Europa pone coto a la inversión especulativa de los grandes fondos

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La Unión Europea (UE) se prepara para poner coto a los fondos que invierten a corto plazo en compañías cotizadas y acaba de aprobar una directiva pionera a nivel mundial que obligará a estos inversores a hacer pública su estrategia de inversión en el sentido más amplio del término. Se trata de la Directiva de la Comisión y del Parlamento Europeo 2017/828, del 17 de mayo de 2017, sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas, tal y como explica en una entrevista con Universia Knowledge@Wharton Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro fundador de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia de España, además de autor y coordinador de numerosas publicaciones, como el Código de Comercio y Leyes Mercantiles (Editorial La Ley) o la obra Derecho de las Sociedades Anónimas Cotizadas: Estructura de Gobierno y Mercados.

Este experto considera que la nueva directiva, que deberá trasladarse a los ordenamientos de los estados miembros entre 2018 y 2019 como muy tarde, marca una tendencia “hacia una nueva política legislativa de la UE en relación con las grandes sociedades cotizadas”. En cuanto a la necesidad de regular este ámbito, Alberto Alonso Ureba se remite a la propia exposición de motivos de la directiva de la UE: “La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que los inversores institucionales y los gestores de sus activos no suelen implicarse en las sociedades en las que invierten” y desde los mercados de capitales “ejercen presión sobre las sociedades para que obtengan resultados a corto plazo, poniendo en riesgo las inversiones en I+D y, ligado a ello, la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de las sociedades en perjuicio de éstas, de los inversores últimos (pequeños accionistas) y de la sociedad civil”.

En opinión del catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, no hay que olvidar que los grandes fondos representan, de media, más del 50% del capital social de las compañías europeas y, por tanto, su estrategia de inversión tiene importantes repercusiones en la evolución de las empresas en las que participan. “Son capaces de controlar grandes porcentajes de un grupo y no hay que confundirlos con un accionista particular, ya que son profesionales de la inversión”. Y, según el experto, buscar la rentabilidad a corto plazo no siempre es lo mejor para una compañía, que crea valor en el largo plazo. En las Bolsas europeas sobran ejemplos de dramas bursátiles, como los ataques bajistas que ha sufrido la entidad española Banco Popular en los últimos meses y que se ha saldado con la resolución del grupo y posterior venta a Banco Santander por un euro, lo que ha supuesto la pérdida de toda la inversión a los accionistas y bonistas de Popular.

Aplicación de la directiva

Alberto Alonso Ureba explica que cada país podrá llevar esta directiva tan lejos como desee, pero hay unos mínimos que todos deberán exigir. Los fondos de inversión que participen en alguna sociedad cotizada europea, independientemente de dónde tengan su sede (por lo que afectaría también a los de Estados Unidos, principal país de donde proceden este tipo de firmas), deberán publicar información sobre las estrategias de inversión y cómo las aplican; las políticas de implicación en las sociedades y cómo tienen pensado ejercer sus derechos, como el de voto en las juntas; los gestores de activos deberán explicar la composición y rotación de las carteras de valores, es decir, cuándo y por qué compran o venden acciones de una compañía, e incluso tendrán que hacer público los instrumentos que utilicen, como los préstamos. También será obligatorio introducir mecanismos de evaluación y rendición de cuentas de los gestores, así como ser transparentes con los acuerdos entre inversores institucionales (por ejemplo, en el caso de alianzas para tomar el control de una empresa o alinear su voto en una junta) y la política de remuneración de los gestores.

En la práctica, esto supone que las firmas de inversión colectiva deberán “hacer pública la política de implicación en las sociedades en las que participa y abordar expresamente cómo hacen el seguimiento de la estrategia de la sociedad, así como de sus riesgos, rendimientos financieros y no financieros, impacto social y medioambiental, estructura de capital y gobierno corporativo; también han de explicar cómo ejercen los derechos de voto, cómo cooperan y se comunican con otros accionistas o qué contactos mantienen con las sociedades en las que invierten”, explica Ureba. Esta política deberá difundirse en la página web de cada fondo, aunque los países de la UE podrán establecer otros mecanismos adicionales para dar publicidad a la información.

La polémica está servida porque, como apunta el catedrático, esta normativa es pionera a nivel mundial y “supone una revolución en los temas de buen gobierno”, sobre todo en Europa, donde hasta ahora estas medidas eran recomendaciones voluntarias y ahora no sólo se hacen obligatorias, sino que además se extienden a los grandes accionistas, que podrían incluso verse forzados a publicar información sensible que dé pistas también a sus competidores. En opinión de Ureba, “la clave está en la medida con la que se aplique, sin forzar a revelar datos que sean estratégicos o competitivos”. Aun así, habrá que esperar alrededor de un año hasta que se conozca el alcance real de la normativa en cada país europeo.

Asesores de voto

Además de los grandes fondos, la directiva también afecta a otros jugadores clave en la inversión de cotizadas: los proxy advisors o asesores de voto. Se trata de consultoras que aconsejan a los fondos, pero principalmente a accionistas más pequeños con menos recursos para obtener información sobre compañías en las que participan, sobre cómo deberían votar en la junta general. El papel de estos expertos siempre ha estado en el punto de mira, generalmente por parte de las propias compañías, que se quejan del poder en la sombra que tienen este tipo de asesores sin ni siquiera ser accionistas. Cuando entre en vigor la nueva normativa, los proxy advisors tendrán la obligación de aprobar y difundir su código de conducta, así como explicar si lo cumplen o no. También deberán revelar a los mercados sus procedimientos de investigación, asesoramiento y recomendaciones de voto, e incluso informar de si existe algún tipo de situación o relación que suponga un conflicto de interés a la hora de emitir su informe.

A pesar de lo polémicas que pueden resultar este tipo de iniciativas, el catedrático ve con buenos ojos estos avances legislativos, porque, en su opinión, “está en juego la confianza de la sociedad civil en los mercados de capitales”, ya que “estos accionistas, gracias a sus políticas de inversión y desinversión, tienen la capacidad de influir en la gestión y el control de una compañía más allá de su participación en las juntas generales”. Se refiere, por ejemplo, a que mientras que un minoritario sólo puede expresarse y votar en estas asambleas, un gran fondo, con el simple hecho de amenazar con vender un paquete de acciones del 20%, puede lograr que el consejo de administración de una empresa tome decisiones que favorezcan la permanencia de este inversor. En la práctica, eso es controlar un grupo sin tener la mayoría accionarial. Y eso es, entre otras cosas, lo que pretende evitar la Comisión Europea con la nueva directiva.

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