La contabilidad de Enron se queda pequeña en comparación con el sector de pensiones públicas

El crecimiento de la deuda del sector de pensiones públicas —según una estimación, el Gobierno de EEUU tiene un déficit de US$ 757.000 millones respecto a sus promesas de financiación del sector— tiene lugar en un momento en que un número sin precedente de baby boomers está cerca de la edad de jubilación. Unos 10.000 boomers cumplen 65 años todos los días, según datos del Pew Research Data Center.

En los planes de pensiones con un volumen mayor de fondos, la abundancia de jubilaciones no es más que una gota en el océano, ya que se trata de un cambio demográfico previsto hace décadas cuya financiación fue planeada de forma apropiada. En los sistemas menos sólidos, sin embargo, las jubilaciones se enfrentan a recortes generalizados de beneficios —que afectan a los nuevos trabajadores, los trabajadores actuales y jubilados—, beneficios que antes eran tan sólidos como una roca. Una generación de trabajadores hoy se pregunta si sus pensiones serán capaces de aprovisionar los fondos que necesitan para pagar las cuentas en el futuro, cuando se jubilen.

"Esa es una preocupación muy común, y totalmente justificada", observa Olivia Mitchell, profesora de Economía corporativa y Políticas públicas y directora ejecutiva del Consejo de Investigaciones de Pensiones [Pension Research Council] de Wharton. "Creo que la perspectiva de jubilación se ha vuelto más arriesgada hoy que en las generaciones pasadas. Se están recortando lo planes médicos para los jubilados que ofrecen los empleadores; el Medicare actual está al borde de la insolvencia. Las personas esperaban jubilarse con lo poco que habían ahorrado, pero que ahora no genera ningún interés. La situación de la Seguridad Social es pésima. Los inmuebles residenciales no valen lo que las personas creían que valdrían, por lo tanto los ahorros se han reducido mucho […] El escenario no es nada agradable para mucha gente".

Repartir el sufrimiento

En los planes de pensiones con beneficio definido, los jubilados reciben un montante fijo al mes durante toda su vida. Muchas veces, los pagos toman en cuenta el aumento del coste de vida. Además, buena parte de los planes tienen una cláusula según la cual, en caso de muerte de uno de los cónyuges, el cónyuge que sobreviva pasa a recibir el beneficio.

Un plan de contribución definida, como es el caso del 401(k), traslada al empleado los riesgos de la jubilación. El empleador permite que los trabajadores contribuyan con un porcentaje de su salario al plan, y muchas veces equiparan esas contribuciones hasta un cierto límite. Los planes tienen más portabilidad que las pensiones, lo que permite al trabajador llevarse sus inversiones cuando se cambia de empleo, pero él es el que tiene que ahorrar, gestionar sus inversiones y cerciorarse de que sus ahorros serán suficientes para sus años de jubilación.

Las pensiones con beneficios definidos son más comunes hoy en día en el sector público, ya que la mayor parte de los empleados del sector privado hace tiempo que las abandonaron emigrando a los planes de contribución definida. Pero muchos gobiernos estatales tienen obligaciones actualmente con los fondos de pensiones, forzando así a los legisladores a considerar la posibilidad de cambios. La regla — muchas veces no escrita y otras veces definida constitucionalmente— decía que los cambios en los planes de pensiones se restringen a aquellos que aún no han sido contratados, o a trabajadores que están iniciando sus actividades en el sector público.

"No es aconsejable cambiar las normas del juego en los casos de quienes no están, de hecho, en condiciones de ajustarse. El cambio de reglas es particularmente dolorosa para quien ya está jubilado o cerca de jubilarse", dice Alicia Munnell, profesora de ciencias de la administración de la Escuela de Negocios Carroll de Boston College y directora del Centro de Investigaciones de Jubilación de la escuela. "Es algo preocupante".

Pero eso fue exactamente lo que sucedió en Rhode Island. En 2011, el Estado creó un sistema de contribución definida semejante al plan 401(k) y obligó a todos sus trabajadores actuales a participar en un sistema que combinaba los dos planes. Los jubilados tuvieron los aumentos basados en el coste de vida congelados durante cinco años.

En otros estados, los costes de jubilación están siendo gestionados por medio de planes de pensiones más baratos para los trabajadores nuevos. En algunos casos, las prestaciones de los planes de salud pagados por los jubilados sufren aumentos y, en general, no ofrecen la misma protección de las pensiones.

Pero las reformas de Rhode Island —que están siendo desafiadas en los tribunales— sirven como modelo para otros estados con problemas de caja, lo que contribuye a aumentar el temor de que los sistemas de pensiones tal vez no sean tan inquebrantables como se pensaba. "Cualquier cambio dolerá", dice Munnell. "Para quien contaba con una determinada jubilación, no es fácil adaptarse a un ajuste".

Munnell añade que las matemáticas puestas en práctica en Rhode Island no permitían muchas opciones. Según las estimaciones del Pew Center, el Estado disponía sólo de 49 céntimos por cada dólar que debía a sus jubilados en 2010. En algunas ciudades, el déficit era aún mayor. "La situación de la financiación era tan seria que si no se tomara ninguna medida en relación a las pensiones, ellas acabarían absorbiendo todo el dinero del Estado", dice Munnell. "Ya no habría bibliotecas o autobuses, por ejemplo. En situaciones así de terribles, el sufrimiento tiene que estar ampliamente repartido. En cierto sentido, no es justo retirar los beneficios existentes, pero cuando el sufrimiento es una realidad, tenemos que hacer cosas que no haríamos normalmente".

¿Peor que Enron?

Las decisiones que llevaron a la presente encrucijada se tomaron hace varias décadas.

La mayor parte de los planes nunca tuvo un modelo de financiación segura y de riesgo relativamente bajo, observa Kent Smetters, profesor de Economía corporativa y Políticas públicas de Wharton. En lugar de eso, los políticos permitieron que los fondos ampliaran sus políticas de inversiones despegándolas de los títulos garantizados por el Gobierno, participando inicialmente de manera superficial, y después intensamente, en el mercado bursátil y aventurándose, de forma progresiva, en vehículos de inversión cada vez más arriesgados.

Eso permitió que los planes expandieran los beneficios de la jubilación, por lo menos en el papel, sin exigir más financiación por parte de los gobiernos a los trabajadores que servían.

Smetters dice que el error más grave de la financiación de las pensiones a lo largo de los años fue partir de una tasa de descuento absurdamente alta, que es la tasa usada por los fondos para descontar sus pasivos futuros. También conocida como tasa anual de retorno sobre inversiones del fondo, la tasa de descuento es del 7,5% sobre retornos en el segmento inferior y de el 8,5% en el segmento superior. Muchos economistas dicen que la tasa de descuento del pasivo de los fondos debería estar cerca del 3% o del 4%.

Esas presuposiciones abren los fondos hasta niveles de inversiones de riesgo más elevados y subestiman drásticamente el pasivo debido. Según el Centro de Investigaciones de Jubilación de Boston College, los planes de pensiones públicos tienen 76 céntimos por cada dólar que deben a los jubilados. En un ejercicio contable más conservador propuesto por la Dirección de Normas Contables del Gobierno —un consejo independiente, sin fines de lucro, constituido por siete miembros que fija principios contables en general aceptados para el sector público— ese número podría llegar a 57 céntimos de dólar.

"Las pensiones provinciales y municipales no siguen ninguna norma contable racional", dice Smetters. "Frente a eso, lo que pasó en Enron parece poca cosa".

Las pensiones privadas ofrecidas por las empresas también tienen déficits que hoy están estimados en cerca de US$ 500.000 millones, según el Consejo de Investigaciones de Pensiones. De hecho, al sistema de beneficios definidos pueden faltarle billones de dólares para financiar las promesas de jubilaciones hechas a los trabajadores del sector.

¿Eso significa que la financiación de la jubilación de los baby boomers se ve amenazada? Como siempre, tratándose de economía, depende de a quien se dirija la pregunta.

Aunque las pensiones del sector privado estén protegidas en alguna medida por la Compañía de Garantía de Beneficios de Pensiones, una agencia del Gobierno que da garantías financieras a los planes de pensiones de las empresas en caso de suspensión de pagos de la empresa patrocinadora de los beneficios, las instituciones equivalentes del sector público no tienen la misma red de garantías del Gobierno. El código federal de suspensión de pagos tiene cláusulas que tratan de la suspensión de pagos municipal, normalmente referidas como Capítulo 9, pero durante años se supuso que no se aplicaría a los Estados que obtenían protección respecto a sus acreedores. Ese punto de vista está cambiando de forma paulatina en algunos círculos jurídicos, aunque la cuestión no haya sido analizada hasta el momento por ningún tribunal.

En muchos estados, las pensiones están protegidas por la ley provincial o por la constitución provincial dificultando, por lo menos en la teoría, que los estados simplemente levanten la mano de manera figurativa y digan que no pueden pagar las pensiones. "No hay necesidad de incluir los trabajadores nuevos en el plan, pero los Estados tendrán que conseguir más dinero de algún modo", dice Smetters. "No será una tarea simple".

La mayor parte de las estimaciones financieras muestran que incluso los planes de pensiones más problemáticos están a décadas de distancia de la insolvencia. Pero se puede tener una idea de lo que puede suceder tomando como base la pequeña ciudad de Pritchard, en Alabama. En 2009, Pritchard dejó de pagar a los jubilados de la ciudad después de avisar durante años de que el fondo de pensiones del municipio se quedaría sin dinero. Los jubilados llegaron más tarde a un acuerdo con la ciudad para recibir nuevamente su pensión, pero por un tercio del valor original. Nadie sabe si los trabajadores inscritos actualmente en el programa obtendrán un día algún beneficio.

Una solución morosa

Mucho antes del cataclismo de las pensiones llegue a otros fondos mayores, la falta de financiación podría pasar factura, dice Mitchell. Cuanto mayor sea la escasez de fondos, dice ella, menos probable será que los nuevos trabajadores participen en un sistema que parece destinado al desastre. "Si las contribuciones continuaran siendo insuficientes, la solución se daría de forma muy lenta. Si la reforma tuviera éxito en algunos estados y ciudades, sería posible evitar, por lo menos de momento, esa morosidad. Pero según lo que hemos visto en el sector corporativo, donde ha habido una crisis prolongada en el sector de planes de beneficios definidos, la tendencia es que suceda lo mismo en el sector público".

Para Munnell, las jubilaciones del Gobierno, en el futuro, serán del tipo mixto: seguirán remunerando a los trabajadores activos desde hace mucho tiempo, pero la posibilidad de recurrir a la portabilidad será mayor que en un plan de pensiones. "Creo que habrá algún compromiso, y los estados acabarán con alguna combinación de beneficio definido y contribución definida. Para mí sería una buena solución, porque equilibra el riesgo financiero entre el empleador y el contribuyente, y ayuda tanto a los trabajadores antiguos del sector público como a los nuevos, que no les ha favorecido el sistema de pensiones".

Smetters, sin embargo, aún cree en el futuro de los programas de beneficios definidos en el sector público, último reducto de las pensiones. Solamente un 30% de los trabajadores del sector privado participaron en un plan de beneficios definidos en 2010, según datos del Instituto de Investigaciones de Beneficios del Empleado. En el sector público, por su parte, un 87% de los trabajadores contribuyeron a un sistema de pensiones.

"Creo que a cualquier trabajador racional que entre hoy en el sistema le gustaría participar en el antiguo plan de pensiones. Transmite una imagen de mayor seguridad", dice Smetters. "Los planes de beneficios definidos daban, de hecho, mucha protección al trabajador, y es una pena que estén desapareciendo. Ellos son una buena idea desde el punto de vista de la seguridad del jubilado".

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