Post-SOPA: El próximo desafío de la protección de derechos de autor en Internet

La piratería en Internet es un problema que ha polarizado las opiniones de las personas y que ha provocado mucho debate, pero pocas soluciones. La cuestión ha alcanzado su punto álgido como consecuencia de las leyes Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect IP Act (PIPA), cuyo objetivo es coartar el tráfico ilegal online de contenido con derecho de autor y de productos falsificados. Después de que varios sitios webs, inclusive Wikipedia, protestaran con un "apagón", se archivaron ambas leyes. Mientras, los defensores de los dos anteproyectos —entre ellos, Rupert Murdoch, consejero delegado de News Corp.— salieron en busca de apoyo.

Pero los principales problemas tratados en los anteproyectos continúan sin solución. El fondo de la cuestión es cómo regular Internet de tal manera que la propiedad intelectual quede protegida, pero eso sin violar las libertades individuales y sin reprimir la innovación o la creación de empleos. Los "productores de contenido", entre ellos los estudios de cine y las discográficas, apoyaron SOPA y PIPA porque, según ellos, la piratería online merma sus ingresos, asfixia la innovación y arriesga los puestos de trabajo en EEUU. Ellos solicitaron también un control policial más riguroso en Internet ante el temor de posibles actividades terroristas. Sin embargo, los "intermediarios de contenido", como Google, Wikipedia y Facebook, dicen que una Internet "cerrada" amenaza las libertades individuales y sería mucho más perjudicial para la innovación y la generación de empleos.

Los defensores de SOPA/PIPA pidieron que hubiera un debate más amplio de la cuestión por parte de la opinión pública. Kevin Werbach, profesor de Estudios jurídicos y de Ética en los negocios de Wharton, prevé que el próximo choque tendrá lugar en torno a cuestiones mucho más específicas. "Las leyes de SOPA/PIPA pueden estar muertas, pero la presión para que se encuentren nuevas formas de perseguir la violación de los derechos de autor online continúa". Por ejemplo, la reacción de enfado por parte de Motion Picture Association of America cuando algunos legisladores retiraron el apoyo a SOPA "indica que Hollywood pretende jugar la carta política, en vez de buscar soluciones más adecuadas para su modelo de negocios", dice.

En vista de que el debate no perderá visibilidad pública, Werbach cita el Acuerdo Comercial contra Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que crea patrones internacionales obligatorios en lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual, y que se presentará al Senado americano en algún momento para su ratificación. (La Unión Europea suscribió el pacto en octubre del año pasado). Además, la Ley OPEN (Protección online y aplicación al comercio digital), propuesta como alternativa a SOPA/PIPA, todavía tiene que ser debatida en el Congreso. Los defensores del proyecto de ley dicen que la ley OPEN protege los derechos de los artistas, tal y como pretendían hacer SOPA/PIPA, pero evita que se apele a la creación de nuevas fuerzas de competencia policial online y protege la innovación y los negocios legítimos en Internet.

Según Kartik Hosanagar, profesor de Gestión de las operaciones y de la información de Wharton, tanto las empresas de Internet como los dueños de derecho de autor tienen la culpa de la situación actual en torno al debate sobre cuál es la mejor forma de combatir la piratería online. Él cita como ejemplo una experiencia que hizo en el verano de 2009. Dos alumnos subieron algunos archivos protegidos con derecho de autor a varias webs de reparto de vídeos de Internet para analizar las tasas de detección de infracción del derecho de autor y comparar la variación de esas tasas en las diferentes webs. Después de conseguir subirlos con éxito, los alumnos borraban el material una semana después para evitar las descargas o visualizaciones del contenido. En las cuatro webs más populares de reparto de vídeo con que trabajaron, las tasas de detección (basadas en el número de veces en que los archivos cargados de forma ilegal fueron identificados y retirados) se situaron entre un 32% y un 87%.

"Algunas empresas han puesto el máximo esfuerzo posible en detectar las infracciones", evalúa Hosanagar. Él constató también que la web con la tasa más elevada de detección es propiedad de una "gran empresa de medios con una biblioteca de contenido bastante significativa", lo que, según el profesor, explica por qué su grado de detección fue más riguroso que el resto de empresas. "Algunas webs, especialmente las que tuvieron tasas inferiores a un 50%, están en la retaguardia del sector y parecen no invertir lo suficiente en la mejora de la tecnología de filtración y en el fingerprinting [identificación] digital", añade. "Es comprensible que los propietarios de contenido estén molestos".

Muchos de los que defienden la legislación son empresas consolidadas que compiten con nuevos modelos de negocio basados en tecnologías avanzadas y que no existían hace 25 años, creando con eso una "batalla de generaciones", dice Andrea Matwyshyn, profesora de Estudios jurídicos y de Ética en los negocios de Wharton. Los partidarios de SOPA dicen que la regulación permisiva de la piratería online perjudica la creación de empleos, sin embargo Matwyshyn dice que empresas de tecnología de "nueva generación", como Google y Facebook, están contribuyendo a la generación de empleos como mínimo tanto como la generación más antigua de empresas favorables a SOPA, como Sony, NBC y News Corp. "En realidad, yo diría que el empleo está siguiendo el camino de las empresas de la nueva economía", dice ella. "A medida que nos desplazamos a la economía del conocimiento, solamente mediante la innovación y la creación de servicios que el público ni siquiera conoce, aunque necesita, se generarán nuevas líneas de ingresos y nuevas fuentes de empleo".

Cuestiones de regulación de la Web que no se resolvieron

Las leyes SOPA/PIPA tienen sus raíces en las deficiencias de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA), ley creada en 1998, en la era pre-Web 2.0. La ley protege a los proveedores de servicios de Internet y otros por medio de cláusulas conocidas como "puerto seguro", las cuales, básicamente, limitan la responsabilidad de una de las partes según la premisa de que actuó de buena fe o en conformidad con las normas. Cuando la DMCA entró en vigor, sus formuladores no tomaron en cuenta la llegada de contenidos generados por el usuario y las webs de reparto de vídeos que surgirían más tarde, resalta Hosanagar. Muchas webs con contenido generado por el usuario recurrieron a DMCA para esquivar algunas demandas judiciales de antipiratería de que fueron objeto. Hay muchos productores de contenido que se sienten poco protegidos por el DMCA, lo que llevó a la reivindicación de otras leyes.

Pero las leyes de PIPA/SOPA tenían "un alcance demasiado amplio y conferían un poder exagerado a las empresas de medios que podían reivindicar infracciones o actos de piratería y cerrar webs en un abrir y cerrar de ojos", dice Hosanagar. Si el proyecto se hubiera convertido en ley, las webs que contienen contenido pirateado podrían haber sido apartados del sistema de dominios y de los índices de los motores de búsqueda. "Aunque esas webs pudieran continuar existiendo, el usuario tendría muchas dificultades para encontrarlos debido a PIPA/SOPA", añade. "Sería injusto con los proveedores de contenido que, en la práctica, serían considerados culpables hasta probar su inocencia".

Las nuevas leyes propuestas también pueden ser injustas con webs cuyo funcionamiento depende del contenido generado por el usuario, como es el caso de Wikipedia y de YouTube, dice Hosanagar. "Por mucho que haya mejorado el software de filtración, el resultado nunca es un 100% preciso, por eso siempre habrá una u otra infracción de contenido". Además, SOPA permitiría una regulación tal de los motores de búsqueda y de los proveedores de servicio de Internet que un órgano regulador tendría poderes para determinar qué webs podrían ser indexadas, añade Hosanagar.

Antes de aprobar una nueva ley, Matwyshyn dice que los gestores de políticas necesitan evaluar la eficacia de las leyes actualmente a su disposición. Ellos deberían también investigar si regulaciones, como las que gobiernan los bancos, pueden ser aplicadas para conseguir el efecto deseado, principalmente para retirar el crédito a webs sospechosas de piratería. "Algunos países no están interesados en poner en práctica nuestra interpretación de las leyes de IP", dice ella. "Pero cuando el flujo de capital se vea amenazado, tan solo es suficiente con la cooperación de un sólo eslabón en toda la [...] cadena para que el flujo de dinero sea interrumpido".

Se podrían hacer muchas cosas tapando los agujeros de leyes ya existentes, como la DMCA, dice Matwyshyn. La profesora encuentra deficiente, por ejemplo, una cláusula que criminaliza no el acto de copiar, sino el de retirar la protección de copyright que posibilita la copia. "Siempre que se penaliza criminalmente la conducta, es preciso hacerlo con mucho cuidado, sobre todo cuando está en juego un posible perjuicio financiero", dice ella. Matwyshyn añade que el aviso dado por el DMCA y las cláusulas para desmontar las webs son "usadas, a veces, de manera demasiado agresiva y de formas no necesariamente equilibradas". No es raro que se retire el contenido de una web simplemente porque el servidor donde se hospeda no quiere involucrarse en disputas jurídicas.

Cómo las empresas pueden detener la piratería

Werbach dice que la DMCA debería ser más flexible, y no al contrario. "Su efecto sobre la innovación es de confusión y desánimo", destaca el profesor. El principal desafío hoy en día consiste en crear un concepto de "puerto seguro" para la DMCA de carácter más decididamente internacional, añade. "La DMCA y la Ley de Comunicaciones de EEUU traen consigo un acuerdo importante: es responsabilidad de las webs lidiar con la información de material ilegal que les es comunicada; en cambio, no se hacen responsables con la misión imposible de monitorizar todo o de cargar con las responsabilidades legales", dice. "Ese modelo aún no se recoge en la legislación de ningún país".

Las leyes de protección de la propiedad intelectual y de control de la piratería en la Web ya existentes parecen funcionar bien en muchos casos, dice Werbach. Él cita como ejemplo dos hechos ocurridos cuando la batalla en torno a SOPA/ PIPA se volvía cada vez más acalorada: primero, un día antes de la retirada de los proyectos de ley, el Gobierno americano cerró Megaupload, web de reparto de archivos con sede en Hong-Kong, por obtener beneficios derivados de la difusión de grandes cantidades de música, películas y software que viola el derecho de propiedad. Megaupload era uno de las mayores webs extranjeras sospechosas de piratería que los defensores de SOPA/PIPA decían que era necesario combatir, observa Werbach. El segundo evento fue el anuncio de los espectaculares beneficios trimestrales de Apple por valor de US$ 13.100 millones, que para Werbach es prueba de que las leyes de copyright están funcionando. "Tres cuartos de los negocios de Apple están concentrados actualmente en el iPhone y en el iPad, basados totalmente en la distribución legal de contenido digital: música, vídeo y aplicaciones de software".

En vez de una regulación severa y recursos legales, "cambios simples en el modelo de negocios" se podrían usar para reprimir la piratería digital, dice Hosanagar. Amenazada por el ascenso del reparto de material pirateado en webs de punto a punto (peer-to-peer) como Napster, la asociación de las discográficas americanas (Recording Industry Association of America) hizo una campaña exhaustiva a través de acciones judiciales contra las webs y sus usuarios. "La tabla de salvación de la industria no fueron las acciones judiciales, sino la introducción, por fin, de nuevos servicios que atendieron mejor a las necesidades del usuario, como iTunes y Spotify", señala Hosanagar.

El profesor de Wharton dice que es preciso hacer un esfuerzo para que se llegue a una "solución más flexible", y especifica de cómo eso podría suceder. El meollo de la cuestión entre las webs de contenido generado por el usuario y el de propietarios de contenido es que el empeño de las webs en filtrar el contenido y la calidad de su software de detección [fingerprinting] constituye información privada, dice. "La mayor parte de las empresas de medios cree que las webs de reparto de vídeos no están esforzándose como deberían, y la mayoría de ellos dice que hace lo que puede". Si la industria consiguiera llegar a un consenso mínimo de patrones de detección, las webs podrían entonces compartir anualmente detalles de su rendimiento y someterlo a la auditoría independiente, explica Hosanagar. En ese escenario, el auditor analizaría el software de detección de la web de reparto de vídeo y haría, inclusive, pruebas aleatorias no previstas para verificar si el software está siendo usado en toda su capacidad. A continuación, el auditor emitiría un informe anual atestiguando el empeño de la web en evitar violaciones de copyright. "El proceso de auditoría ha fallado en algunos casos, pero el sistema funciona bien en general y permite que los mercados financieros sobrevivan", dice Hosanagar.

Una cuestión más amplia que cualquier regulación "es el esfuerzo de creación de un nuevo régimen de gobernación para Internet que dé a los gobiernos mayores poderes", dice Werbach. Él observa que algunos propietarios de contenido son favorables a la idea porque creen que permitirá que se introduzcan controles más rigurosos contra las violaciones de copyright. "Pero las mismas técnicas, si son exigidas por los gobiernos e incorporadas a la tecnología básica de Internet, podrían ser usadas para restringir la libre expresión y limitar las oportunidades de innovación", dice Werbach. "Es posible que asistamos a la emergencia de una alianza nada inocente entre ciertos intereses privados y gobiernos más cerrados que acabe por anular la apertura que hace que Internet sea algo tan extraordinario".  

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