El dilema del petróleo mexicano: La redefinición de Pemex

México está quedándose sin petróleo. El sexto mayor productor de petróleo del mundo y la tercera mayor fuente de importación de petróleo bruto de EEUU está experimentando una caída de producción en sus principales yacimientos de petróleo, y los pozos podrían secarse en menos de una década. Mientras tanto, la estructura y la administración de Pemex (Petróleos Mexicanos), el monopolio estatal de petróleo de México, asociadas a la dependencia histórica del Gobierno de sus ingresos, han reducido la capacidad del país de reforzar sus reservas. El Gobierno celebra la reciente aprobación de un proyecto de ley que beneficia a Pemex, pero los cambios puestos en práctica son extremadamente cautelosos. Los expertos prevén el estancamiento de las reservas mexicanas.

Pero no todo está perdido. La tormenta derivada de todo esto puede acabar salvando a México. La verdad es que Pemex simplemente no puede sufrir ajustes. Necesita evolucionar ante las presiones externas para continuar siendo viable y garantizar la independencia energética del país a largo plazo. El cambio vendrá, pero para eso ha sido necesario que el sector energético del país entrara en crisis.

¿Qué está causando los problemas de abastecimiento? De acuerdo con el ministerio de Energía, los campos de petróleo mexicanos están experimentando un declive acelerado. Con las manos atadas por el Gobierno, Pemex no ha podido destinar los recursos necesarios para la explotación de nuevas fuentes de petróleo. En consecuencia, la disponibilidad del petróleo bruto caerá de 3,5 millones de barriles al día, en 2003, a cerca de 2 millones en 2016.

Por otro lado, la demanda de productos derivados del petróleo está aumentando, se trata de una demanda que la producción local no está en condiciones de atender. Hay proyectos para aumentar la capacidad de la producción, pero como el país no dispone de refinerías avanzadas, la balanza comercial registra resultados negativos en derivados como gasolina y combustible. Irónicamente, aunque el país sea rico en recursos petrolíferos, México exporta petróleo crudo y, a continuación, reimporta productos refinados, perdiendo con eso valor e ingresos potenciales que van a parar a manos de empresas extranjeras. Aún peor, la pérdida de la autosuficiencia tanto en lo que concierne al petróleo crudo como a los productos refinados suscita serias preocupaciones acerca de la seguridad del país a largo plazo.

Pemex pertenece y es administrada por el Gobierno. El liderazgo de la empresa cambia cada seis años (de acuerdo con el mandato presidencial) y, eso, la obliga a tener una visión de corto plazo acerca de los resultados frente a una perspectiva de largo plazo. Hasta la reforma de octubre de 2008, la empresa estaba liderada por un consejo de administración formado por miembros del gabinete presidencial y líderes sindicales de la industria. El reparto tenso de poder por parte de intereses muy diferentes complicó, desde el punto de vista histórico, la toma de decisiones e inhibió la ejecución de un proyecto coherente de la empresa.

La reforma necesaria

Además de todos esos desafíos, Pemex aún tiene que pagar incontables impuestos al Gobierno. Esto significa que la reinversión enfocada hacia el crecimiento es prácticamente imposible. Se estima que la empresa paga cuatro veces más impuestos que la media de las empresas mexicanas privadas y tres veces más que otras compañías petrolíferas. El Gobierno depende de Pemex para el abastecimiento de buena parte (cerca de un 40%) del presupuesto fiscal. El Estado se lleva directamente los beneficios de la empresa que, a continuación, redistribuye los ingresos para proyectos sociales y para Pemex. Ya que las iniciativas sociales continúan siendo críticas para mantener la aprobación popular, el Gobierno mexicano invariablemente evita sacar dinero de los presupuestos destinados a la salud, educación y otras iniciativas sociales para invertir en el futuro de Pemex. Desafortunadamente, las reformas fiscales, que se deberían haber hecho hace tiempo, y cuyo propósito sería el de reducir la dependencia del Gobierno de Pemex, continúan siendo impopulares y ya hay pruebas de que serían extremadamente difíciles de poner en práctica.

Y para complicar aún más las cosas, la competencia —que estimula la innovación y la eficiencia— es inexiste, ya que Pemex está protegida por políticas nacionalistas del Gobierno mexicano, que confiere a la empresa estatus de monopolio dentro del país. Por tanto, Pemex no ha invertido en investigación y desarrollo y ahora carece del conocimiento especializado para competir en el mercado global. La prospección en aguas profundas, por ejemplo, que mucha gente cree indispensable para impulsar la recuperación de las reservas en declive, está más allá de la capacidad técnica de la empresa.

Profesionales extranjeros tienen el conocimiento necesario para ayudar a Pemex, pero incluso después de la reciente reforma, la ley mexicana continúa prohibiendo que los extranjeros adquieran participación en el sector de petróleo o inviertan en prospección, producción y transporte. Con la reforma, Pemex espera beneficiarse del conocimiento de profesionales extranjeros contratándolos para la explotación y producción de petróleo. Pero las grandes compañías del sector tal vez no consideren la propuesta atractiva si no hay incentivos de participación en la empresa. Por lo tanto, Pemex tiene deficiencias estructurales y, bajo muchos aspectos, no puede realizar su objetivo de garantizar la independencia energética para el Estado mexicano.

El dilema de Pemex es resultado de décadas de mala gestión. En 1938, la industria petrolífera mexicana fue nacionalizada por el presidente Lázaro Cárdenas en una actitud populista que redistribuyó la riqueza para los ciudadanos y ratificó la soberanía de la nación durante la prolongada recuperación que siguió a la Revolución Mexicana. Los efectos de ese periodo persisten hasta la actualidad: la constitución mexicana considera la energía un sector estratégico y, por tanto, fuera del alcance de extranjeros.

La industria del petróleo fue expropiada por el Gobierno durante la infancia moderna de México y se volvió una pieza fundamental de su identidad. Los mexicanos, por lo tanto, tienen fuertes lazos emocionales con la producción de energía nacionalizada, que actualmente es gestionada por Pemex. Ernesto Marcos, ex director financiero de la empresa, describe a la estatal como “sinónimo del símbolo máximo de la identidad cultural mexicana: la Virgen de Guadalupe. La nacionalización del petróleo está íntimamente asociada a nuestra identidad de país y a nuestra soberanía como nación independiente. Es casi un mito religioso, un objeto de devoción”.

No sorprende, por tanto, la creencia generalizada de que Pemex pertenece al pueblo y debe seguir perteneciendo. Muchos ciudadanos creen que la compañía nacional pone comida en la mesa y beneficia al país, mientras una empresa privatizada beneficiará a los extranjeros ricos y robará a los mexicanos los beneficios procedentes del petróleo. Ese paño de fondo histórico ha marcado el tono al debate que llevó a la aprobación de un proyecto de ley a finales de 2008 teniendo por objeto una Pemex más débil, y que continuará restringiendo otras iniciativas de modernización de la estatal.

En el debate en torno al proyecto de ley de Pemex, la relación histórica del país con el petróleo ha tenido una importancia fundamental. Los tres mayores partidos —el PRI (Partido Revolucionario Institucional), PAN (Partido de la Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática)— aceptaron la necesidad de reforma, pero se resistieron a la idea de su ejecución. El PAN, partido del presidente Felipe Calderón, favorable a las empresas, inició la reforma en el sector del petróleo con la esperanza de introducir pequeñas modificaciones que pudieran ser ampliadas transformándose en reformas más sustanciales y permitiendo la transferencia de conocimiento especializado internacional imprescindible para la estabilización de las reservas.

Del otro lado, el PRD, de orientación nacionalista e izquierdista, dice que la pérdida mínima de soberanía sobre las reservas de petróleo constituye una afrenta a la Constitución y una violación directa de la ley. Esa resistencia ha quedado cristalizada por el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo padre nacionalizó la industria, cuando proclamó como “alarmista” la preocupación por la disponibilidad de recursos proponiendo la aprobación de políticas nacionales para que hubiera el crecimiento, el desarrollo y la inversión orgánicos necesarios en el país. El PRI, que gobernó México durante mucho tiempo, se sitúa en algún punto entre esas dos posiciones extremas. Muchos creen que el partido —cuyos votos fueron decisivos durante el debate de la reforma— dudó a la hora de posicionarse en la esperanza de conseguir más concesiones de los partidos rivales.

Desafortunadamente, la reforma, perjudicada por la política y por la historia del país, no será suficiente para salvar a Pemex. Por un lado, el proyecto de ley aprobado por el Congreso contiene diversas medidas que darán más flexibilidad y transparencia a las operaciones de Pemex. En primer lugar, la reforma prevé la inclusión de miembros independientes en el consejo de administración para la formación de un liderazgo más equilibrado, enfocado hacia los negocios y menos politizado. Especialistas como Isidro Morales Moreno, director de gobernación y administración pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, creen que el concepto es loable y que Pemex ciertamente se beneficiará de las tomas de decisión de profesionales expertos en un consejo más equilibrado. La reforma prevé también un sistema de auditoria independiente, que deberá permitir una mayor transparencia en los gastos y tomas de decisiones.

Lidiando con lagunas críticas

Finalmente, la reforma garantiza un presupuesto mayor y mayor autonomía de gestión, liberando el proceso de compras y dando más agilidad a la empresa. Pero esos cambios, aunque contribuyan a mejorar la situación de la empresa, no tratan las principales lagunas de la estructura actual de Pemex. Hay debilidades que continúan sin solución: permiso para que haya inversiones privadas limitadas que ayudarían a la reducción de los costes operativos y la mejora del desempeño; reducción de los impuestos pagados por Pemex, posibilitando la planificación presupuestaria para actividades de largo plazo, como la explotación de nuevas reservas de petróleo, entre otras cosas. Además de eso, jamás se han analizado totalmente los recursos que permitirían atraer la transferencia de tecnología necesaria para la estabilización de las reservas a través de la perforación en aguas profundas. Se pueden contratar empresas extranjeras para ayudar y compartir sus tecnologías, pero es poco probable que inviertan en la industria de petróleo mexicana. Aunque la reforma haya sido elogiada por todos los partidos políticos, se ha quedado demasiado corta para salvar a México de una futura dependencia energética.

De acuerdo con Marcos, ex director financiero de Pemex, la reforma deja mucho que desear. Cada punto revela un compromiso débil que refleja el clima político controvertido y los reveses de intentos anteriores de reforma. Por ejemplo, los miembros “independientes” que serán incluidos en el consejo de administración serán designados por el Ejecutivo. Nadie deberá sorprenderse si esos expertos tienen que enfrentarse a las mismas presiones políticas que los actuales gestores de Pemex y ser víctimas de la misma miopía, dejando sin solución una de las principales deficiencias de Pemex. Además de eso, la reforma en su estado actual poco hace para cambiar la relación parasitaria que existe actualmente entre el Gobierno y la empresa. La reforma propuesta no alivia la carga fiscal de Pemex. La falta de diversificación de la base fiscal de México representa un riesgo de insolvencia para el Gobierno, en la medida en que los campos de petróleo corren el riesgo de secarse, los precios del gas fluctúen y la financiación para la explotación continúe siendo escasa o imprevisible.

Para la población mexicana, Pemex significa muchas cosas: empresa lucrativa, símbolo nacional reverenciado y parte fundamental de la soberanía e independencia de México. A fin de cuentas, sin embargo, Pemex es una compañía de petróleo, y las compañías de petróleo dependen de la explotación para sobrevivir. Como institución estatal, la empresa es estructuralmente incapaz de financiar los riesgos necesarios para la explotación de éxito de petróleo. Hay buenas alternativas para la resolución de ese problema cada vez más crítico, pero pesa sobre ellas el tabú de la inversión privada. Debido a la aversión histórica de México hacia las empresas y a las recientes dificultades con la privatización de otras industrias, cualquier acuerdo entre Pemex y el interés privado difícilmente tendrá un buen desenlace. Si las reservas recientemente descubiertas son suficientemente grandes, el país mantendrá su importancia geopolítica como fuente segura de petróleo.

Como es inevitable, cuestiones críticas como el gobierno corporativo, la inversión privada y la carga fiscal más reducida son objeto de disputas y difícilmente brotarán de otras reformas llevadas a cabo en el actual escenario político. Por lo tanto, Pemex y México están en el camino de colisión con la crisis, un escenario que el grupo independiente de análisis CERA cree necesario para estimular la acción. Paradójicamente, la crisis podría lograr que los partidos políticos sepulten sus diferencias y volver a crear una Pemex que pueda, de hecho, ayudar a México a lidiar con un mundo cuyo sector de energía está cambiando. De acuerdo con CERA, es preciso algo más que una Pemex reforzada para resolver el problema. Los desafíos técnicos, de inversión y de gestión de riesgo que enfrenta la industria de petróleo mexicana no pueden ser fácilmente solucionados por una única empresa. Para sobrevivir, el riesgo de la explotación necesita ser distribuido entre las empresas privadas. Pemex precisa, por lo tanto, permiso para establecer asociaciones externas que le permitan la adquisición de la tecnología y de las habilidades necesarias.

México ya se ve obligado a importar productos refinados debido a la estructura insuficiente de refino del país. A medida que el consumo continúe superando la explotación y el desarrollo, la empresa mexicana en breve ya no estará en condiciones de proveer a la población y la industria del país con un suministro estable de petróleo. En la medida en que la contribución del petróleo a los ingresos del Estado comience a evaporarse, lo mismo sucederá con el rating de crédito basado en los recursos del país y con la confianza en general del inversor en la estabilidad de largo plazo del país. La caída en los precios del petróleo puede acelerar esa crisis inminente, dando el ímpetu necesario para que el Gobierno, con poco dinero, introduzca un cambio real y permita a la empresa evolucionar de forma más sostenible. Una Pemex administrada, financiada e incentivada de forma independiente puede volverse la nueva marca del Gobierno mexicano. Así como la nacionalización del petróleo lanzó las bases del moderno Estado mexicano a principios de los años 30, una Pemex más flexible e innovadora podrá galvanizar el espíritu democrático hoy emergente en el país. Desafortunadamente, para que tal perspectiva se concrete, todo indica que la crisis será inevitable.

Este artículo ha sido escrito por Megan Lan, Marcelo Silva y Renzo Weber, todos ellos miembros de Lauder Class 2010.

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