicia nacional”, dice Malamud.

Repercusiones políticas y económicas

En opinión de Julio Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, en Buenos Aires, este caso prueba que “la corrupción, con matices, está fuertemente extendida en la región”. Escándalos como este, dice, “desnudan una practica corrupta generalizada entre las grandes empresas y los Estados Nacionales”. Y añade que “sus efectos son el enriquecimiento de una minoría social que articula con la burocracia estatal y los partidos sistémicos una extensión del empobrecimiento sobre la mayoría de la sociedad”.

Por otro lado, a pesar de que este escándalo y otros de menor magnitud comunican la idea que la corrupción está instalada en la forma de hacer negocios en la región, desmoralizan a la población sobre la clase política y su legitimidad, existe un consenso generalizado sobre las consecuencias saludables que la profundización de las investigaciones puede tener para el fortalecimiento de la democracia. En opinión de Malamud, “dependerá de cómo actúe la Justicia y el Gobierno de cada país, pero, en líneas generables, debería incentivar las iniciativas legislativas para implementar leyes que hagan más difícil la corrupción, que la castiguen y que marquen claramente las diferencias entre lo público y lo privado”.

Anita Kon, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP), en Brasil, cree que el enfoque de las instituciones judiciales y legislativas (Cámara y Senado), además de los gobiernos ejecutivos de su país para minimizar los daños causados por el caso Odebrecht ya está yendo por el camino adecuado, “a través de la investigación y la sanción efectiva de los responsables, así como el intento de compensar los fondos desviados”. Por otra parte, ella considera que estas instituciones deben “validar de forma efectiva las reformulaciones del sistema regulatorio necesario para evitar los desvíos causados por la corrupción y otras formas de operativa ilegal en la manera de hacer negocios”.

En el caso concreto del sector de las infraestructuras, clave para el desarrollo de América Latina, las revelaciones de corrupción sistemática han permitido, añade Kon, “desenmascarar la antigua situación de funcionamiento corrupto de las tomas de decisiones sobre la inversión en la infraestructura del Gobierno brasileño y las formas de concesión de licitaciones para las empresas industriales. Esto ha hecho tomar conciencia a los agentes del país sobre la necesidad de transparencia de las decisiones gubernamentales y la regulación efectiva de estas acciones, junto con el control, la identificación y la penalización de los desvíos [de dinero]”.

El mensaje que, en su opinión, se envía con este escándalo a las empresas de ingeniería o de construcción, tanto locales como extranjeras, sobre la manera de hacer negocios en la región con las instituciones públicas es muy fuerte, “en el sentido de que existe una necesidad de revisión total de las formas de competencia de las licitaciones y la idoneidad de estas selecciones”. Por otro lado, también se está dejando claro con las sanciones que “la impunidad anterior está dando paso a nuevos valores en cuanto a la forma de funcionamiento de las empresas que desean competir en este campo. Creo que las formas de hacer negocios en el país están experimentando cambios significativos hacia una mayor transparencia”.

Sin embargo, ella cree que no se podrán sortear los efectos negativos, como son: “la paralización de este tipo de obras; el desvío y la pérdida de recursos financieros; una alta tasa de desempleo y la quiebra de otras empresas [auxiliares]; pero, principalmente, la falta de credibilidad tanto del Gobierno como de las empresas involucradas en las nuevas inversiones”. La industria de la construcción, explica, tiene muchos efectos multiplicadores sobre “empresas proveedoras de insumos para las obras (backwards effects) y efectos sobre las empresas de servicios que permiten la operatividad de la construcción (forward effects). Por lo tanto, todos los sectores relacionados con estos efectos se encuentran paralizados, en condiciones de quiebra y con altas tasas de eliminación de obra de mano”.

El sector de infraestructuras no es el único ni el más afectado, Kon destaca que los gobiernos estatales y municipales de su país, “así como el federal, están en condición de quiebra como consecuencia de la continua apropiación indebida de los recursos en todos los niveles, lo que reduciría los ingresos del Gobierno y aumentaría considerablemente el déficit”.

Para hacer frente al rastro que el escándalo está dejando tras de sí, Kon señala que estos diferentes gobiernos, así como el Congreso deberían agilizar las reformas macro y microeconómicas que conduzcan al equilibrio y al retorno de la credibilidad para permitir nuevas inversiones productivas. “Estas medidas (reforma fiscal, la legislación laboral, el sistema de la Seguridad Social, etc.) ya están siendo implementadas por parte del Gobierno Temer”, dice. Sin embargo, necesitan mucho tiempo para mostrarse eficaces, “tanto por el desfase de los efectos económicos de las nuevas medidas, como por la visión distorsionada de la mayoría de los miembros del Congreso, cuyas acciones tienen como objetivo los beneficios electorales personales”.

Las denuncias de Odebrecht, explica Kon, han puesto en la diana a miembros relevantes del Congreso de Brasil que para salir del atolladero están tratando de crear sistemas de defensa a través de reformas políticas que favorezcan la impunidad. “Esta es una de las dificultades políticas que más obstaculizan la realización de reformas correctivas”, comenta. Sin embargo, ella destaca que las elecciones para alcaldes y miembros del ayuntamiento celebradas en el año 2016 “ya han puesto de manifiesto que la mayoría de la población es ahora más consciente de la necesidad de poner en estas instituciones a representantes con valores sociales mejor definidos. Creo que las próximas elecciones para presidente, senadores y diputados, pueden contribuir a la renovación de los miembros del Congreso que mantienen valores personales por encima de las necesidades del país. Así lo espero”, concluye. Un escenario de regeneración política que también podría empezar a darse en otros países de América Latina.

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