Lecciones del rescate en España de Caja Castilla La Mancha

El sistema bancario español vivió el pasado 30 de marzo su primer rescate bancario importante desde que se tomó el control de Banesto en 1993. El Banco de España destituyó al consejo de administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) y ha nombrado a nuevos administradores para dirigir la entidad. Como parte de la operación, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la concesión de un aval del Tesoro Público para que el organismo regulador conceda financiación a la caja de ahorros por un importe máximo de 9.000 millones de euros con el fin de garantizar sus obligaciones frente a depositantes y acreedores.

España no había acudido al rescate de ninguna entidad bancaria hasta el momento, pero ha aprobado diversas medidas de apoyo a la liquidez del sector, entre las que destaca la concesión de avales estatales de hasta 100.000 millones de euros en 2009. La situación ha sido distinta entre otros países de la zona euro que se han visto obligados a intervenir mucho antes para salvar algunos bancos. El Estado alemán, por ejemplo, comprará una participación de un 8,7% en Hypo Real Estate Holding como primer paso hacia la nacionalización después que la entidad de hipotecas comerciales registrara una pérdida de 5.460 millones de euros, mayor de lo que se esperaba.

Un entorno muy desfavorable

La morosidad en España se ha triplicado desde el comienzo de la crisis financiera mundial en 2007, la cual puso fin al auge inmobiliario del país y ha elevado la tasa de paro hasta el 15,5%, la más alta de la Unión Europea (UE). La economía está pasando por su peor recesión en medio siglo, y el propio Banco de España pronostica que habrá una contracción de un 3% este año.

En este contexto y con una situación de elevada exposición al negocio inmobiliario en CCM, la intervención se ha decidido después de que fracasaran las negociaciones de fusión con la entidad andaluza Unicaja. Esta operación podría haber sido el desencadenante de un proceso en el que determinadas cajas en mejor situación absorberían a otras más debilitadas. En opinión de Juan Antonio Maroto Acín, profesor de la Universidad Complutense de Madrid del departamento de Economía Financiera y Contabilidad y experto en cajas de ahorro, “desde el punto de vista político, la intervención supone alterar el sistema mediante el cual se suelen resolver los problemas de las cajas pequeñas, que no es otro que ser asumidos por otra caja de mayor dimensión, que absorbe a la caja en dificultades, con lo que ‘los trapos sucios se lavan en casa’. Desde el punto de vista financiero, la intervención vuelve a aplicar el sistema de las crisis bancarias españolas de los años 80, destituyendo al consejo y nombrando interventores provisionales del propio Banco de España”.

Consecuencias de la intervención

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha explicado que la intervención de CCM se hizo para evitar una "convulsión" del sistema financiero: se enfrentaba a riesgos en el mercado de bonos y a una retirada de depósitos que podría haber provocado un "colapso en la liquidez". Maroto, sin embargo, cree que las consecuencias de la intervención son, sobre todo, “de imagen ya que financieramente la entidad intervenida representa menos del 1% de los activos totales medios del sistema bancario español”. Este experto considera que el mensaje que ha lanzado el regulador nacional es importante: “el Banco de España vela por mantener la solvencia del sistema, aplicando además una solución probada y de éxito en ocasiones similares, y cuyo carácter temporal permite eludir posibles críticas de intervencionismo”.

En la misma dirección, Juan Mascareñas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Fusiones y Adquisiciones y mercados financieros, cree que la intervención “no debería tener ninguna consecuencia importante para el sistema financiero español, a parte de los vaivenes habituales de la bolsa cuando se interviene una entidad”. Para este profesor, “el mercado financiero conoce bastante bien la situación de los bancos y cajas españoles y ya cuenta con la posibilidad y la probabilidad de que varias cajas puedan ser intervenidas”, y apunta que la razón de esto es que “su gestión ha sido demasiado arriesgada y los excesos se acaban pagando”, algo que según él, “se sabía o, al menos, se intuía razonablemente”.

Para José Ignacio Galán, director de la Cátedra Iberoamericana en Dirección de Empresas de la Universidad de Salamanca, la intervención “es un aviso que recoge una situación real”. Y añade que desde el punto de vista del sistema financiero esta operación es marginal, pero pone de manifiesto la necesidad de profesionalizar la actividad de las cajas y encontrar una dimensión óptima. “Se requerirá una actualización de la actual legislación, que es obsoleta y desfasada, de modo que se incentive la transparencia, la profesionalidad y la eficiencia compatibilizada con su razón de ser y objetivo fundamental que es la obra social y el desarrollo sostenible de las zonas (geográficas) en las que actúa”, señala.

La caja castellano-manchega lleva meses en el punto de mira de los analistas por contar con una tasa alta de morosidad y una gran exposición al dañado negocio promotor e inmobiliario. De hecho, la entidad cerró 2008 con una tasa de morosidad en torno al 5%. Su beneficio neto consolidado bajó un 87% en el año hasta los 30,6 millones de euros. Según datos de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA), CCM contaba a finales de enero con un volumen de depósitos de clientes de 16.953 millones de euros, frente a créditos de 19.643 millones de euros. Según los datos de la CECA, la entidad ha sufrido en el último mes una retirada de depósitos de clientes por importe de 312 millones de euros.

Con la intervención, el Banco de España toma el control ejecutivo total de la caja ya que todo su consejo directivo es destituido. A partir de este momento, la regulación española no cuenta con una hoja de ruta en la que se establezca como se debe actuar en estas circunstancias. Por lo que se abre ente el futuro de CCM varias opciones. Mascareñas explica que “a partir de ese momento la entidad es gestionada de forma técnica, aunque al estar en tal mala situación eso no garantiza su viabilidad futura a largo plazo porque el Banco de España no va a estar toda la vida gestionándola, puesto que ese no es su cometido. El resultado final puede ser que otra caja absorba a la anterior o que se liquiden sus activos y desaparezca porque los bancos no pueden ser dueños de cajas”.

Un sistema en entredicho

La intervención de CCM ha realzado el debate sobre la validez del sistema español de cajas de ahorros, que tiene un gran peso en el mercado financiero del país. Las 46 cajas de ahorro que existen en España, en cuya gestión y órganos de gobierno participan las comunidades autónomas y ayuntamientos, no cotizan en el mercado de valores, con la excepción de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que ha emitido cuotas participativas el verano de 2008. De acuerdo con datos proporcionados por la CECA, el conjunto de las cajas de ahorro en España contaba a finales de enero con un saldo de crédito a clientes de 911.894 millones de euros, frente a depósitos de clientes de 786.717 millones.

Mascareñas resume así las peculiaridades del sistema de cajas español: “Las cajas de ahorros tienen prácticamente las misma atribuciones de los bancos salvo que éstos buscan maximizar el valor de sus accionistas mientras que aquéllas buscan maximizar el valor de la ‘obra social’. Éste valor se destina luego a proyectos socialmente interesantes y que no buscan ningún rendimiento financiero. Sin embargo, las cajas están controladas por el poder político de la Comunidad Autónoma en la que operen así que son los políticos de un partido determinado los que influyen (o puede influir) dónde se van a destinar los recursos de la obra social. En conclusión, se han convertido en un brazo financiero armado del partido que gobierne la región. Además, parte de ese dinero puede destinarse a comprar acciones de compañías privadas lo que permite que de forma indirecta el poder político gobernante pueda acabar influyendo en el control de las empresas privadas cuyas acciones controlen”, argumenta.

Para Maroto, “las ventajas de las cajas de ahorros son las de una banca minorista de proximidad, muy vinculada con su territorio de implantación y que atiende las necesidades financieras de particulares y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Mientras que indica como inconvenientes “la concentración de riesgos en las entidades de menor dimensión y la excesiva cercanía a las administraciones públicas autonómicas y locales, que acaban considerando que la caja de su territorio es ‘su caja’”.

Las ventajas que tiene un sistema como el de las cajas, según Galán, son la proximidad a la zona en la que se encuentran instaladas y el compromiso con la obra social en las respectivas zonas geográficas. Al mismo tiempo, este profesor de la Universidad de Salamanca ve como inconvenientes “la ausencia del incentivo de la propiedad en la toma de decisiones y la mezcla de intereses económicos y políticos, lo que genera margen a la discrecionalidad gerencial y la pérdida de eficiencia”, un aspecto que, según él, “merma la competitividad y la posibilidad de competir con la banca privada cada vez de naturaleza más global y con el fuerte incentivo de los mercados financieros y la propiedad”, un inconveniente que “se acentuará más tras la crisis económico-financiera y la necesaria reestructuración del sector que está experimentando”.

Opciones de futuro

En medio del debate sobre los pros y los contras del sistema de cajas y su futuro, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha reclamado una modificación legal que permita a estas entidades ampliar sus recursos propios "al menos con una facilidad parecida con la que lo hacen los bancos". En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso para explicar la intervención de la caja manchega, el máximo responsable del Banco de España señaló que deben hacerse diversas modificaciones normativas en el ámbito financiero para mejorar su funcionamiento y evitar nuevos problemas como el de CCM. Entre ellas, habló de la posibilidad de que las cajas puedan ampliar sus recursos más fácilmente, lo que consideró "fundamental" para agotar "todas las soluciones privadas" al problema de una entidad "antes de pedir recursos al contribuyente". En opinión de Fernández Ordóñez, "hay que ir a una convergencia" entre el funcionamiento de las cajas y los bancos".

Mascareñas recuerda que “el tema de la privatización de las cajas de ahorros ha estado en la mesa de alguno de los partidos políticos españoles, pero ese tema se guarda en el cajón cuando ganan las elecciones”. Este profesor de la Universidad Complutense aboga por apartar los poderes políticos de la gestión de las cajas. “Los políticos, por regla general, son malos gestores del dinero de los ahorradores porque se olvidan de quién es el dinero que gestionan, ellos piensan que es suyo y no del ciudadano de a pié, así que lo primero sería quitar a los políticos y los sindicatos de la dirección de las cajas. Hay que tener en cuenta que los directivos de las cajas al no estar bajo el ojo vigilante del mercado no pueden ser destituidos cuando hacen una mala gestión porque cuando ésta da sus malos frutos el único que la detecta es el Banco de España”, sostiene. Para él, las posibles soluciones a esta situación tan peculiar de la gestión de las cajas sería “dar el control a los impositores, algo así como las mutuas, y la otra “la eliminación de las cajas convirtiéndolas en bancos privados”.

Maroto mantiene, en cuanto a la opción de que se abra un proceso de consolidación en las cajas, “que una entidad financiera sea pequeña no tiene porqué implicar que sus decisiones sean incorrectas o estén necesariamente sujetas a una excesiva concentración de riesgos”. Según este experto en cajas, “el problema llega cuando en esas decisiones inciden consideraciones políticas que alteran las decisiones técnicas”. “La cuestión no es, por tanto, de mayor concentración, sino de menor ingerencia política, recuperando los equilibrios entre grupos de interés que definía la LORCA (Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro) y que se han ido alterando por las diversas legislaciones autonómicas posteriores”, afirma.

Y es que Maroto cree que “el gestor político no debe jugar ningún papel en una institución financiera”, y sin embargo, “sí debe hacerlo desde fuera, velando porque la asignación de los recursos sea eficiente y porque los resultados se rijan por la transparencia, la rendición de cuentas y la utilidad social, vía impuestos o dotaciones a la sociedad, como en el caso de las cajas de ahorros”.

Galán cree que “probablemente sea inevitable” un proceso de fusiones dentro del sector de las cajas, aunque reconoce que se trata de “un tema complejo y controvertido por la mezcla de intereses económicos, geográficos y políticos”. Y explica que “en términos comparativos con la banca y desde el ala del mercado, procesos de consolidación en las cajas pueden conducir a sinergias y aprovechamiento de economías de escala, lo que en última instancia, conducirían a una estructura más concentrada y eficiente”.

Respecto al futuro del sistema financiero español, Galán apunta, por un lado, que “las entidades bancarias seguirán con su estructura de propiedad y de decisión pero progresivamente irán siendo más sensibles con la realidad social que las envuelve”, y, por el otro, que “las cajas de ahorros se profesionalizarán de una forma progresiva y se dotarán de unas estructuras de gestión cada vez más robustas alejándose progresivamente de los intereses políticos y manteniendo el importante y noble objetivo de la obra social”. Y prevé: “Éste es el mundo convergente hacia el que vamos, y con la idiosincrasia de cada uno, ambos sobrevivirán y coexistirán en el futuro. Ahora bien, la entidad financiera que descuide uno de los dos aspectos no sobrevivirá. Bien porque el mercado la desplace o bien porque la sociedad no la acepte”.

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