Pagar o no pagar: los negocios sopesan los costes de la cobertura frente al terrorismo

Casi dos años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los negocios continúan evaluando la amenaza de otra catástrofe e intentan estimar la probabilidad de padecerla.

Su percepción de riesgo está condicionada por los periódicos ataques terroristas que tienen lugar en otros países, por miedos a represalias como consecuencia de la invasión estadounidense de Irak, por el trabajo intensivo en materia terrorista del gobierno federal y por una inseguridad subyacente que en estos momentos puede que sea una característica permanente de la psique del país.

Pero nada de esto se ha traducido en un aumento de la demanda de cobertura, según los participantes en Assessing and Managing Extreme Events (Evaluando y gestionando los acontecimientos extremos), una conferencia celebrada el 28 de abril patrocinada por el Risk Management and Decision Processes Center (Centro Wharton de gestión de riesgo y procesos de toma de decisiones) a la que asistieron aseguradoras, reaseguradoras, académicos y teóricos. La conferencia se centró en los retos a los que se enfrenta el sector de los seguros, los gobiernos y aquellos que elaboran los modelos teóricos, a la hora de gestionar el riesgo de que haya terrorismo u otros acontecimientos extremos como desastres naturales.

Una gran mayoría de los brokers de seguros afirman que menos del 10% de los clientes que son propietarios de pequeños locales comerciales y menos del 20% de los negocios de tamaño medio han contratado cobertura frente al terrorismo desde que la legislación federal obligase el pasado noviembre a las aseguradoras a ofrecer este tipo de cobertura, según un informe del Council of Insurance Agents & Brokers (CIAB) -un grupo comercial-, publicado el 24 de marzo.

Incluso en Nueva York, una de las cuatro ciudades a las que el sector asegurador le concede el “nivel 1” por el altísimo riesgo de que sufra otros ataques terroristas, tan sólo un octavo de los clientes comerciales están incorporando coberturas al terrorismo en sus pólizas, según John DeMartinti, vicepresidente senior de Towers Perrin Reinsurance, un broker en Stamford, Connetticut. Uno de cada tres o cuatro negocios de Nueva York están dando órdenes iniciales para cubrirse frente a actos terroristas, pero cerca de la mitad deciden cancelarlas “cuando ven la factura”, añadía.

Debido a la dificultad de cuantificar el riesgo de terrorismo, algunos directivos no están concediendo la suficiente atención al tema, señalaba el presidente de la conferencia Howard Kunreuther, codirector del Wharton Risk Management Center. Necesitan dejar a un lado su punto de vista del tipo “no voy a pensar sobre ello y no voy a invertir dinero en algo que no creo que vaya a ocurrir”, decía.

A nivel nacional, las primas que cubren el terrorismo incrementan en un 10% el coste de las pólizas de seguros para las pymes, y para las grandes empresas un 20% o menos, según CIAB. Pero los costes son, como era de esperar, mayores en aquellas ciudades –Nueva York, San Francisco, Washington D.C. y Chicago- que han sido clasificadas como “nivel 1” en riesgo.

Un broker citado por otro grupo comercial, el Independent Insurance Agents & Brokers of America, mencionaba un 17% de peticiones de cobertura frente a actos terroristas en edificios de viviendas en el Bronx, Nueva York. Es significativo que los clientes rechazasen la cobertura, que les habría costado 18.000 dólares al año.

Otro broker buscando cobertura frente a actos terroristas para un edificio en San Francisco recibía un presupuesto que habría duplicado la prima actual de 600.000 dólares del seguro contra terremotos, según el informe de febrero. De nuevo se rechazó la cobertura a la espera de un nuevo presupuesto. Por el contrario, un mayorista de seguros en Wisconsin informaba de un aumento del 4%-10% de las coberturas frente al terrorismo entre sus pólizas ya existentes.

“Parece ser que los pequeños negocios que pasan desapercibidos pueden encontrar cobertura frente al terrorismo a un coste razonable, pero muchos optan por no contratarla porque creen no estar expuestos a tal riesgo”, decía Ken Crerar, el presidente de CIAB, en una declaración incluida en el informe. “Por otro lado, algunas de las operaciones con mayor riesgo, con un riesgo real, se realizan sin cobertura debido a su coste”.

Las aseguradores ahora están obligadas por la Terrorism Risk Insurance Act (Ley de seguros de riesgo frente al terrorismo) a ofrecer cobertura contra el terrorismo exterior, no contra el nacional. El gobierno federal ha acordado suscribir la mayor parte del riesgo durante los tres años de vida de la ley en sustitución del sector reasegurador, el cual abandonó mayoritariamente dicha cobertura después de tener que responsabilizarse de cerca del 75% de los 40.000 millones de dólares en pérdidas como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre.

Después de todo, aparentemente las aseguradoras están siguiendo las directrices de fijación de precios para actos terroristas publicadas por la Insurance Services Office -empresa consultora del sector con sede en Nueva Jersey-, decía el portavoz Dave Sagunta. Para las ciudades del “nivel 1”, las directrices recomendaban una prima de 3 céntimos por cada 100 dólares de cobertura. Para las ciudades del “nivel 2” –Filadelfia, Seatle, Los Ángeles, Houston y Boston-, la prima es de 1,8 céntimos; y para el “nivel 3”, que comprende el resto de áreas, la prima es de 0,1 céntimos.

Diferenciación de precios

A medida que las aseguradoras primarias intentan distribuir el riesgo que asumen, las reaseguradoras intentan compensar sus pérdidas del 11 de septiembre con políticas de fijación de precios diferenciadoras, se escuchaba durante la conferencia de Wharton. El ejemplo que DeMartini consideraba representativo del mercado mostraba como una aseguradora debía pagar una prima de 900.000 dólares por una cobertura de 9 millones de dólares para tener cobertura frente a actos terroristas. Esta “cuota online” del 10% es mucho mayor con diferencia que la probabilidad generalmente aceptada de que ocurra un ataque terrorista, decía DeMartini. Probablemente en la realidad se acerque al 0,5%, en cuyo caso el reasegurador normalmente cobraría un pequeño margen técnico.

“Las reaseguradoras no quieren aparecer ante sus clientes como si fuesen a salir huyendo del problema en cualquier momento”, decía. “Sus inversores probablemente estén diciendo Nosotros en realidad no queremos asumir el riesgo, pero si lo hacemos será mejor que cobremos un buen precio por ello

Para las empresas que buscan adquirir seguros primarios, la dificultad se complementa con el rechazo -a pesar de los acontecimientos del 11 de septiembre-, a creer que la cobertura es necesaria, incluso en áreas clasificadas como de alto riesgo.

“La transferencia de riesgos de baja frecuencia y alto impacto es una venta extremadamente complicada”, según el conferenciante Jim Ament, vicepresidente de operaciones en State Farm Insurance Companies. “El hecho de que la probabilidad de que el riesgo ocurra sea baja, incluso aunque sus consecuencias sean potencialmente devastadoras, provoca que aquellos que pueden transferir el riesgo incurran en costes redundantes relacionados con la transferencia de riesgos”.

“El reto es ayudar a los que tienen participaciones en la empresa a comprender la naturaleza de los acontecimientos de baja frecuencia y gran impacto, y a valorar los medios disponibles para mitigar o transferir dichos riesgos”, decía Ament.

Para clientes, aseguradoras, reaseguradoras y teóricos que buscan simular el riesgo a través de sus modelos, el reto fundamental de los seguros contra el terrorismo es la incertidumbre. Los datos históricos de desastres naturales como terremotos y huracanes proporcionan un perfil de riesgo bastante claro, pero sin embargo no existen datos comparables sobre la naturaleza, localización, frecuencia e impacto de los ataques terroristas.

Una fuente adicional de incertidumbre es el futuro de la Terrorism Risk Insurance Act, que está en vigor sólo hasta el 31 de diciembre de 2005, ya que se asume que el sector asegurador para entonces habrá encontrado formas para ofrecer cobertura a sus clientes y asimismo cubrir sus propios riesgos con tasas razonables.

Existen pocas posibilidades de que esta ley sea prorrogada, decía DeMartini. “El Congreso no está dispuesto. La consideraron una medida de salvación para el sector de los seguros y no son muy partidarios de prorrogarla”.

Hasta el momento el sector ha reaccionado ante la naturaleza aleatoria de la amenaza terrorista y fijado precios para su cobertura en consonancia. “Una gran parte de la disponibilidad y precio de la cobertura terrorista depende de la incapacidad para entender el riesgo”, señalaba DeMartini. “No se sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo tendrá lugar el próximo ataque terrorista, así como la gravedad del daño causado”.

El reto de la elaboración de modelos

No obstante, los teóricos están trabajando duramente en la elaboración de modelos que evalúen el riesgo. Por ejemplo, Applied Insurance Research, AIR, ha incorporado en su modelo más de 300.000 variables históricas estadounidenses tales como sedes centrales de corporaciones, instalaciones industriales y energéticas, centros de transporte y edificios gubernamentales. El modelo –explicaba Jack Seaquist durante la conferencia-, incluye un índice Group Threat (amenaza de grupo) para organizaciones terroristas conocidas que incluye supuestos objetivos, armas y localizaciones en base a lo que se sabe sobre la motivación, historia y capacidad de cada organización.

En la elaboración del modelo, AIR se enfrenta a la falta de información exhaustiva sobre las zonas objetivo, decía Seaquist. Los datos sobre edificios deberían, por ejemplo, incluir la dirección, el tipo de construcción, antigüedad y número de plantas, pero a menudo la única información disponible inicialmente es la ubicación de una empresa.

Otro modelo creado por Egecat incorpora una “evaluación de severidad” que incluye una base de datos de posibles localizaciones objetivo, una simulación de las consecuencias de un ataque químico, biológico, radiológico o nuclear, y una evaluación de vulnerabilidad en el que la intensidad del peligro se traduce en daños inmobiliarios y tasas de perjuicios. El modelo de Egecat cubre más de 250.000 localizaciones y se basa en datos del gobierno y académicos.

A pesar de la validez de las variables incorporadas en los modelos, existe el riesgo de que los planificadores no se estén centrando en los objetivos adecuados en caso de que se produzca otro ataque, señalaba Jim Johnson, de Egecat, en la conferencia. Se supone que las grandes ciudades como Nueva York y Washington son las que tienen un mayor riesgo, pero los planificadores deberían considerar la posibilidad de un ataque en la zona centro de Estados Unidos con el que los terroristas buscasen demostrar que “nadie está a salvo”, decía Johnson.

Supuestos normales sobre el medio de ataque también pueden resultar erróneos, añadía Jonson. “La sorpresa será ataques multi-modales (aparatos químicos o biológicos), no exclusivamente explosiones con bombas. Y si se produjese otro ataque aéreo, no es muy probable que se tratase de otro avión de pasajeros; posiblemente se haría con un avión cargado de explosivos”. 

La magnitud del problema necesita un nuevo enfoque en la gestión del riesgo, decía Paul Kleindorfer, codirector del Risk Center de Wharton. “Nos dimos cuenta de que teníamos que ampliar nuestros horizontes, y reunir en un mismo ámbito a académicos, representantes gubernamentales y del sector. Era muy importante intentar comprender algunos de los extraordinarios retos a los que nos enfrentamos”.

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"Pagar o no pagar: los negocios sopesan los costes de la cobertura frente al terrorismo." Universia Knowledge@Wharton. The Wharton School, University of Pennsylvania, [18 junio, 2003]. Web. [18 October, 2019] <https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/pagar-o-no-pagar-los-negocios-sopesan-los-costes-de-la-cobertura-frente-al-terrorismo/>

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